miércoles, 31 de enero de 2018

USA PUBLICÓ LISTA CON 210 POLÍTICOS Y MILLONARIOS RUSOS, CERCANOS A PUTIN


Por Urgente 24, 30-1-18

En la noche del lunes 29/1, el departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de 114 políticos y 96 oligarcas rusos que conforman el círculo íntimo del Presidente, Vladimir Putin. Incluye al Primer Ministro, Dmitry Medvedev, al titular de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, así como a asistentes presidenciales, ministros, líderes de compañías estatales y oficiales de inteligencia.

El departamento del Tesoro señala a los 96 oligarcas por poseer fortunas superiores a los US$ 1.000 millones, explica el diario El País.

Los miembros incluidos en la lista no reciben sanciones económicas o diplomáticas inmediatamente -tales como negación de visas o congelamiento de bienes-, pero podrían verse complicados en sus negocios con bancos europeos y estadounidenses, explica Mark Bennetts del diario The Guardian.
La publicación del documento fue parte de una represalia ordenada por el Congreso en respuesta a la presunta interferencia rusa en las elecciones, y fue aprobada por el Presidente estadounidense Donald Trump a regañadientes, según el periódico.

Putin dijo que la iniciativa es un "paso hostil" que lastima las relaciones entre los 2 países.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov -quien también está incluido en la lista-, dijo que el título de la ley estadounidense bajo la que dicha lista fuese confeccionada, la Ley Contra los Adversarios a través de Sanciones de los Estados Unidos (CAATSA, según sus siglas en inglés), significaba que "de facto, todo el mundo ha sido nombrado como un adversario de USA."

El asunto llega en un momento caliente para Rusia: recordemos que el 18/3 hay elecciones. Se espera que Putin, quien gobierna desde el 2000, se asegure otro mandato de 6 años.
Peskov dijo que la lista era un intento "directo y obvio" por parte de USA para influenciar las elecciones presidenciales rusas.

La figura opositora, Alexei Navaly, por otro lado, dio la bienvenida a la lista, que incluye, según dijo, una cantidad de figuras que él previamente había acusado de corrupción de alto nivel, explica el diario The Guardian.

LOS VICIOS POLÍTICOS QUE CARCOMEN AL ESTADO


Marcos Novaro*
La Nación, 31 de enero de 2018 

Hay una vieja idea que circula tanto en el debate público como en la academia argentina según la cual somos un país estatista, "estadocéntrico" se ha dicho desde el análisis político: a todos los problemas les encontramos solución creando un área de la administración para que ella se ocupe. ¿Es, como decía Tocqueville de los franceses de su tiempo, porque confiamos en los gobernantes antes que en nosotros mismos?

En verdad, no confiamos para nada en los gobiernos y sería más correcto decir que somos "politicocéntricos" más que estatistas: todo problema es ocasión de un conflicto, del que quienes gobiernan esperan poder sacar ventaja sobre sus competidores creando un nuevo séquito de dependientes, para seguir en funciones, y los opositores tratan de hacer lo mismo en su provecho, para promoverse y desplazarlos. Y el Estado entonces deja de ser un instrumento autónomo de gobierno, es ante todo la arena de esa lucha facciosa. Por eso tenemos un aparato estatal muy grande pero muy poco racional y eficiente, donde la lógica burocrática está bastante ausente, atravesado por disputas, fragmentado, en suma, muy politizado.

Este rasgo se agudizó sin duda en los años del kirchnerismo, que llevó a su máxima expresión la curiosa fórmula "gobernar es gastar y confrontar" e hizo un uso del Estado tan intenso en estos dos aspectos que terminó por dejarlo exhausto, desfinanciado y por completo sometido al faccionalismo. Aunque convengamos en que el tema tiene mucha historia y, por lo tanto, creer que va a ser fácil lidiar con él, que basta con correr a un grupo gobernante y reemplazarlo por otro sería un grave error.

Otra idea que está muy difundida es que el problema del Estado se origina en malas conductas de las elites. Porque son ellas, en particular las elites políticas, las que hacen un mal uso de aquel, sacan provecho para sí en vez de hacer servicio público; en suma, se comportan como una casta y no como representantes. Y para que algo cambie es preciso que haya una renovación y una reforma de las prácticas de la dirigencia antes incluso que empezar a discutir sobre nuevos diseños institucionales, cambios en la plantilla de personal, etc.

En parte esto es cierto, pero el fondo de la cuestión es mucho más complicado porque toda la sociedad tiene una idea y actitudes bastante poco "públicas" y más bien facciosas acerca del uso y de los beneficios que le corresponden o espera sacar del aparato estatal. De otra manera no habríamos llegado al extremo de tener casi la mitad de la población recibiendo por alguna ventanilla un cheque del erario público, no habríamos apoyado durante décadas gobiernos que reprodujeron y profundizaron el problema, y tolerado tener un Estado cada vez más caro y que produce bienes públicos de entre mala y pésima calidad.

Así que no conviene minimizar la cuota que a todos los argentinos nos toca. Ni pasar por alto la relación esquizofrénica con el sector público que nos lleva a exigirle nuestra cuota de beneficios, sin concederle ninguna auténtica autoridad, sin respetar sus leyes ni reglas escritas, debilitándolo todo el tiempo como autoridad pública merecedora de nuestra confianza.

La iniciativa oficial anunciada por Macri para controlar el gasto político, combatir el nepotismo y demás ¿es un paso en la dirección correcta para empezar a resolver estos problemas y encarar en serio la reforma de nuestro Estado?

En principio parece una idea oportuna y una buena forma de retomar la iniciativa después de varios barquinazos y bastante dilación en la materia, pero poco más que eso. No ataca las cuestiones estructurales. Ojalá le provea al Gobierno la legitimidad y el impulso para encarar gradualmente, como mandan nuestras circunstancias, algunas de las muchas otras cosas que hacen falta. Porque reformar y modernizar el Estado llevará años.

