miércoles, 31 de agosto de 2016

UNA MENOS

Brasil: el Senado destituyó a Dilma Rousseff por amplia mayoría




Alberto Armendáriz
LA NACION,  31 DE AGOSTO DE 2016

Tras nueve meses de un polémico, intenso y dramático proceso de impeachment, el Senado de Brasil aprobó por amplia mayoría la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, y puso así fin a 13 años de gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que fueron inaugurados en 2003 por el padrino político de la condenada mandataria, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, no quedará inhabilitada para ejercer nuevos cargos públicos por ocho años.

La abarrotada jornada final del juicio político en la Cámara alta estuvo marcada por la tensión que hasta el último instante demoró y enredó la histórica sesión. Los senadores petistas pidieron que el impeachment se votara en las dos cuestiones separadas: si Rousseff era culpable de los crímenes de responsabilidad de los que se la acusó y debía perder su cargo, por un lado, y si, en consecuencia, debía ser inhabilitada para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo de ocho años. La desesperada moción retardatoria de la defensa fue finalmente aceptada por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que presidió esta etapa del proceso contra Rousseff, una ex guerrillera de 68 años que se convirtió en la primera mujer presidenta de este país.

El magistrado llamó entonces a los legisladores a sufragar por medio del sistema electrónico que resultó en las sentencias definitivas. Por 61 votos a favor, 20 en contra y sin abstenciones, Rousseff fue hallada culpable de crímenes de responsabilidad y depuesta al superar el umbral necesario de dos tercios del Senado, o sea 54 de sus 81 miembros, para su aprobación. En tanto, por 42 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, no quedó inhabilitada para volver a ocupar funciones públicas por ocho años.
La sesión se cerró con nuevos enfrentamientos entre los senadores. Mientras los acusadores de Rousseff aplaudían, los petistas y sus aliados gritaban "¡golpistas! ¡golpistas!".

A las 16 horas, en un breve acto en la Cámara de Diputados, será oficializado al frente del Palacio del Planalto el presidente en ejercicio, el ex vice Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que era el principal socio del PT hasta que la crisis política generada por la aguda recesión económica y las investigaciones de la red de corrupción en Petrobras pusieron fin a la alianza. La combinación de estos factores llevaron a que Rousseff perdiera la capacidad de gobernar.


martes, 30 de agosto de 2016

MAMA ANTULA

Bicentenario y el Ser Nacional Argentino

Reflexión de monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, en el programa "Claves para un Mundo Mejor" (27 de agosto de 2016)


“Este fin de semana es muy importante para nosotros, argentinos, por el hecho de la Beatificación de Mamá Antula que fue una gran apóstol de los ejercicios espirituales y, a través de ellos, de la cristianización de nuestro país. Piensen que vino de Santiago del Estero a Buenos Aires a pie: ¡que hazaña! Además, cuando uno ve, en Buenos Aires, esa preciosa Casa de Ejercicios, ubicada en Avenida Independencia y Salta, piensa en esa aventura espiritual extraordinaria”.

“A propósito de eso yo estaba pensando en la relación con el Bicentenario y el escaso eco que ha tenido esta celebración de nuestra independencia. No sólo escaso eco sino que he leído algunas manifestaciones que me dejaron perplejo, porque si bien el entusiasmo patriótico no tiene que ser patriotero, o un alarde, tampoco puede caer uno en una indiferencia total, como que en fin son doscientos años y no me importa nada, se acabó el barullo; por suerte hubo desfile militar este año pero no pasa nada”.

