La Nación, 28 DE JUNIO DE 2017
Las víctimas de delitos son las grandes postergadas en
la justicia argentina. Como si acarrearan una culpa de origen que las hace
responsables de lo ocurrido, suelen sufrir una segunda victimización en los
tribunales pues, o bien no se las tiene en cuenta más que en calidad de
testigos o, en caso de disponer de medios, deben convertirse en querellantes
contratando un abogado.
Esta lamentable realidad, que se fue agravando con el
paso del tiempo debido al incremento de la delincuencia, a la morosidad general
de la Justicia y a la creciente corrupción en las fuerzas policiales, estaría
por comenzar a cambiar tras la reciente sanción de la ley nacional de
protección de los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
La flamante ley provee a las víctimas o a sus
familiares de nuevas herramientas, como la asistencia gratuita de un defensor
público de la víctimas, el acceso al expediente y a ser escuchado y protegido.
En los orígenes de esta norma se encuentra la
multitudinaria marcha convocada con el lema "Para que no te pase",
realizada frente al Congreso en octubre del año pasado y organizada, entre
muchos otros, por víctimas y familiares de delitos que cobraron gran
tascendencia, como María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, el joven que
falleció en la tragedia de Once; Carolina Píparo, madre del bebe que murió
siete días después de nacer mediante una cesárea de urgencia pues ella había
recibido un balazo en el abdomen durante una salidera bancaria; Matías Bagnato,
único sobreviviente de la masacre de Flores, y Jimena Adúriz, madre de Ángeles
Rawson.
Como expresó el diputado Mario Negri, presidente del
interbloque de Cambiemos, la nueva ley modifica el Código de Procedimiento
Penal de la Nación y la ley orgánica del Ministerio Público, pues se refuerza
el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa al crearse la Defensoría
Pública de las Víctimas, que tendrá 24 defensores, quienes trabajarán con 123
secretarios y prosecretarios letrados que actuarán como defensores
coadyuvantes. También se crean centros de protección y asistencia que
funcionarán las 24 horas para el ámbito federal en todo el país, con la
intención de que una iniciativa similar se adopte en la justicia de instrucción
de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias.
De ahora en más, quienes sufran delitos deberán ser
notificados de las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las
salidas transitorias que se les otorguen a los condenados y acusados. También
tendrán derecho a recibir no sólo asesoramiento legal, sino contención durante
el proceso y la ejecución de la pena. La ley crea, además, la figura de la
presunción de peligro para la víctima y su familia, que permite adoptar medidas
de seguridad.
Es innegable el sano espíritu que anima a esta ley que
va en auxilio de quienes, hasta el presente, sólo han encontrado en los medios
de difusión el eco necesario para que sus casos no cayeran en el olvido. Pero
el principal riesgo que corre la nueva norma radica, precisamente, en la
burocracia judicial. Sortearla con éxito dependerá de la vocación y dedicación
de los futuros defensores públicos de las víctimas, que serán elegidos mediante
concurso.
Por eso, será indispensable que esos concursos se
realicen con la mayor transparencia y que primen los antecedentes y la capacitación
de los postulantes, de forma tal de no recaer en el ancestral vicio de la
justicia argentina de nombrar funcionarios a los parientes y amigos de quienes
ya integran la llamada "familia judicial". El segundo requisito es
dotar a esta nueva estructura de los medios físicos, técnicos y de recursos
humanos necesarios para poder desempeñarse con eficiencia. De no cumplirse
estos dos requisitos, poco cambiará para las víctimas.