Pero para que opere como ese puntapié inicial, tanto el Ministerio de Modernización como el resto del Ejecutivo y la Presidencia deberían ser mucho más activos y claros en sus metas. Decir que esperan que su ejemplo sea imitado suena a mera expresión de deseos y autopromoción como "somos el modelo a seguir". Y para que lo sean en serio sería conveniente que se revisara, por ejemplo, cómo se realizan las designaciones de la administración nacional en cargos especialmente sensibles.

Para dar solo un ejemplo, ¿por qué no convocar a un concurso de antecedentes para poner al frente de la Oficina Anticorrupción a una persona que no sea del partido gobernante? Laura Alonso ha hecho un gran trabajo de normalización de ese organismo, que había sido destruido y abandonado por el kirchnerismo, y tal vez llegó la hora de completar ese esfuerzo convirtiéndolo en un ente autárquico y apartidario, un auténtico instituto de control de los gobiernos en funciones, no ex post cuando todo ya terminó y el mal está hecho.

¿Por qué no avanzar también en el combate del nepotismo y los favoritismos políticos en las capas intermedias de la gestión pública, donde están tanto o más extendidos que en las cúpulas de los ministerios y hacen incluso más daño porque tienden a eternizarse? Hay muchos terrenos donde el aparato administrativo es propiedad de familias o cofradías que llevan décadas haciendo de "lo público" un reducto de poder particular. Nada que envidiarles a los sindicatos.

¿No es hora de terminar con los contratos vía universidades nacionales y demás organismos ad hoc, por medio de los que se evaden controles, se confunden las escalas de remuneración y la asignación de responsabilidades? Cuando la "línea" no responde, lo que sucede demasiado seguido, la solución más fácil a la mano ha sido muchas veces sortearla con este tipo de mecanismos. Pero con ello se logra que responda aún menos y toda la administración se anarquice: tenemos empleados de planta que se rascan el lomo mientras miran con recelo por los honorarios que reciben a los que están de paso y trabajan y se esfuerzan durante un tiempo, porque son temporarios y tienen que hacer buena letra, pero al rato ya lo único que quieren es pasar a planta y hacer que la rueda siga girando sobre sí misma.

En principio la gestión de Macri es cierto que buscó desactivar estas prácticas, que el kirchnerismo había inflado exponencialmente; aunque con el tiempo parece que le encontró provecho para salir del paso en muchas áreas que no sabe muy bien cómo hacer que funcionen. El resultado esperable no es mejor que el de todas las demás gestiones previas que hicieron lo mismo.

Hay que reconocer que la oposición que salió a desmerecer los anuncios de Macri en parte tiene razón, aunque su actitud sea derrotista y reaccionaria: la situación en el Estado no va a mejorar porque haya algunos altos cargos prescindibles y unos cuantos parientes y entenados menos. Lo que hace falta es que se empiece a infundir un espíritu de servicio público de donde se lo fue borrando desde hace décadas y se lo reemplazó por patrimonialismo, partidismo y desidia. Y para lograrlo no va a alcanzar con un puntapié ni con dar el ejemplo, hacen falta reglas claras y de cumplimiento verificable. Y convencer a la sociedad de que vote por eso y no por seguir pujando para sacar una tajada más grande de un Estado cada vez más calamitoso.


*Sociólogo, historiador y doctor en Filosofía

LA ARGENTINA NO APRENDE


Manuel Alvarez Trongé *
La Nación, 31 de enero de 2018 

Más de la mitad de los alumnos argentinos no puede leer. Fracasa en el intento. Leer, como define el Diccionario de la Lengua Española, es "pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados". Sin comprensión hay solo un intento frustrado que supone una violación del derecho humano y constitucional de aprender. Esto sucede en un contexto de enorme desigualdad e injusticia educativa: los más necesitados reciben la peor educación.

La suma de mala calidad y de inequidad da como resultado la mayor deuda que la Argentina registra con sus habitantes: la mayoría no aprende. La consecuencia son millones de adolescentes y jóvenes mal educados, que no han logrado formarse como ciudadanos. En muchos casos esta incomprensión lectora los ha llevado a abandonar la escuela, a caer en la droga y entrar en el circulo vicioso de la violencia. Esto es de por sí muy grave, pero más grave aún es que la sociedad civil no haya reaccionado como corresponde frente a esta realidad. Hace 25 años que tenemos información sobre este problema. Los alumnos de nuestro país vienen siendo evaluados por distintos exámenes nacionales e internacionales desde 1993 y todas estas pruebas nos han informado de esta cruda realidad: la mayoría no aprende lo que debiera, no logra leer cabalmente un texto ni puede resolver un ejercicio simple de matemáticas ni uno de ciencia.

Esto excede un problema educativo, es un default social. Los ciudadanos no nos hemos hecho cargo de esta deuda. Los padres nos autoengañamos creyendo que el problema no es de nuestros hijos; la ciudadanía, por ende, no reclama como debiera, los sindicatos están más ocupados en las condiciones de trabajo de sus afiliados que en la calidad y equidad educativa para los alumnos, y todo esto conduce a que los gobiernos no sientan presión por mejorar la educación y, por tanto, no le den la atención prioritaria que merece.

Existen esfuerzos notables, pero no son suficientes ni de la magnitud que necesitamos. Es por ello que, independientemente de acciones de política educativa, debe haber un cambio en la sociedad civil. El año 2018 nos obliga a hacer algo diferente si realmente queremos un cambio. Tres ideas para pensar: 
1) Informémonos. La educación no es solo responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Como familiares o como simples ciudadanos responsables, todos tenemos a un ser querido a quien queremos enriquecer. Pues eso es educar. Prestemos atención a su aprendizaje. Conozcamos su escuela, sus maestros, pidamos información y preguntemos sobre los resultados educativos. Consultemos sobre nuevas formas de enseñar, el uso de tecnología, nuevas competencias del siglo XXI. Estemos cerca. 