“He leído críticas acerca de lo que significa ser argentino. Yo les preguntaría a ustedes, amigos televidentes: ¿existe un ser nacional argentino? ¿Tenemos alguna identidad o no? Yo pienso que aunque sea en los defectos tenemos alguna identidad. Todo el mundo habla de cómo somos y con qué fallas cargamos desde hace tiempo y demás; aun desde un punto de vista negativo pero existe una identidad argentina. Me parece algo evidente. 
Somos distintos de otros pueblos, raros para algunos pero somos distintos. Además en esa identidad que se ha ido formando poco a poco, con la trasmisión de una tradición solidaria, de generación en generación, hemos recibido cosas de nuestro pasado histórico, se han añadido realidades nuevas sin duda, han mejorado algunos aspectos y otros han empeorado nuestro ser nacional pero existe un ser nacional”.

“Me parece que tendríamos que pensar un poquito más en esto. No estoy hablando de ese entusiasmo arrebatado, sino del hecho de que uno pueda considerar con tranquilidad cómo somos, qué cosas son verdaderamente valiosas, qué cosas son defectuosas y debiéramos corregir; por eso también pienso que tendríamos que evaluar, dentro de lo que es el ser nacional, el hecho del cristianismo, el hecho de la presencia católica y por eso les mencionaba a Mamá Antula”.

“¿Este es un pueblo católico o no? Les diría yo que es un pueblo mayoritariamente bautizado, un pueblo que no va a misa pero es mayoritariamente bautizado, que todavía bautiza a sus niños y eso es un valor muy grande. Somos un pueblo que quiere a la Virgen de Luján, que quiere a la Virgen y a lo mejor nuestra gente sencilla no está bien formada y eso es culpa nuestra después de todo, culpa de los pastores y de la organización de la Iglesia; y de una evangelización defectuosa, pero que es gente que ama a Dios y a la Virgen y a los santos. Esas devociones son hechos valiosos que debemos asumir como parte de nuestra identidad y no hay que despreciarlas como si fuéramos unos soberbios ilustrados que nos las sabemos todas y vamos a construir la Argentina del mañana sobre no se sabe qué”.

“Me parece que el Bicentenario debía haber hecho pensar más en eso pero yo no he notado una abundante reflexión sobre estos puntos y sí he leído cosas críticas con las cuales no estoy de acuerdo, porque me parece que todo lo que debemos criticar acerca de la Historia Nacional; ha habido tiempos mejores y tiempos peores, además de nuestras fallas crónicas, también hay que sumar los valores con los cuales contamos y, entre ellos, yo quiero destacar que somos un pueblo que cree mayoritariamente en Dios”.

“Y podríamos hilar más fino y ver en qué medida también, nuestro pueblo, conserva el sentido común que hace notar que muchos disparates jurídicos, que muchas de las leyes que se han aprobado en los últimos tiempos, son efectivamente eso: disparates. Aun cuando uno tenga que tolerar sus consecuencias o uno tenga que mirar encogiéndose de hombros y diciendo “que le vamos a hacer”. Pero los argentinos somos argentinos y debemos ser cada vez mejores y el Bicentenario debiera habernos recordado que hubo gente en nuestra Historia, sobre todo los Padres que nos dieron la Independencia, que es gente digna de ser imitada”.



Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata.

INSÓLITO

Macri no cortó un solo plan social con los que se financian las organizaciones ultra K que quieren desestabilizarlo

Informador Público, 30-8-16

El cristinismo se va cerrando a sí mismo en un grupo cada vez más minúsculo y más de izquierda que lo conocido como el peronismo. El fracaso de la marcha de la resistencia del fin de semana pasado fue una muestra de ello. A eso hay que sumarle una serie de episodios que tienen el sello de los movimientos sociales que aún responden a la ex presidente. El caso de Moreno es el más reciente, donde hubo incidentes en la toma de terrenos, algo que es bastante habitual en muchos sitios del segundo y tercer cordón del conurbano. A pesar de ello, el macrismo sigue financiando esas organizaciones que buscan hacer caer al gobierno. Desde el Ministerio de Desarrollo Social no han cortado un solo plan y la intermediación de los mismos sigue en manos de grupos afines al gobierno anterior.

