Pablo Portaluppi
El Ojo Digital, 11 de Julio de 2017
Se ha escrito mucho en relación al conflicto bélico de
Malvinas, que enfrentara a la Argentina con Gran Bretaña en 1982- pero poco se
ha analizado sobre las graves inconsistencias registradas en el padrón de
veteranos de dicha guerra (VGM). Tales irregularidades no solo generan un
severo perjuicio económico-financiero al Estado, sino que consignan una
deleznable usurpación de beneficios con respecto a aquellos que deberían
percibirlo, pero que no lo hacen. La trama se torna aún más escabrosa, por
tratarse de un tema sensible para la historia del país, y para los propios ex
combatientes que pusieron sus vidas en juego en un conflicto absurdo.
Malvinas, recorte
La denuncia primigenia fue presentada
por el Centro de ex Combatientes de La Plata (CECIM) hacia fines de 2007, y el
Fiscal Guillermo Marijuán decidió cruzar las nóminas de las Fuerzas Armadas con
los listados de ciudadanos que cobraban el beneficio vía ANSES; se detectaron,
en esa oportunidad, cerca de 700 individuos que no debían estar incluídos entre
los beneficiarios. Sin embargo, transcurrieron más de nueve años tras aquellas
pesquisas preliminares: nada se hizo, y el escándalo continuó creciendo. La
dirigencia política -habrá que decirlo- tampoco hizo demasiado a criterio de
subsanar semejante injusticia.
Todo dio inicio con la Ley 23.848, promulgada el 9 de
octubre de 1990, que otorgaba el beneficio de la pensión vitalicia
estrictamente a 'ex soldados conscriptos que participaron en efectivas acciones
bélicas de combate', esto es, a aquellos que estuvieron físicamente presentes
en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), excluyendo a militares de
carrera. Si hay que atenerse a lo suscripto por el diario de sesiones de
Diputados de aquel entonces, la nómina de beneficiarios inicial en ningún caso
podía superar los 10 mil ya que, de lo contrario, el Poder Ejecutivo haría uso
del veto para aquella norma, dada la apremiante situación económica de la
época. En consecuencia, se emitió el Decreto 509/88 (en 2009, sería declarado
inconstitucional), en el cual se consignaron 10.001 ex combatientes. La cifra
es llamativa, e invita a ponderar una tendencia al maquillaje -con el solo
objeto de evitar el veto, antes que de llevar a cabo una auditoría creíble.
Malvinas, 1963
Es que, amén de la bien conocida
improvisación operativa en que incurriera la cúpula de las FF.AA. durante el
conflicto, se sumó la desprolijidad de no haber confeccionado un registro
exacto de la cantidad de combatientes. En consecuencia, debió recurrirse a
listados de la Cruz Roja Internacional y hasta las estadísticas del propio
gobierno del Reino Unido para elaborar la lista de beneficiarios argentinos.
Las sucesivas modificaciones que acusara la Ley 23848, en virtud del reclamo de
ex combatientes que buscaban ser incluídos en el beneficio (y que, por diversas
circunstancias, no estuvieron físicamente en el TOAS), abrieron las puertas
para la expansión de esos listados. En otras palabras, hizo su aparición la
endémica corrupción argentina.
En 1994, a través del Decreto 1083 y por presión del
Consejo de Oficiales Superiores de la Armada, se incorpora al beneficio a todos
los tripulantes de los 25 buques integrantes de la flota, aunque, de acuerdo a
voceros del Arma, la mayoría de ellos ni siquiera salieron del puerto.
Hacia
1992, el Círculo Militar hizo pública la cifra de 14.020 ex combatientes. Para
2017, los beneficiarios de la pensión suman ya más de 23.000, de los cuales
2654 presentan groseras inconsistencias (casos que deberían ser evaluados
exhaustivamente, uno por uno).
En 2016, se llevó a cabo un minucioso trabajo de
investigación, donde se cruzaron datos del padrón de VGM del sitio web del
Ministerio de Defensa con el padrón electoral, y con los sorteos para el
servicio militar de las clases 1962 y 1963. Dicho estudio fue realizado por
veteranos de Malvinas no alcanzados por el beneficio cuando debieran estarlo,
como ser el caso de la Cuarta Brigada de Paracaidistas, quienes estuvieron a
punto de ser lanzados a una muerte segura mediante una operación suicida. Las
conclusiones de dicho análisis son escandalosas.
Malvinas, planilla
En la Armada, se detectó un exceso
de 1.158 tripulantes en los buques: se trata de 212 tripulantes que en 1982,
año del conflicto, tenían entre 17 y 18 años; y de 14 marinos que, durante la
guerra, tenían entre 12 y 16 años.
En el Ejército Argentino, se hallaron
numerosas irregularidades: 773 suboficiales con grados de Sargento menores a 30
años, cuando la edad mínima para un sargento es de 31; 280 altos oficiales con
grado de capitán menores a 30 años, siendo la edad mínima de 32; un soldado
clase 1922 (a saber, que en el TOAS contaba con 60 años); 63 soldados mayores a
28 años, cuando esta edad reflejaba el límite permitido para solicitar la
prórroga del servicio militar; 21 soldados clase 1963 que evitaron el servicio
militar obligatorio por registrar un número de sorteo bajo; y 62 suboficiales que
no superaban los 18 años en 1982.
Durante su gobierno, el ex presidente Néstor Carlos
Kirchner -por iniciativa de la Fuerza Aérea- decidió incluir, entre los
beneficiarios, a todos los suboficiales y oficiales en situación de baja
obligatoria o voluntaria, aumentando en un 300% el monto a cobrar. El punto
clave de esta nueva reforma es que dejó de lado el factor geográfico, lo cual
implica que, a partir de esta decisión presidencial, no era necesario haber
estado de cuerpo presente en las islas, priorizando el factor estratégico
operacional. A pesar de ello, la mayor queja de los muchos que aún no cobran la
pensión radica en el hecho de que, si bien esta normativa les otorga el marco
jurídico para ser beneficiarios, el Estado no los reconoce como tales. Además
de haber permitido -fuera por negligencia o por corrupción- que numerosas
personas accedan al beneficio sin tener motivos para hacerlo, produciendo una
erogación innecesaria al erario público y una situación de inenarrable
injusticia. El affaire de las pensiones apócrifas, a la postre, se potenció
como nunca en tiempos del kirchnerismo.
Uno de los integrantes del grupo que llevó adelante
las investigaciones pertinentes (quien también es veterano de Malvinas) afirma
que, por inexplicables motivos, la ANSES jamás les facilitó la nómina completa
de beneficiarios. El consultado afirma, tajante: 'El día que se conozcan esas
nóminas, estallará un escándalo de alcance nacional'.
Sobre Pablo Portaluppi
Es Analista en Medios de Comunicación Social y
Licenciado en Periodismo. Columnista político en El Ojo Digital, reside en la
ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina).