2) Participemos. Ni el Estado ni la escuela ni los maestros solos tienen la potencia suficiente para resolver el desafío educativo argentino. El filósofo y educador español José Antonio Marina remarca un dicho: "Para educar al niño hace falta la tribu entera". Obviamente la importancia de los padres en el proceso educativo es crucial, ya que su responsabilidad no es tercerizable en ninguna escuela ni en ningún docente, pero con el concepto de "tribu" Marina apunta a la relevancia de la participación de todo ciudadano adulto, cualquiera sea su trabajo o profesión, en la tarea de educar mejor a su comunidad. El ejemplo de conducta, los buenos modales, la colaboración con la escuela del barrio son todas maneras de educar. 

3) Reclamemos. La Argentina, como hemos visto, está en emergencia educativa. No podemos continuar haciéndonos los distraídos. El profesor Marina señala el riesgo de caer en "colaboracionismo inconsciente". Debemos levantar la voz. Creemos demanda social. Pidamos a las autoridades y a los gremios que hagan todos los esfuerzos que correspondan (y más también) para garantizar el derecho humano y constitucional de enseñar y aprender.

El desafío de una educación mejor es demasiado grande para que solo lo discutan los sindicatos y el gobierno. No es posible que el mes de marzo nos encuentre nuevamente sin clases. En este contexto de crisis, la confrontación y la escalada del conflicto pueden agravar el daño y ocasionar perjuicios difíciles de reparar para el futuro de la Argentina. Gritemos más y juntos por mejor educación. Es hora de que nos escuchen.


* Presidente Educar 2050

¿VEDADOS A LA JUSTICIA?


José María Sacheri
Prof. de Derechos Humanos


El lunes pasado las Madres de Plaza de Mayo impidieron un allanamiento ordenado por un juez nacional y este no lo llevó a cabo pese a las potestades que le confieren las leyes y la Constitución. Hace unos meses otro juez federal dispuso allanar un predio que un grupo de encubridores "decretó" como "tierra sagrada" y por esa ridícula razón no pudo llevar a cabo el operativo, cuando era fundamental en la investigación de la desaparición del joven Maldonado, que tenía en vilo a todo el poder político y a todo el país, y que luego apareció ahogado en esa zona.

Como abogado quisiera saber si alguien me puede indicar cuáles son los sitios en los que, una vez cometidos graves delitos, los delincuentes no van a poder ser detenidos ni las pruebas podrán ser encontradas para que un juez pueda valorarlas en una investigación judicial. La pregunta es estrictamente profesional, porque pese a ser profesor universitario desde hace 30 años nunca lo encontré en ninguna ley ni pude enseñarlo a mis alumnos.


La Nación, 31-1-18

martes, 30 de enero de 2018

EL ARA SAN JUAN

detectó un submarino nuclear británico pero la Armada nunca lo informó

INFOCIELO.COM, 30-01-2018

Fue en una misión anterior a la que se estaba efectuando al momento que desapareció navío nacional. La novedad se encuentra en los registros del día 9 de julio luego de que la navegación disminuyera los ruidos al máximo para poder grabar su sonido.

Según registros de la armada el submarino desaparecido con 44 tripulantes había detectado en una misión anterior a su desaparición un navío británico que sería nuclear. El informe fechado al 9 de julio reza que el ARA San Juan había manifestado el encuentro de una nave de guerra del Reino Unido que una hora antes de ser grabada vía audio se observó en el registrador de la embarcación.
El buque argentino contaba con tres sonoristas que dieron cuenta del hallazgo de un submarino que según lo auditado fue calificado como "nuclear".

Las grabaciones realizadas por el San Juan que duraban en promedio 6 minutos cada una se envió a la Armada que mantuvo hasta el día de hoy el dato en secreto.

Sin embargo, se supo que esta no fue la única información que no se dio a conocer, sino que se conoció que aproximadamente un año antes de la desaparición del submarino se había restringido la capacidad de sumersión a 100 metros ya que a mayor profundidad podría perder su garantía de “estanqueidad”.

La razón por la que se recomendó esto es que no se le había realizado el service correspondiente al buque que según el fabricante debía hacerse cada un año y medio. Según se pudo conocer, el ARA San Juan había estado más de 36 meses sin hacer la correspondiente prueba hidráulicas de válvulas de casco y tuberías conjuntamente con su verificaciones generales y reparaciones si se encontraba algún desajuste.

A su vez, se detectaban varias falencias en el submarino de la Armada que basados en lo que explican diferentes partes podían entenderse como un problema en la propulsión de la nave. También, se sabía que el buque tenía una pérdida de aceite de 50 litros por día que produjo una disminución de este en el reservorio del sistema hidráulico.


Asimismo, según partes que ya se encuentran en manos de la justicia un pesquero Chino había intentado colisionar al submarino en su anteúltima misión de patrullaje, teniendo que sumergirse y realizar maniobras evasivas para evitar la embestida. Vale recordar que todo lo esgrimido obra en la causa que se encuentra investigando la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Dacché piacque


Discurso a la Rota Romana de Pío XII:

www.ctedrajuanpablomagno.blogspot.com.ar/2018/01/dacche-piacque.html

CORTES Y PIQUETES, VIOLENCIA VS. LEGALIDAD


La Nación, editorial,  30 de enero de 2018 

Diversos movimientos sociales y grupos piqueteros anunciaron el pasado fin de semana que retomarán sus movilizaciones para el mes próximo y que tanto febrero como marzo venidero serán "movidos". Reclaman, entre otros puntos, que el 25% de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires y de las compras que hace el Estado estén en manos de cooperativas. Más allá de la viabilidad o lógica de tal exigencia, está visto que, antes que el diálogo y la negociación, prefieren la amenaza, el corte y obstaculizar la vida de los demás, también sujetos de derechos.