En un distrito del segundo cordón del conurbano, de aquellos que supieron ser de lo más kirchneristas en su momento y hoy es gobernado por un intendente del PJ son muy claros. Allí cuentan con por lo menos 7500 planes de Argentina Trabaja, que es uno de los tantos programas sociales que había puesto en marcha el gobierno anterior desde el ministerio que manejó Alicia Kirchner. Al día de la fecha, ninguno de ellos ha sido eliminado, a pesar que la mayoría de los que reciben ese plan pertenecen a organizaciones ultra K, las mismas que fueron a la plaza con Hebe de Bonafini y Máximo Kirchner. Nadie podrá tildar de antidemocrático al gobierno de Macri. En cambio, los que lo catalogan de “gorila” y “ajustador” son los mismos que siguen recibiendo esos planes que, en muchos casos, sirven para financiar la política.

Es cierto que, en el contexto en que recibió Macri el país, donde el Estado se había expandido de una manera más que brutal, no era una tarea simple pasar la guadaña y eliminar todos esos planes de un día para otro sin que ello trajera severas consecuencias sociales. Pero a más de ocho meses, llama la atención cómo los grupos más anti macristas se siguen financiando con el estado nacional. Y además, con aumentos incluidos.

El tema no es nuevo. Hace tiempo que se viene marcando esta situación donde el gobierno nacional e incluso el provincial habían cedido a sectores de la oposición el manejo de varios resortes del poder. Las críticas internas más duras en su momento recayeron sobre María Eugenia Vidal por haber cerrado un entendimiento con Sergio Massa, aun sabiendo que el líder del Frente Renovador será competencia de Cambiemos el año que viene. Pero si se repasan otras áreas del gobierno nacional, se encontrarán situaciones de sorprendente similitud.

Se podrá decir que al gobierno le conviene mantener a los sectores más duros del cristinismo vivos para contrapesar lo que la sociedad no quiere volver a repetir y se espanta ante la sola posibilidad del regreso de algunos personajes. Pero este juego puede resultar peligroso. Enfrente están dispuestos a todo, con tal de recuperar algo del poder perdido. Y lo peor es que lo están pensando y elaborando con el financiamiento que le da el propio gobierno. Todo sea por el bien de la democracia.

Sebastián Dumont



TROPEZÓN FUERTE DE MALCORRA

Informador Público, 30-8-16

Se volvieron a reunir los integrantes del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, los cinco miembros, cinco con poder de veto, que son permanentes, y los diez restantes, que se rotan anualmente. Nuevamente el ex premier portugués Antonio Guterres, que fue presidente de la Internacional Socialista, sigue al frente con once votos a favor pero tiene tres en contra y si se sumara alguno de los permanentes por el poder de veto quedaría afuera. Segundo quedó el canciller eslovaco Lajcak y en tercer lugar, la búlgara Irina Bokova; cuarto, el serbio Vuk Jeremic y recién en quinto lugar Susana Malcorra, con siete votos a favor pero con siete en contra que prácticamente la dejan fuera de carrera en momentos en que está de gira por África, precisamente buscando votos en Angola.

En verdad el presidente apoyó de entrada esa candidatura, aunque fuera pesimista sobre el éxito de esa patriada, pero le servía a su gobierno para ser conocido en el mundo por buenas razones y no como el gobierno anterior, que estaba totalmente aislado del mundo, por lo cual hasta ahora Macri respaldó las ambiciones personales de su canciller, aunque fuera en deterioro del funcionamiento del Palacio San Martín, que está prácticamente paralizado. Aunque el vicecanciller, el embajador Carlos Foradori, junto a la UCR, tiene el manejo administrativo de la Cancillería y no lo quiere perder. Además, el presidente es poco afecto a los cambios de gabinete y la versión del alejamiento de Susana Malcorra como embajadora a España después de su fracaso en las Naciones Unidas no parece ser una alternativa por ahora.


