miércoles, 30 de marzo de 2016

¿CAMBIO DE PARADIGMA?

Reproducimos un artículo publicado hoy, que reitera la opinión generalizada: necesidad de legalizar el consumo de sustancias. Agregamos un breve comentario que pretende refutar esta tesis.
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La guerra contra las drogas ha fracasado

Florencia Fontán Balestra

La Nación, 30 DE MARZO DE 2016


La fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci durante el comienzo del gobierno del presidente Macri dejó en evidencia la severa crisis que atraviesa el sistema de seguridad pública argentino y la necesidad urgente de cambios en las políticas del área. La ineficiencia de las instituciones de seguridad pública responsables de resolver la fuga -desde el sistema penitenciario hasta las diferentes fuerzas policiales que participaron de la persecución- mostró a los argentinos la magnitud del problema en ciernes.

Según los datos oficiales, la crisis del sistema de seguridad argentino se encuentra especialmente agravada por el crecimiento significativo, durante la última década, del narcotráfico y el crimen organizado. Consciente de la gravedad del problema, Macri asumió la presidencia con la promesa de cambiar esta realidad y, como primera medida, declaró la "Emergencia en Seguridad Pública" para todo el país a fin de "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".

La coyuntura actual nos coloca frente a una oportunidad histórica de repensar nuestras políticas de seguridad pública, particularmente las relacionadas con el tráfico y consumo de drogas ilícitas. Sin lugar a dudas, los desafíos son grandes, pero debemos tener cuidado para no caer en el error de implementar las tradicionales soluciones "mágicas", centradas exclusivamente en la criminalización y el castigo, que comprobadamente se han mostrado ineficaces y contraproducentes para lidiar con la cuestión.

En primer lugar, es importante reconocer que la Argentina no está sola en este arduo empeño. Varios países -muchos de ellos nuestros vecinos- enfrentan hace décadas niveles inaceptables de violencia y criminalidad, asociados principalmente a la llamada "guerra contra las drogas". Efectivamente, por ser una de las principales regiones de producción y tránsito de drogas ilícitas destinadas al mercado global, América latina se encuentra actualmente en el epicentro del debate internacional sobre política de drogas.

Por varias décadas, la región fue escenario central de la política americana de "guerra contra las drogas", lanzada por el presidente Nixon hace más de 40 años, según la premisa de que era posible alcanzar "un mundo libre de drogas", y apoyada por el sistema internacional a través de tres convenciones de las Naciones Unidas (ONU). En la práctica, esta política se tradujo en un régimen internacional prohibicionista destinado a eliminar globalmente la producción, el suministro y el consumo de drogas ilícitas, a través de leyes nacionales que criminalizan a los usuarios y traficantes de drogas. En la actualidad, se estima que el gasto global anual en acciones de represión asociadas a la lucha contra las drogas ilícitas excede los 100.000 millones de dólares.

Sin embargo, tras décadas de implementación de este paradigma y billones de dólares invertidos, no queda otra opción que sostener que la guerra contra las drogas ha fracasado. Esta afirmación se fundamenta no sólo en el hecho de que las políticas prohibicionistas no consiguieron reducir eficazmente la oferta y el consumo de drogas ilícitas, sino también en que causaron consecuencias devastadoras en varios países de América latina.

Con respecto a la reducción del mercado y del consumo de drogas ilícitas, la guerra contra las drogas tuvo exactamente el efecto inverso al deseado: los precios de las drogas ilícitas cayeron, el consumo aumentó y el narcotráfico se transformó en un negocio billonario, capaz de corromper y desestabilizar las instituciones democráticas, inclusive de los Estados más fuertes. Los cálculos actuales estiman que existen aproximadamente 300 millones de consumidores de drogas ilícitas en todo el mundo, que contribuyen a un enorme mercado criminal del orden de los 330.000 millones de dólares al año, responsable de financiar las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico. Por otro lado, las principales drogas ilícitas son más baratas hoy que hace 50 años y cada vez más accesibles para los consumidores.

