La
Nación, 31 DE JULIO DE 2016
La
cuestión de la edad jubilatoria alcanzó los medios públicos como consecuencia
de las declaraciones aparentemente contradictorias de dos altos funcionarios.
El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, expresó que se puede trabajar muy bien
después de los 65 años. Viniendo esas palabras de quien tiene responsabilidades
en la atención de la clase pasiva, se tomó su afirmación como un proyecto
oficial de extender la edad de retiro. Casi de inmediato, el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, desmintió que eso estuviera bajo estudio ni que fuera un tema a
tratar por la comisión que analizará posibles reformas al sistema previsional.
A
partir de la contrarreforma de 2008, el sistema de jubilaciones en la Argentina
ha vuelto a ser estatal y de reparto. Su factibilidad financiera está
condicionada a la relación entre el número de aportantes y el de beneficiarios.
Antes de la creación del sistema de capitalización, en 1995, esa relación ya
tendía a ser crítica y fue justamente eso lo que motivó la reforma. El
desplazamiento de los aportes al sistema privado hizo necesario que el pago de
las jubilaciones y pensiones que quedaron a cargo del Estado se hiciera con
recursos provenientes de otros tributos. El 15% de la masa de impuestos
coparticipables fue detraído de las provincias y derivado a la Anses.
Luego
de la reestatización, los aportes de todos los trabajadores formales volvieron
a la Anses, al igual que los fondos acumulados con los que se creó el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. El gobierno nacional de entonces evitó disponer el
retorno a las provincias de aquel 15% de los impuestos coparticipables. En
realidad, los necesitaba porque el equilibrio del sistema de reparto se había
agravado al empeorar la relación entre activos y pasivos. Tres provincias
hicieron juicio y la Corte Suprema de Justicia sentenció en favor de ellas un
mes antes del 10 de diciembre de 2015.
Días
después, la ex presidenta Cristina Kirchner extendió por decreto esa sentencia
al resto de las provincias para agregar otra perversa bomba de tiempo a la
gestión del presidente Macri. Naturalmente, Macri desactivó esa bomba mediante
otro decreto de necesidad y urgencia, pero no tuvo más remedio que negociar con
las provincias una gradualidad en la devolución de la recaudación de esos
impuestos. La Anses queda desfinanciada teniendo transitoriamente como salvavidas
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Debe decirse, sin embargo, que desde
2008 este Fondo fue intensamente utilizado para solventar el déficit fiscal y
para financiar obras públicas de escasa o nula rentabilidad. Hoy está integrado
principalmente por títulos públicos y créditos incobrables.
Los
ahorros acumulados por los aportantes al sistema de capitalización que fueron
confiscados, ya no respaldan su futura jubilación. Debe recordarse además que
mediante dos moratorias se jubilaron alrededor de 3,5 millones de personas que
no habían realizado aportes. A esto hay que agregar las obligaciones que crea
la reciente ley 27.260 de Reparación Histórica de los Jubilados. El pasivo a
futuro será impagable si no se hacen reformas que permitan una situación más
equilibrada. Una de esas reformas es el aumento de la edad de retiro.
Hay
varias circunstancias que contribuyen a hacer posible ese aumento que, como
hemos visto, es necesario para lograr la solvencia del sistema. Más imperioso
aún si es que la decisión es continuar con un sistema estatal de reparto. La
esperanza media de vida en la Argentina ha aumentado sostenidamente. Desde 1966
hasta 2014 ha pasado de 65,8 a 76,2 años. Debe hacerse notar que es mayor en
las mujeres (80,1 años) que en los hombres (72,4 años).El porcentaje de la
población de más de 65 años ha evolucionado desde un 11,2% en 1966 a un 23,5%
en 2014. Actualmente, la relación es de 1,13 aportantes por cada beneficiario.
Es una relación insostenible ya que para equilibrar el sistema cada aportante
debería entregar el 88% de su salario.
Las
declaraciones de Regazzoni hicieron referencia a la capacidad de las personas
para trabajar después de los 65 años. Su profesión de médico avala esa
afirmación, que por otro lado está claramente demostrada por la ciencia. Por lo
tanto es de toda lógica y necesidad programar un aumento de la edad
jubilatoria. Naturalmente, ello debe seguir un curso racional que no aleje
abruptamente la fecha de retiro de quienes están muy próximos a hacerlo. No hay
motivo, además, para que no se iguale esa edad entre mujeres y varones. Este
proceso debería ser muy bien explicado y expuesto ante la sociedad. No hay en
esta cuestión ningún aspecto ideológico. No debiera el jefe de Gabinete
renunciar a esta reforma que hoy se percibe como ineludible en el marco de una
crítica situación previsional y fiscal.