Sólo en caso de que el presidente decida que es imprescindible un solo ministro de economía, Alfonso Prat Gay pasaría a la Cancillería y Lopetegui y Quintana, los vicecoorodinadores, pasarían a segundo plano, dependiendo de Economía y Finanzas. Pero hoy por hoy Macri no quiere cambios hasta marzo del año que viene, cuando comience la campaña electoral.

jueves, 25 de agosto de 2016

EL ACUERDO GOBIERNO DE COLOMBIA-FARC


El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron ayer su acuerdo definitivo para paz, donde se establece la hoja de ruta a seguir para el desarme total de la guerrilla y de ese modo poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

El presidente Santos se dirigirá al Congreso para presentar el acuerdo formal y se convocará a un plebiscito nacional para el 2 de octubre para refrendar los diálogos entre las partes. El mismo comenzó hace cuatro años ya en Cuba, auspiciado por Raúl Castro y la Iglesia católica. 

A continuación, reproducimos el texto completo anunciado por el gobierno de Colombia y las FARC:

La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

PREÁMBULO

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes;

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;

Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz;

Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;

Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar;

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI;

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza;

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles;

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz;

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

INTRODUCCIÓN

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.

La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.

Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

*

El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

*

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.

miércoles, 24 de agosto de 2016

RECONSTRUIR LA CAPACIDAD DE DEFENSA



José Manuel Ugarte

Clarín, 24-8-16
           
La defensa de Argentina está en una situación grave. El diagnóstico indica la obsolescencia del material bélico, la insuficiencia de los fondos de funcionamiento, que se refleja en la falta de un adecuado mantenimiento del material y en un adiestramiento insuficiente del personal, el número insuficiente del personal de tropa, significativamente inferior al personal de suboficiales, la desproporción entre el personal de diversos grados, particularmente con una hipertrofia en los grados superiores, que incrementa significativamente el gasto en personal.

Hay, además, unidades militares con una dotación insuficiente, personal con un promedio de edad elevado, inexistencia de capacidad propia de producción de armamento básico y munición, y sobredimensionamiento del personal civil y de las estructuras burocráticas.

Se trata de una situación en cuya producción han participado la totalidad de los gobiernos que ha tenido el país. No habrá de creerse que estamos revelando secretos.

Se trata de una situación absolutamente pública. En sus ediciones correspondiente a 2014 y 2015, la publicación Military Balance señala que el equipamiento de las fuerzas armadas argentinas es antiguo y crecientemente difícil y caro para mantener, con resultados de baja disponibilidad y niveles bajos de alistamiento operacional.

Más terminante, George Allison señaló en la revista UK Defense Journal (20 de agosto de 2015) que ... las fuerzas armadas argentinas han dejado de ser una fuerza de combate capaz.

Desde la restauración de la democracia en Argentina, en diciembre de 1983, no ha existido plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, sino algunas adquisiciones de material usado, como los 4-4AR Fightinghawk, de la década de los ‘70s y modernizados.

Con un presupuesto de defensa de alrededor del 1% del PBI, y un gasto en personal del 80%, es imposible proveer a un reequipamiento a fuerzas armadas, y tampoco puede obtenerse un adecuado adiestramiento.

Existe una urgencia prioritaria, consistente en determinar cuáles son los objetivos de nuestra defensa, renovar el material de guerra obsoleto y realizar una reestructuración en las Fuerzas Armadas, destinada a recomponer la pirámide de personal.

La real independencia de un país resulta de la posesión de capacidades para una defensa eficaz.

Dado que a la situación actual han contribuido todos los sectores políticos que gobernaron el país, su superación también podría y debería surgir del consenso de todos.

Preservar de peligros la existencia de laNación, bien podría ser una tarea para unir a los argentinos. Como escribiera el gran Jorge Luis Borges: “Nadie es la Patria. Todos lo somos”.