Paralelamente, los índices de violencia y criminalidad han alcanzado niveles epidémicos en varios países de la región, considerada la más violenta del planeta: aquí se comete un tercio de los homicidios del mundo, a pesar de contar apenas con el 8% de la población global. En Brasil, campeón mundial en números absolutos de homicidios, se estima que más de la mitad de los 60.000 homicidios anuales se encuentran relacionados con la guerra contra las drogas. Por otro lado, la respuesta punitiva también derivó en la aplicación indiscriminada de penas excesivas y en la represión desproporcionada de los usuarios y pequeños traficantes, constatándose también importantes violaciones de los derechos humanos en todo el continente. Como consecuencia de la situación descripta, las prisiones en la mayoría de los países de América latina se encuentran superpobladas y muchas veces operan por encima de su capacidad.

Por último, el contexto internacional prohibicionista ha impulsado la criminalización, la marginalización y la estigmatización de los usuarios de drogas, con impactos devastadores para la salud pública. En lugar de invertir en programas eficaces de prevención, tratamiento y reducción de daños, los gobiernos siguen gastando miles de millones de dólares cada año en detener y castigar a los consumidores de drogas y en someterlos a tratamientos compulsivos de desintoxicación que comprobadamente no funcionan.

No hay dudas de que el panorama actual impone la necesidad urgente de un cambio de paradigma. Los costos humanos, sociales y económicos que la guerra contra las drogas ha ocasionado para América latina no pueden seguir siendo ignorados. Ante este escenario, varios países de la región han iniciado procesos de reforma a nivel nacional con la meta de colocar en primer lugar la salud y la seguridad de las personas. Esto implica sustituir el enfoque punitivo actual para abordar el uso y abuso de las drogas por un enfoque de salud pública y derechos humanos.

Países como Colombia, México, Guatemala y Uruguay han comenzado a experimentar con políticas alternativas, distintas al régimen actual, que priorizan la prevención, la reducción de daños y el tratamiento de los usuarios de drogas, y centran los esfuerzos represivos exclusivamente en el narcotráfico y el crimen organizado. Estos países también han iniciado un movimiento internacional que cuestiona el paradigma prohibicionista actual y solicita que se debatan genuinamente enfoques alternativos. Sus acciones han tenido impacto, en la medida en que han conseguido instalar el debate dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. Este esfuerzo internacional culmina con el llamado a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas con el fin de evaluar los logros y desafíos del sistema actual de lucha contra las drogas. La sesión especial, que se realizará entre los días 19 y 21 de abril próximos, representa una oportunidad histórica para discutir las limitaciones del régimen actual e identificar políticas alternativas viables y efectivas para lidiar con la problemática.

La Argentina también se encuentra frente a una oportunidad sin precedentes de repensar su estrategia contra las drogas. Es importante que, en el proceso de construir una nueva política, tengamos la humildad de mirar hacia afuera, no sólo para aprender de los errores de nuestros vecinos, sino también para identificar las políticas que efectivamente han obtenido resultados positivos. Asimismo, es fundamental que intentemos eliminar del debate las visiones ideológicas y los prejuicios que impiden una discusión racional y postergan el abordaje inteligente de este enorme reto social. Para que exista un verdadero cambio, la Argentina precisa implementar una respuesta integral y equilibrada que de forma efectiva y humana consiga proteger mejor la salud y la seguridad de los individuos y de la sociedad en general.