Es un tema recurrente que quedó expuesto hace pocas semanas y de manera muy contundente cuando un grupo de guardavidas frenó el vehículo en el que se desplazaba la gobernadora Vidal y la increpó de forma agresiva. "La violencia es la peor manera de vincularnos", dijo la funcionaria al enfrentarse cara a cara con quienes le impedían circular.

Pocos días antes de ese episodio, hordas de manifestantes descontrolados habían destrozado todo a su paso en los alrededores del Congreso, en protesta por el debate parlamentario de la reforma previsional, aunque quedó demostrado que el objetivo final era impedir esa discusión, un hecho gravísimo en un sistema democrático. Casi un centenar de policías resultaron heridos. Hubo 60 detenciones -la mayoría de esas personas, rápida y llamativamente fueron liberadas- y las autoridades debieron reconstruir el desastre que dejaron 15 toneladas de piedras usadas como proyectiles contra la policía, arrancadas de veredas, locales y monumentos históricos.

A tal situación siguieron interpretaciones de algunos dirigentes políticos y de no pocos estudiosos de la ley que intentaron justificar ese derecho de protesta aun habiéndose cometido numerosos delitos. Es lo que claramente el constitucionalista Néstor Sagüés escribió en un artículo para LA NACION: la evidencia de que se está gestando en nuestro país desde hace varios lustros una deplorable "libertad de agresión" equiparada a la "legítima libertad de expresión". Y que, en tal descabellada hipótesis, "al derecho de agredir se le suma el derecho a la impunidad", la creencia disparatada de que no se puede ni se debe ser castigado por desmanes si se realizan en cumplimiento del ejercicio de un derecho.

"La libertad de expresión -afirma Sagüés con fundamento- es pervertida cuando se le suma, por un acto de prestidigitación ideológica y como un ingrediente presuntamente natural de aquella, la libertad de agresión. Si eso pasa, el derecho se convierte en 'contraderecho': un derecho intrínsecamente lesivo y dañoso para los demás".

Es indudable la fuerte politización que se viene verificando en cada una de esas manifestaciones sociales, ya sea por buscar -de la peor manera- diferenciarse de la gestión de los gobiernos nacional y bonaerense, como por la infiltración de sectores antidemocráticos que aprovechan los reclamos para generar el caos con el fin de provocar una ruptura del orden constitucional.

Hay estadísticas que lo confirman. Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, una de las sorpresas de las mediciones realizadas en los últimos años es que las fuerzas político-partidarias treparon del sexto al cuarto lugar entre quienes realizan piquetes, casi duplicando sus bloqueos en 2017 respecto de 2016. Hubo 675 cortes que las tuvieron como protagonistas el año último de un total de 5221 piquetes registrados a lo largo de todo ese período.

En 2017 fue el sexto año consecutivo que el número total de piquetes en el país superó los 5000, una cifra exorbitante, que tiene en el tope de sus promotores a trabajadores estatales y organizaciones sociales.

Al número desproporcionado se suma el carácter violento que se verifica en el desarrollo de esas marchas. Un temperamento que viene siendo nefastamente abonado por los violentos de siempre, pero también por personas que, como el ex ministro de la Corte Suprema e increíblemente miembro aún de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Raúl Zaffaroni, desean que este gobierno termine antes de lo previsto para que sus políticas dejen de dañar a la ciudadanía. Acaso olvida el doctor Zaffaroni que la vía democrática por excelencia con que cuentan los ciudadanos es el voto.

Quienes transitamos por la ciudad de Buenos Aires hemos perdido la esperanza de no ser sorprendidos por un piquete a cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier motivo.

Resulta claro que la comunidad en general demanda orden y que los piquetes finalmente sean reglamentados, permitiendo su realización como manifestación pacífica de protesta, pero respetando el derecho del resto de la sociedad a trabajar, circular y cuidar su salud sin impedimentos. Ni las ambulancias se salvaron de quedar encerradas en esas verdaderas trampas de tránsito.

El protocolo antipiquetes, de casi nula aplicación en la ciudad, y el traspaso de la policía al gobierno porteño dieron lugar a imputaciones cruzadas entre ese distrito y la Nación respecto de en quién recae la responsabilidad de restablecer el orden.

La problemática que plantean los piquetes y cortes de calle no debería transformarse en inacción. El "piqueterismo" es un fenómeno social creciente que tiene la violencia y la intimidación como nefasto recurso para presionar a las autoridades y al resto de la sociedad. La necesidad de plantear soluciones de fondo, que pongan un límite a ese desborde cotidiano, no admite más dilaciones ni especulaciones sobre el costo político que pudiera ocasionar a quienes las apliquen.


La amenaza de que febrero y marzo serán caóticos ya ha sido pronunciada. Los gobiernos y la Justicia deberán actuar en forma coordinada para prevenir que, una vez más, se produzcan ataques brutales contra las personas y los bienes, tanto púbicos como privados. Ataques que no son otra cosa que afrentas a la libertad individual. En definitiva, embates directos contra la propia democracia.

EL RIESGO DE MALVERSAR LOS VALORES REPUBLICANOS


Alejandro Katz

La Nación,  30 de enero de 2018 

La lista de reproches que es posible hacer a la larga década kirchnerista es extensa y variada, y en ella encuentran su lugar buena parte de las patologías del poder. Entre ellos, quiero evocar dos, con los que tienen un marcado aire de familia hechos del tiempo presente.

En primer lugar, la malversación que el kirchnerismo hizo de algunos conceptos que, para muchos, eran portadores de valores intensamente apreciados: derechos, justicia, inclusión, equidad, derechos humanos. Palabras todas a las que llevará tiempo restituir un sentido pleno, que no evoque las peores prácticas ocultas detrás de declaraciones de bellas intenciones.