José Manuel Ugarte es abogado, especialista en temas de Defensa. Co-redactor de las Leyes de Defensa y Seguridad Interior. 

sábado, 20 de agosto de 2016

CURSO DE FILOSOFÍA SOCIAL Y POLÍTICA



Universidad Santo Tomás de Aquino -Tucumán

 18 de agosto de 2016


El Dr. Sergio Castaño es uno de los más destacados filósofos tomistas argentinos. Especializado en la Política, Castaño es un filósofo realista, preciso, riguroso como pocos. Sus trabajos enfocan cuestiones actuales desde una perspectiva tradicional. Católico cabal, su pensamiento está abierto a la Revelación, armonizando lo natural y lo sobrenatural, sin unilateralismos. Recomendamos la asistencia a este curso y ciertamente lamentamos no estar en condiciones de hacerlo.

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
(FACULTAD DE CC. JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES –UNSTA-)

PRESENTACIÓN

Nunca se insistirá demasiado en que todos los saberes que versan sobre la praxis del hombre en relación con sus semejantes, y esa `praxis misma, resuelven sus preguntas y encuentran su sentido en los fundamentos del orden social y político –por su parte asentados en la verdad acerca del hombre y sus fines-.  Es por ello que no resulta posible dar razón de las asunciones decisivas (siempre operantes, aunque sea implícitamente), sea en Política, en Derecho, en Economía, en Sociología, o en cualquier otro ámbito del conocimiento o de la realidad de la acción humana consociada, sin recalar en los principios.

Este seminario se propone hacer una incursión sintética pero esencial en algunos de los principios fundamentales del orden social y político, con la guía de un texto medular. Se trata del Curso de Filosofía Social impartido en 1947 por uno de los más esclarecidos conocedores de esas cuestiones que ha tenido la Orden Dominicana en Argentina, Fr. M. A. Pinto, cuya recuperación en copia mecanografiada constituye un verdadero hallazgo para la vida universitaria.

 En él se plantean y se adelantan fértiles soluciones a algunos de los principales problemas que posteriormente fueron objeto de tratamiento y de polémica por relevantes tomistas del s. XX, como Maritain, Meinvielle y Soaje Ramos.
En esta Lectio del Curso de Mario Agustín Pinto, OP, confluirán otros textos y tesis axiales de protagonistas del debate contemporáneo sobre los problemas tratados.

PROGRAMA

La noción de sociedad
El orden social
La familia
La sociedad política
La nación y el Estado
El Estado
El bien común del Estado
El error liberal
La persona humana y el Estado (I)
La persona humana y el Estado (II)
La autoridad

PERÍODO DE CURSADO
Una reunión semanal, los martes de 20 a 22 hs., a partir del 6 de septiembre
 y hasta el 15 de noviembre.
Se otorgarán certificados a quienes asistan al 75% de las reuniones.

El Curso se dictará en la sede del Centro de Estudios Políticos, 9 de julio 165, 5º piso - 3 ª, San Miguel de Tucumán.

Sin arancel. Abierto a estudiantes, graduados, profesionales, docentes y profesores.

lunes, 15 de agosto de 2016

LA MAFIA CALABRESA

Julio Algañaraz
 Clarín, 15-8-16 

 La mafia calabresa, la ndrangheta, se ha convertido en la mayor organización criminal del mundo, desplazando a La Cosa Nostra siciliana y a otras grandes mafias de otras naciones, según la convicción de los mayores especialistas en el tema y las mismas autoridades italianas. 

Ante todo ha desarrollado una especialidad cada vez más dominante en el tráfico internacional de cocaína, una droga que consumen 260 millones de habitantes del planeta, con una facturación superior a los 300 mil millones de dólares anuales, de los cuales la ndrangheta obtiene ganancias netas por más de 60 mil millones. 