Investigadora senior y directora de Desarrollo Institucional del Instituto Igarapé de Brasil


APUNTES  SOBRE  DESPENALIZACION  DEL  CONSUMO  DE DROGAS
25/11/2003

Hace ya varios años, el ex-Presidente, Dr. Eduardo Duhalde, reflexionaba en un libro sobre el tema:
“A veces se interpreta el fenómeno de la drogadependencia como una forma de protesta o rebelión frente a la sociedad establecida. En el caso de la sociedad de consumo podemos decir que la drogadependencia es en realidad, en buena medida, resultado de la imposibilidad de la participación real en la vida comunitaria, sobre todo en el caso de los jóvenes que ven muy limitados sus espacios de inserción en múltiples niveles: laboral, educativo, social, político. Entonces, no es casual que en la sociedad de consumo la drogadependencia llegue a adquirir la envergadura de un grave problema social, ya  que responde de manera directa a sus caracteres esenciales. Es en la fragua de esta cultura del consumismo donde se forja la contracultura de la droga. Es que en la sociedad de consumo “la droga” es presentada y promovida como “objeto todopoderoso”. Es la máxima expresión de lo producido por la sociedad de consumo”. (Los políticos y las drogas; l989, pgs. 2l/22)

Un experto en el tema, el Dr. Juan Alberto Yaría, que fue posiblemente el mejor funcionario dedicado a la prevención de este flagelo, expresa con firmeza:
“La confusión se une a la frialdad. Fríamente se propone una salida tóxica para los problemas humanos. Entramos ya de lleno en la existencia tóxica como propuesta social. Dentro de este contexto de banalización de los conflictos humanos la droga es un objeto de consumo más. En la ética mercantilista, que descalifica cualquier marco objetivo de valores, la droga si es demandada debe ser ofrecida.”
(La existencia tóxica; Ed. Lumen, l993, pg. IV)

Legalizar el consumo de drogas, sosteniendo que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida, implica ignorar que el adicto -palabra que proviene de “esclavo” - “no es consciente de sus actitudes autodestructivas y carece de la capacidad de actuar por el libre albedrío. Todo lo contrario, está enajenado y hasta que no se lo desintoxique no podremos contar con una parte suya capaz de colaborar con nosotros en su propio tratamiento.”
Esto lo afirma otro experto, el Dr. Eduardo Kalina - en “Temas de drogadicción”, Ediciones Nueva Visión, l987, pg. l00- , quien agrega que:
 “La drogadicción es un fenómeno humano contra natura”. Algunos pretenden legislar guiados por esquemas ideológicos. “Mientras tanto muchos cerebros van mutando hasta niveles irreversibles. A veces hasta su destrucción total. Las células nerviosas no reproducibles van alterando su química y estructura biológica...¿Y el placer, me recordarán ustedes? Es espúreo, pues va seguido de destrucción. ¿Cáncer, infarto, enfisema, psicosis, atrofias cerebrales, robos, crímenes, suicidios son consecuencias o sinónimos de placer? (op. cit., pgs. l06/l07)

Quienes postulan la despenalización del consumo de drogas, suelen basarse en el Art. l9 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
La propia Corte Suprema de la Nación, en los casos Bazterrica y Capalbo, resueltos en l986, convalidó este criterio, con el argumento de que “el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los elijan...”.
Pero, la misma Corte, en el caso Montalvo (ll-l2-l990), modificó la jurisprudencia confirmando la incriminación legal de la mera tenencia de drogas para consumo personal. Se consideró que entre las acciones que ofenden el orden y la moral pública se encuentra la tenencia de estupefacientes, porque tratándose de una figura de peligro abstracto, está incluida la trascendencia a terceros, por “el efecto contagioso de la drogadicción y la tendencia a contagiar de los drogadictos son un hecho público y notorio o sea un elemento de la verdad jurídica objetiva que los jueces no pueden ignorar”.
Por ello, esta acción tiene los efectos aludidos en el Art. l9, “de estar sujeto a la autoridad de los magistrados y, por lo tanto, se subordina a las formas de control social que el Estado, como agente insustituible del bien común, pueda emplear lícita y discrecionalmente.” (Fallos CSJ, 3l3-l333)