El otro reproche es también debido a una malversación: la de la oportunidad, extraordinaria, que, como resultado de las condiciones creadas por la crisis de principio de siglo y el incremento del precio de las commodities, hubiera permitido al gobierno comenzar a revertir el largo ciclo de deterioro social y económico de nuestro país.

Los episodios que tuvieron por protagonista a un ministro del actual gobierno habían puesto una vez más en riesgo un léxico que, como aquel, también nos resulta importante y que no querríamos ver vulnerado como lo fue el otro. Un léxico que incluye palabras como república, virtud cívica, justicia, honestidad, transparencia. Y, ahora como entonces, está también en juego otra oportunidad no menos extraordinaria, esta vez la de iniciar un proceso de reparación institucional que la sociedad -o gran parte de ella- exige y cuyos costos está dispuesta en esta ocasión a tolerar como respuesta a los excesos de los años previos.

El decreto presidencial de ayer, que limita el nepotismo en la administración, es un buen paso en el sentido de reponer el valor de algunas de las palabras cuyo sentido importa y debe por tanto ser preservado.

Sin embargo, no es suficiente para borrar el aire de familia entre aquellas prácticas del gobierno anterior y las del actual. Estas no son resultado del azar, sino de una cultura política compartida a la que yo llamaría "la cultura política del adversativo", cuya frase clásica -"roba pero hace"- se modula en infinidad de variantes siempre con la misma estructura. En ellas, la aceptación de que una conducta es inadecuada o directamente ilegal (ser corrupto, evadir impuestos, emplear en negro) es inmediatamente relativizada por una sentencia posterior ("pero es buena persona", "pero es eficiente", "pero genera empleo"). Habitualmente, la primera afirmación es objetiva y la segunda, subjetiva, o, en todo caso, la primera es la más fuerte y la segunda, la más débil: si una práctica ilegal es algo que podría ser demostrado, el carácter de "buena persona", tantas veces invocado en estos días, no es más que una declaración subjetiva, difícilmente comprobable. El derecho de utilizar frases adversativas de este tipo, por lo demás, es exclusivo de quien ejerce el poder: solo el poderoso tiene la potestad de absolver por el incumplimiento de una norma o de una ley argumentando una supuesta virtud del infractor; para los demás ciudadanos tal posibilidad no existe.

La anomia argentina, la escasa voluntad de nuestra sociedad por cumplir con la ley, que Carlos Nino describió con precisión y crudeza hace más de 35 años, no hace más que exacerbarse cuando la ciudadanía escucha que desde el poder se relativiza la conducta anómica con argumentos pobres, que solo pueden tener un efecto en la realidad porque son pronunciados por quien tiene el poder de sancionar o disculpar, pero no la razón para persuadir. Pero, además de dar legitimidad a la anomia, esta práctica refuerza la tribalización de la sociedad, alineando en veredas opuestas a quienes son parte del grupo del poder y aceptan las explicaciones, y a quienes son parte de la oposición y las rechazan.

Muchas veces la exculpación se sostiene en un argumento estratégico según el cual la sanción de la conducta indebida no resulta conveniente porque con ella se beneficia a un antagonista o porque se balancea el daño producido con la utilidad de las prestaciones que provee el mismo agente que lo produjo. Así, no se exige la renuncia de un ministro que viola a la vez la ley y los valores porque ello sería "hacerles el juego" a "los corruptos" con los que aquel debe negociar o porque "es muy eficiente en su tarea". La subordinación del razonamiento moral y del imperio de la ley a la estrategia política contribuye a destruir lo que es común y necesario para todos a cambio de favorecer lo que es útil para algunos. La cultura política democrática, que exige que todos los ciudadanos sean libres e iguales y que la sociedad sea un sistema justo de cooperación, es sustituida por la defensa de los intereses de un grupo cuyos miembros dejan de ser iguales a los otros, y pasan a gozar de derechos que no comparten con el resto de los ciudadanos.

Así, la acción de gobierno pierde legitimidad, ya que su fundamento democrático radica en que todos confían en que también los demás se subordinen al imperio de un conjunto definido de leyes y de reglas, cuya vigencia no puede en ningún caso ser relativizada mediante la introducción de una sentencia adversativa gracias a la cual los poderosos establecen las razones por las que algunos quedan exculpados en caso de incumplimiento. En términos de John Rawls, los ciudadanos implicados en las actividades políticas tienen un deber civil que los obliga a justificar sus decisiones solamente a partir de valores y normas públicos, objetivos y compartidos. En cuanto los gobernantes introducen el adversativo en la argumentación comienzan a recorrer el camino que hace que la función pública deje de tener por fin el servicio del bien común y se convierta, contra todo propósito inicial, en un fin en sí mismo, porque los únicos "valores públicos" a los que es posible recurrir para justificar una decisión deben estar relacionados con aquellas exigencias de la cultura política democrática, es decir, con la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y con la imparcialidad de los términos de la cooperación social.


Pero cambiar la sociedad exige cambiar radicalmente esa cultura política. La clase dirigente debe comprender que, si las desigualdades de nuestro país resultan moralmente insoportables, económicamente insostenibles y políticamente aberrantes, el mantenimiento de privilegios por parte del poder -económico, político- lesiona profundamente la idea misma de comunidad, la posibilidad, ya precaria y sumamente lastimada, de construir un espacio público de calidad en el que los ciudadanos puedan encontrarse unos con otros, intercambiar sus opiniones y debatir sus diferencias, en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas comunes. Y ese espacio público no hará más que seguir deteriorándose si en él los argumentos de quienes ejercen el poder siguen fundándose sobre los adversativos. Ese uso del lenguaje refuerza aquellos privilegios, cancela la deliberación pública y alinea a la sociedad en posiciones confrontativas, además de estimular la propensión a la indiferencia respecto de la ley. La cultura política del adversativo es, en definitiva, contraria a la cultura política democrática a la que aspiramos y que nos merecemos.