 Los calabreses de la ndrangheta (palabra de origen griego que quiere decir “hombre bello” o valiente) actúan en 49 países por lo menos y en una parte consistente del mapa del globo se han instalado con “ndrinas”, que son las estructuras a partir de familias mafiosas que gobiernan la organización nacida al parecer en el siglo XIX. 

En Argentina la ndrangheta prospera con varias ndrinas y tiene una voz respetada en la organización con centro en Calabria. La leyenda, que los mafiosos cultivan en las ceremonias de iniciación y en el manejo de los ritos de la ndrangheta, sostiene la conocida versión de los tres caballeros españoles de la Garruña de Toledo, que debieron huir a Italia en 1412 tras defender el honor de su hermana y matar a su novio. Cada uno fundó en Italia una “gran familia” inspirados en la Garruña toledana. Osso creó La Cosa Nostra en Sicilia, Mastrosso la ndrangheta calabresa y Carcagnosso la Camorra en Nápoles. 

Es solo leyenda, pero los mafiosos creen que es auténtica historia y sus ritos hay que respetarlos. La ndrangheta funciona con una componente de familiarismo que la hace más impenetrable que La Cosa Nostra siciliana. Lo que no se sabía hasta hace unos años es que además existe una poderosa relación con la masonería. En una interceptación de la Justicia, un “capocrimine” comentó que de 32 organizaciones masónicas en Calabria, 28 estaban controladas por la mafia. Las actividades ilegales comprenden no solo los secuestros, el contrabando de armas, el tráfico de drogas a niveles industriales y también el de seres humanos. 

La corrupción en el mundo político y de gobierno para obtener contratos de obras públicas en todos los niveles (municipal, regional y nacional), ha favorecido la extensión formidable de la ndrangheta en las regiones industriales del rico norte italiano. Hace diez días, tras una investigación bautizada por los magistrados “Mammasantíssima”, uno de los nombres que reciben las mafias italianas, casi medio centenar de personajes de alto nivel fueron arrestados y se pudo saber que, por primera vez, una de las organizaciones criminales en el país había creado hace un cuarto de siglo una llamada “Cúpula de los Invisibles”.  

La cúpula mafiosa-masónica actuó cubierta por la omnipotencia y el secreto durante tanto tiempo, preparando y abasteciendo de técnicos y políticos a la administración pública. El personaje más elocuente es el senador Stefano Caridi, arrestado después de que la Cámara Alta concedió la autorización. Pero en la larga investigación judicial, que contó con 540 mil interceptaciones telefónicas, se descubrió que las mentes pensantes de la sociedad secreta a disposición de la ndrangheta son los abogados Paolo Romero y Giorgio Di Stefano. Ellos hasta lograron comprarse personajes del Parlamento Europeo para conseguir fondos regionales de la Unión. 

 Ambos fueron arrestados en varias ocasiones por sus actividades, pero ahora se sabe que son las mentes estratégicas para orientar en el mundo político y empresario a los “capocrimine” que eligen las “santas” (las ndrinas) en largos y secretísimos procesos electorales. Esa cúpula sigue siendo impenetrable. Gobernadores de Calabria, alcaldes de las ciudades más importantes, que estaban bajo la lupa de la justicia, eran objetivos conseguidos por los “invisibles”. Ahora se sabe. Todos están acusados de asociación mafiosa. Pero además los magistrados, que cuentan con el sustento de un poderoso bagaje de acción de las fuerzas policiales y de los servicios secretos, con respaldo técnico del FBI, han puesto bajo la luz de las candilejas a otros sujetos de “interés investigativo”. Ambos son de origen neofascista. Uno es el vicepresidente del Senado Maurizio Gasparri y el otro el ex alcalde de Roma, Gianni Alemano. Ambos niegan indignados, pero en el ámbito judicial sostienen que hay interterceptaciones telefónicas implacables sobre su complicidad con los “invisibles”.