Cualquier proyecto legislativo de despenalización, debería tener resueltas todas las dudas que surgen del cuestionario siguiente, cuya lectura basta para comprender lo absurdo de una propuesta legalizadora:
l. ¿Qué narcóticos y drogas psicotrópicas deberían legalizarse?
2. ¿Deberían los narcóticos y las drogas psicotrópicas ponerse a disposición de cualquiera que quisiera probarlas? ¿Incluso los niños?
3. ¿Se pondría a disposición de los consumidores habituales o adictos un suministro ilimitado? ¿O tendrían que pagar el precio de mercado? ¿Podrían aquellos que sufren una fuerte dependencia o son adictos trabajar o incluso desempeñar un empleo?
4. ¿Que pasaría con los pilotos de aerolíneas, cirujanos, policías, bomberos, personal militar, maquinistas de ferrocarril, conductores de ómnibus, camioneros, maestros, etcétera?
5. ¿Quien suministraría las drogas? ¿Empresas privadas o el gobierno? ¿Se las proveería al costo, o con un margen de utilidad? ¿Estarían sujetas a impuestos?
6. ¿Donde podrían obtenerse las drogas? ¿En farmacias, clínicas, supermercados?
7. ¿Afectaría la legalización  las primas de los seguros de vida, y las cuotas de las obras sociales?
(Cfr. James Inciardi. “La guerra contra las drogas”; GEL, l993, pgs. 237/239)

Las esperanzas en consecuencias positivas de la legalización son ilusorias; la experiencia simple del juego legalizado que no ha eliminado el juego clandestino, debería bastar para comprender que actividades como el consumo de drogas seguiría vinculado al crimen organizado, que no cederá voluntariamente un negocio tan lucrativo. “Por contraste, hay numerosos argumentos legítimos contra la legalización de las drogas, todos los cuales tienen considerable  apoyo empírico, histórico, farmacológico y/o clínico”. “...la lógica utilizada por aquellos que están a favor de la legalización de las drogas es a la vez simplista y sofista. Plantean el argumento, por ejemplo, de que las tasas de heridas y muerte a causa de drogas ilegales son relativamente menores cuando se las compara con las del consumo de alcohol y tabaco. La deducción lógica ofrecida es que la heroína y la cocaína no son realmente tal malas y que en consecuencia deberían legalizarse. Lo que sumariamente se ignora es que las tasas de muerte por el alcohol y el tabaco son elevadas debido a que estas sustancias se pueden conseguir con facilidad y son ampliamente consumidas...”.  (Inciardi, op. cit., pgs. 239 y 249)

Recordemos el concepto de droga: toda sustancia natural o sintética con capacidad de generar un efecto sobre el sistema nervioso central; generar una dependencia física o psíquica; y constituir un peligro sanitario y social. No puede negarse que el adicto es un enfermo, pero debe destacarse que la drogadicción también es un vicio -hábito negativo- y, para los creyentes, un pecado; así lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 229l). Lejos, entonces, de poder aceptarse a la adicción a las drogas como uno más de los derechos humanos, debe reconocerse que se trata de “un fenómeno humano contra natura”.[1]

Lamentablemente, con la nueva composición de la Corte Suprema, es probable que se vuelva a la jurisprudencia anterior. Es que: “En la ética mercantilista, que descalifica cualquier marco objetivo de valores, la droga si es demandada debe ser ofrecida.”[2]

Es importante señalar, para concluir, que en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las Drogas (8/l0-6-l998), los l85 países representados acordaron, entre otras cosas, rechazar cualquier sugerencia de legalización de drogas duras o blandas, y sobre la necesidad de definir una estrategia común de combate que respete las soberanías y los derechos humanos.




[1]  Kalina, Eduardo. “Temas de drogadicción”; Buenos Aires, Nueva Visión, l987, p. 115.
[2]  Yaria, Juan Alberto. “La existencia tóxica; Buenos Aires, Lumen, p. IV.