domingo, 28 de enero de 2018

MÉDICO EN MALVINAS

Aunque ya sabemos que una golondrina no hace el verano, este testimonio de un veterano de guerra nos puede ayudar a no generalizar al criticar a los ingleses. La continuidad de políticas desfavorables para nuestra patria, no debería implicar caer en determinismos genéticos, inaceptables para una concepción cristiana.
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La Nación, 28-1-18
El 16 del actual falleció el capitán de navío médico cirujano (RE) de la Real Armada Británica Rick Jolly, que recibió la Orden del Imperio Británico (OBE). En 1982, durante la Guerra de las Malvinas estuvo al frente del equipo médico del hospital de campaña montado en el matadero abandonado de Ajax Bay, donde recibieron tratamiento de urgencia más de mil combatientes argentinos y británicos. "Doc", como cariñosamente lo llamaban, fue el motor incansable de lo que él mismo bautizó como la "Red & Green Life Machine" ("La máquina roja y verde de la vida").
Su físico era tan imponente como su dimensión humana, que despertaba afecto y admiración espontáneamente. En 1998 estuvo en la Argentina. Con mi esposa y un grupo de aviadores navales veteranos de Malvinas tuvimos el honor de agasajarlo en nuestra casa con un asado bien criollo, al que se había aficionado sin concesiones. Había viajado para recibir la Orden de Mayo, condecoración otorgada por el gobierno nacional en reconocimiento por las vidas de combatientes argentinos salvadas y porque siempre priorizó la asistencia médica del herido más grave por encima de su nacionalidad.
A los 71 años, Dios lo llamó tempranamente al cielo de los justos, no sin antes premiarlo con una de sus mayores concesiones: se fue mientras dormía plácidamente, único veterano de la guerra de Malvinas condecorado por ambos gobiernos.
Jorge Luis Colombo
Capitán de navío (RE) VGM
DNI 5.182.206


miércoles, 24 de enero de 2018

DE LEYES BLANDAS Y JUECES GARANTISTAS


Clarín, 24-1-18

Una noticia tan triste como repetida en la Argentina: presos que, cumpliendo condena por sucesos de extrema crueldad y violencia, son beneficiados por la elasticidad del criterio de algunos jueces y, a las pocas horas de haber recuperado la libertad, vuelven a cometer hechos similares a aquellos que los habían llevado a prisión. Recién entonces recuperamos la memoria y deploramos, con amargos lamentos, que la imprevisión (de los otros, eso sí, porque aquí la culpa siempre es del otro) nos ha llevado a cosechar nuevas víctimas para la fría estadística, que esas víctimas podrían perfectamente haberse evitado y prevenirse el desastre, porque su autor ya había dado muestras de su incapacidad para reinsertarse en el seno de la sociedad.
Una incapacidad que no suele originarse en un trastorno mental insuperable ni en una condición social o económica de vulnerabilidad y postergación. Sino en una falta total de arrepentimiento, en una ostentosa burla por el sistema que permite nuestra convivencia y las leyes que lo hacen posible y, finalmente, en una insensibilidad brutal hacia las víctimas de sus crímenes y delitos.
Es esa sideral lejanía con el dolor de los ofendidos por agresiones cada día más violentas, graves y frecuentes, la que descompensa el concepto de reparación justa y deja a los damnificados en un pozo de frustración y desamparo. El desconsuelo aflige de manera unilateral y unívoca: ofende a los muertos, pero también a las víctimas de secuestros, violaciones, asaltos y saqueos, humilla a sus familias y desprecia el desasosiego del hombre común que, se levanta rezando por terminar el día sin que a alguien de su familia o de su círculo le toque la tragedia de una violencia injusta.
Si para colmo el criminal no paga el precio debido, está claro quetodo ese padecimiento se diluirá en la impunidad y el olvido, porque la ley habrá naufragado en su obligación de proteger la integridad moral del sistema.
No habrá salida si cada vez que fracasan los mecanismos tendientes a obtener la readaptación de estos individuos a la vida en sociedad, nos limitamos a cargar todas las responsabilidades en el Estado. Y volvemos al mantra remanido de esa visión estrábica y deformada que, al servicio de una finalidad política e ideológica, se fue imponiendo en Argentina. Es falsa: eso no es garantismo ni es nada; eso no es más que un lucrativo parloteo de señorones y vacas sagradas que al delito lo llaman “conflicto”, al Código Penal “una herramienta al servicio de los poderosos” y al delincuente “la víctima de un sistema social injusto”.
Aunque parezca mentira esos disparates fueron paulatinamente hegemonizando los artículos de doctrina jurídica, las sentencias judiciales, la orientación de la cátedra universitaria y los honores y distinciones académicas.
El supuesto al que me refiero resulta tan desvergonzadamente falso como casi todos los mandamientos de ese credo. Postula, en síntesis, que es del Estado la obligación ineludible de reinsertar al preso con independencia del preso mismo.
Se olvida así, intencionadamente, que la re inserción es un derecho del reo no una obligación del Estado; que la sociedad debe colaborar con ese proceso valorando adecuadamente los esfuerzos de quienes luchan por volver a conquistar una posición digna y una vida honrada y evitar las etiquetas estigmatizantes o los preconceptos excluyentes para con aquellos que, en razón de su humana condición, han cometido un error. Pero todo ello no puede hacernos olvidar que, en definitiva, nadie puede obligar a otro a reinsertarse si éste no quiere hacerlo.
Al Estado han de exigírsele todas las medidas materiales necesarias para que el sujeto de tal derecho pueda alcanzar la consecución de ese fin. Pero corresponde al reo, y sólo a él, acreditar con hechos y de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse como un elemento útil al cuerpo social que antes agredió y ha invertido tiempo, esfuerzo y recursos para darle una nueva oportunidad.
En realidad no existe más que un camino: que la ley penal se cumpla de manera íntegra e irremisible. Que el aparato estatal funcione y lo haga en forma coherente, sin contradicciones, contramarchas ni retrocesos, de modo tal que toda violación a aquélla determine la respuesta inexorable del sistema. Que se atienda a la especial situación de los "profesionales del delito", aquellos que hacen del delito su medio de vida habitual.Necesitamos un posicionamiento diferenciado para este género de delincuencia y que esa distinción acarree -como consecuencia- un drástico recorte de las posibilidades de excarcelación.
He clamado, más de una vez en mis dictámenes y memoriales, por una normativa que avance hacia una mayor limitación de las solturas alegremente generalizadas y que determine expresamente supuestos en los que la gravedad del hecho y los antecedentes del acusado habiliten la prisión preventiva durante la tramitación del proceso. Quien vive permanentemente inmerso en el delito, sea cometiéndolo, sea colaborando con su consumación, sabe perfectamente que está apostando a un riesgo y cabe presumir que ha asumido en plena conciencia las consecuencias de perder esa apuesta. Es preciso dejar atrás tanta insensatez y encaminarnos a conformar una Justicia que subordine las opiniones políticas y las tendencias ideológicas de sus magistrados al ejercicio independiente de la misión que les ha sido confiada y supere la confusión entre el papel del juzgador y el del asistente social. Que, en suma, sometiéndose a los dictados del sentido común, proteja a toda la ciudadanía sin distinciones y sin otro instrumento que la sujeción irrestricta al imperio de la Ley.
Germán Moldes es Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones.