MALVINAS, TIERRA DE HÉROES, ES MÁS QUE PETRÓLEO: ES PESCA


 Roberto V. Maturana
Informador Público, 15-8-16

Sr. Presidente


Respetuosamente:

A principios de agosto de 2016, Theresa May a través de una carta le comunico su interés por el inicio de negociaciones vinculadas a vuelos y extracción de hidrocarburos en nuestras islas, pidiendo el fin de medidas restrictivas para Gran Bretaña.

“Es mi sincero deseo que, donde tengamos diferencias, estas puedan ser superadas en una atmósfera de mutuo respeto y con la intención de actuar en una forma que beneficie a todos los involucrados”. May le expresa en su deseo que el Reino Unido y la Argentina puedan continuar “trabajando juntos” hacia una “fase más productiva” de la relación.

En junio de 2016, en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, reunido en Nueva York especialmente para tratar la cuestión Malvinas, nuestra canciller Susana Malcorra exhortó al Reino Unido a reanudar las negociaciones por las Islas Malvinas.

Señor Presidente: tiene una oportunidad única para lograr una equilibrada negociación sin precedentes. Argentina no puede ingresar a pescar en sus propias aguas soberanas por determinación unilateral de Gran Bretaña. Así es como debemos asumir que en un plano de igualdad, la flota nacional debería poder ingresar a pescar a la ilegal zona de exclusión.

Filmus y Bustamante, funcionarios de la política depredadora de Cristina Fernández de Kirchner, que siguiendo las indicaciones de su jefa, al igual que ella, jamás hablaron de la pesca en Malvinas, en custodia de la caja más corrupta de nuestra historia en democracia.

Pero la canciller Malcorra, al igual que sus antecesores Timerman y Taiana, tampoco habló de los recursos pesqueros nacionales que hacen ricos a los Kelpers. La venta de licencias de pesca de nuestras especies tranzonales y migratorias del continente, invaden los mercados del mundo compitiendo con las exportaciones nacionales, esas aun capturadas por buques de pabellón argentino, con tripulación argentina y los costos tributarios argentinos.

Las imágenes satelitales que recorrieron el mundo mostrando buques pesqueros factorías que pescan durante la noche en el Mar Argentino, también muestra la de la zona que Gran Bretaña excluyó a nuestra flota.

Antes de la guerra de Malvinas en 1982, la zona marítima económica de los malvinenses se extendía a 3 millas marinas alrededor de las islas. Al finalizar la guerra se extendió a la denominada "zona de exclusión", que llegaba a las 200 millas marinas. Esa zona creció exponencialmente durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En esa área económica, responsabilidad del gobierno argentino, perdemos U$S 4000 millones anuales por pesca ilegal que enriquece a May y su séquito.

Muchos de esos buques son chinos, con banderas de Taiwan. China se apropia de nuestros recursos ilegalmente pero continuamos firmando acuerdos que extrañamente nunca son denunciados a costa de hambrear a las comunidades pesqueras.

Los mandatarios de Argentina y China firmaron la Declaración para Fortalecer la Asociación Estratégica Integral y convenios de cooperación

En febrero de 2015, Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping firmaron convenios de cooperación y suscribieron una declaración conjunta de Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral.

Por ello Bustamante sigue caminando el Consejo Federal Pesquero, y se reúne con Tony Solimeno en su casa de Mar del Plata mientras los chinos se hacen dueños del fresco. Hay que solucionar los pendientes y seguir robando la reserva alimentaria de la Nación.

Como argentino conocedor de la problemática y del área, veo con preocupación que lo único que se tratará en esta nueva etapa de esperanza, es de petróleo y vuelos. Si así fuera, queda de manifiesto una vez más que la Nación carece de una política pesquera que este a la altura de la realidad geopolítica.


Nuestra Pampa Azul tan rica como el campo, utilizada como moneda de cambio de todos los políticos corruptos que detentaron el poder hasta hoy, sigue sangrando con nuestros héroes de Malvinas.