lunes, 22 de enero de 2018

TRES ESCRITORES INSPIRADOS EN LA INMENSIDAD DE SU TIERRA


   
La Nación, 20 de enero de 2018  
Hay tres escritores argentinos de auténtica cultura en cuyas letras está la esencia del ser argentino: José Hernández, Leopoldo Lugones y Saúl Alejandro Taborda.
José Hernández nació en las chacras de Perdriel, provincia de Buenos Aires, donde su familia poseía el caserón de los Pueyrredón. La muerte de su madre, a los 9 años, y su salud resentida impulsaron a los mayores al traslado del menor al campo, a vivir con el padre Rafael Hernández. El niño, que ya lleva el poeta adentro, renació "en medio de la inmensidad cautivante de la pampa". Su mente y su ánimo incorporaron las experiencias y las vivencias de la tierra madre y del gaucho. Salió de allí a los 22 años.
El hombre de pluma y de acción que fue José Hernández libró luchas del cerebro, batallas de la inteligencia, e incorporó al gaucho a las letras con su Martín Fierro.
Lugones vivió la aridez del norte cordobés, con vivencias en Santiago del Estero. Con solo 9 años, pasó a vivir en Córdoba, pero llevaba la voz de la tierra, y la impronta, conocida de cerca, del gaucho que ama la libertad, y que es generoso, culto, cortés y religioso. Y con todo el paisaje montañés y de campo y sus vivencias que acendradamente incorporó a su destino. Fue el paisaje argentino de campo en el panorama de las letras, que consagraron al poeta Lugones.
Saúl Alejandro Taborda nació en la estancia de Chañar Ladeado, donde convergen los límites de los departamentos San Justo, Río Primero y Río Segundo. Esa región de la Córdoba, mirando hacia el mar de Ansenuza, y por donde surcaban los ríos Primero y Segundo, era zona de montes nativos, que la mano del hombre modificó para la agricultura y la ganadería. En esas feraces tierras entre el bosque nativo y los pastos naturales, aprendió el oficio de relacionar las fases de la Luna con los tiempos de siembra, aprendió a convivir con la naturaleza, calculando los tiempos de lluvia y de seca y viendo la flora y la fauna en su estado puro.
Saúl Taborda supo internalizar las vivencias de la vida rupestre que le dieron un carácter indomable y una voluntad firme como también convicciones fundadas en la relación con el pasado familiar y la altivez del que se siente dueño de la mística relación con el medio ambiente. Cuando partió con sus 14 juveniles años, apoyado por una familia criolla (de hombres de campo) para formarse primero en Córdoba, luego en La Plata y Rosario y más tarde en el mundo, aquellos códigos del esfuerzo y los valores familiares lo inmunizaron para que, sin renegar de sus orígenes, incorporara los valores de la cultura cosmopolita y produjera la síntesis del pensamiento tal como lo vemos reflejado en su cosmovisión facúndica, en los vuelos literarios de su prosa y de sus versos, el análisis crítico de la realidad de su tiempo, el pensamiento filosófico y pedagógico y las expresiones revolucionarias de la Reforma del 18 en la Universidad.
Saúl Taborda realiza una integración de los valores de la cultura criolla que mamó en su niñez y la expresión de la madurez intelectual que cultivó no solo en su país sino en la vieja Europa. Salió de allí a los 14 años.
El hombre facúndico incorporado a la indagación espiritual de su esencia ancestral.
Hernández, Lugones y Taborda llevaban la tierra madre en sus venas, el paisaje y las gentes, es decir el mensaje material y fundamental de la Patria. Así le cantaron y le escribieron, y constituyen arquetipos únicos de argentinidad. Y así dicen con Fermín Chávez, al final de su V poema en su "Una provincia al Este":
"Quiero volver al pueblo y sus crecientes?
Quiero lavar mi luz cada mañana.
Quiero entrar en la tierra. Este es mi canto."


domingo, 21 de enero de 2018

PROPIEDADES DE MOYANO






La Nación, 21 de enero de 2018  

Seis quintas y un baldío en los bosques de Parque Leloir, un barrio de casonas que le da nervio al pulmón verde del oeste bonaerense, serían hoy las pistas más firmes que aportará el Gobierno en la Justicia para intentar verificar un millonario desvío de fondos desde el Sindicato de los Camioneros, que dirige Hugo Moyano , hacia un holding de empresas que administra su esposa y sus hijastros.
La maniobra, detallada recientemente en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), sería la viga maestra que sostiene los negocios de la familia del camionero desde al menos 2011 hasta ahora, según se desprende del borrador del organismo que depende del Ministerio de Finanzas y al que accedió LA NACION. El Gobierno, todavía sin la decisión de llevar del todo a la práctica su enfrentamiento con Moyano, avanzó solo en la divulgación de las presuntas irregularidades financieras del camionero, lo que minaría de complicaciones su variado frente judicial.
Tras la feria, el oficialismo daría un paso concreto: la diputada Graciela Ocaña , que denunció en 2011 a Moyano por esta misma maniobra, golpeará la puerta del despacho del juez Claudio Bonadio para ampliar su acusación. "Vamos a reforzar la denuncia por enriquecimiento ilícito aportando los balances actualizados para demostrar que los fondos de la Mutual, el gremio y la obra social de los camioneros van a las empresas de su familia. Siempre tuvo protección, espero que ya no la tenga más", dijo la legisladora nacional de Cambiemos.
Moyano reinauguró hace dos semanas el Sanatorio Antártida, de su gremio. En una suerte de autohomenaje, descubrió una de las placas en el salón de entrada que agradecía sobre mármol los servicios prestados de Aconra SA, la empresa constructora que integra el holding de negocios de su familia.

Forman parte del directorio de Aconra SA Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, los hijastros del jefe camionero. Son hijos de Liliana Zulet, su esposa y verdadera mentora de la expansión de las empresas surgidas bajo la órbita del gremio de los camioneros. Salerno y Noriega Zulet blanquearon el año pasado US$1.100.000 dólares de actividades vinculadas al Sindicato de Camioneros y a su obra social, según reveló LA NACION hace diez días, a partir de un informe de la UIF.
Además de Aconra, hay otras compañías vinculadas a Zulet y sus hijos que son prestadoras casi con exclusividad de los camioneros. Se trata de Dixey SA, un taller de ropa que provee de indumentaria a los afiliados del gremio y a los socios del Club Social y Deportivo Camioneros; y de Iarai SA, una prestadora médica. Como Aconra, Dixey SA registró un fuerte crecimiento a partir del sindicato: entre julio y octubre de 2017 se registraron acreditaciones en una cuenta del Banco Francés por $63 millones; más del 90% de las transferencias estaban ligadas al gremio o la obra social.
A través del holding de empresas, Moyano y Zulet ampliaron su red de propiedades en Parque Leloir. Dixey SA compró tres propiedades en la calle De los Baqueanos, de las cuales una de ellas es una imponente mansión que tiene un ala sin terminar desde hace años. La obra inconclusa no es impedimento para que uno de los hijos de Moyano frecuente la quinta. Las otras dos tienen una elevada valuación fiscal: una de $5.176.729 y la otra de $3.280.562. "Todo indicaría que los bienes de Dixey son utilizados en beneficio particular de los Moyano", indicó la UIF en su informe.
A nombre de Aconra, en tanto, figuran dos propiedades linderas en Udaondo al 3200. La casona central es de dos plantas, con un parque amplio y rodeada de pinos. Un empleado a tiempo completo mantiene las instalaciones y el jardín como si allí hubiera visitas a diario. Hace unos años, Zulet declaró allí su domicilio. Un vecino, sin embargo, dijo no verla nunca. Ni a ella, ni a Moyano.

Hasta en el domicilio real de Moyano se siguen cruzando las firmas con su familia política. En el edificio de Montes de Oca 401, donde vive el jefe camionero, hay pisos que están a nombre de alguna de las empresas.
El presunto desvío de fondos del sindicato al holding de empresas familiar no es la única causa que inquieta a Moyano. Se apilan algunas más antiguas y otras más recientes. En todas el incremento patrimonial está en la mira, salvo en la de la adulteración de medicamentos, que también la lleva Bonadio.
La escalada de su enfrentamiento con el Gobierno preocupa a Moyano. El jueves pasado alineó junto con Luis Barrionuevo a los gremios más combativos de la CGT para activar en el corto plazo un plan de lucha en rechazo al plan económico de Mauricio Macri y por considerar que hay una persecusión contra los sindicalistas. Testigos directos del encuentro en Mar del Plata ratificaron el nerviosismo del camionero, que preguntó más de una vez si es que eran ciertos los rumores que circularon ese día sobre un allanamiento en la mutual de su gremio. "El Negro está preocupado. Por eso fue el más interesado en que tratemos de juntar a la mayor cantidad de gremios posibles", dijo un jerárquico de la CGT.
Las causas del líder camionero
·         Enriquecimiento ilícito y presunto desvío de fondos del sindicato a empresas vinculadas con su familia
·         La Procelac denunció por evasión y lavado a Hugo y Pablo Moyano y a un grupo de empresas. La acusación pone bajo la lupa la relación con OCA
·         Medicamentos adulterados: la obra social de camioneros es investigada por falsificar troqueles
·         La AFIP investiga una posible evasión de $3000 millones con una red de facturas truchas con la que operaban varios gremios
·         Presunto lavado como directivo de Independiente
·         Negocios en el Puerto: es una denuncia contra la Administración General de Puertos y Camioneros por supuestas irregularidades
La declaración jurada de bienes de Facundo
·         Por su rol de diputado nacional, Facundo Moyano es el único de los seis hijos de Hugo Moyano que está obligado a hacer pública su declaración jurada de bienes.
·         En la última presentación ante la Oficina Anticorrupción, que abarca todo el período 2016, llama la atención la cantidad de dinero en efectivo que declaró: 1.580.000 pesos y 51.500 dólares. No posee deudas con tarjetas de crédito y no tiene un inmueble propio. Su único trabajo registrado es el de legislador nacional.
·         "En el momento de presentar la declaración jurada no tenía bancarizados los pesos. Mis ingresos están absolutamente justificados, no hay nada que explicar", dijo Facundo Moyano ante la consulta de LA NACION.