Mariano De Vedia
LA NACION, 14
DE NOVIEMBRE DE 2015
La noche en que cumplía 88 años, mientras compartía la
celebración con familiares y amigos en su vivienda de San Isidro, el coronel
retirado Carlos Alberto Saini recibió un regalo inesperado: llegaron un
patrullero y una ambulancia para trasladarlo por la fuerza pública al Complejo
Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Pasó a convertirse, así, en el militar preso con mayor
edad en las causas en que se investigan violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar. Se le imputa responsabilidad en el funcionamiento
de un centro de detención ilegal en Olavarría.
Pese a su delicado estado de salud, fruto de una
severa afección cardíaca y problemas de hipertensión, lumbalgia, glaucoma y
artrosis, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata le revocó la detención
domiciliaria que cumplía desde hace un año y nueve meses y ordenó su traslado a
la prisión de Marcos Paz.
Previo llamado telefónico, a las 21.15 fue retirado de
su casa, detenido, delante de sus hijos y nietos.
"No fue un caso aislado. En esos días hubo otros
operativos similares", explicó a LA NACION su hija Claudia Saini,
preocupada porque considera que la enfermería del penal de Marcos Paz no cuenta
con todas las condiciones necesarias para atender a pacientes con cuadros de
extrema gravedad.
También fueron encarcelados en sendos operativos el
coronel Oscar José Bardelli, de 74 años; el capitán de navío retirado Carlos
Robbio, que combatió en Malvinas; el ex comisario Roberto Manuel Fantini, quien
sufrió una descompensación y debió ser hospitalizado al enterarse de la
detención, y el médico Luis Alejandro Seambelar, entre otros casos.
"Fue una caza de brujas. Le tuvimos que decir que
se lo tenían que llevar", dijo la hija de Saini a LA NACION, tras señalar
que la revocación de la detención domiciliaria se basaba en que "existía
peligro de fuga y posibilidad de ocasionar un acto de sedición".
Perteneciente a la promoción 79° del Ejército y al
arma de Caballería, el coronel Saini compartió estudios en el Colegio Militar
con Mario Benjamín Menéndez (el ex gobernador de Malvinas durante la ocupación
de las islas, recientemente fallecido). Fue segundo comandante de la Brigada de
Tandil, adonde llegó en 1978 y actuó hasta 1981, año en que pasó a retiro.
"Había sido jefe del regimiento de Azul y no tuvo
denuncias. Ahora tiene que hacerse cargo de la responsabilidad porque el
comandante de la unidad ya falleció", señaló su hija.
La tendencia a acelerar los procesos por crímenes de
lesa humanidad sobre el filo del ciclo kirchnerista se percibe en distintas
causas que fueron reactivadas en las últimas semanas.
Hace unos días, el juez federal de Tucumán, Daniel
Bejas, dictó el procesamiento de 20 militares, gendarmes y policías, acusados
de intervenir en el Operativo Independencia y de estar involucrados en delitos
de lesa humanidad contra 269 víctimas.
Como autores mediatos, responsables de impartir
órdenes, fueron procesados el ex jefe de la Fuerza de Tarea "Ibatin",
Ernesto Repossi, junto a otros oficiales, entre quienes se encuentra el
entonces jefe del regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Héctor
Ríos Ereñú, luego jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Por otra parte, un informe de la Procuraduría de
Crímenes contra la Humanidad muestra un aumento en la cantidad de condenados en
las causas por violaciones de los derechos humanos en la dictadura militar.
Detalla que en la actualidad hay 2166 imputados en 514
causas por delitos de lesa humanidad. De ese total, hay 622 condenados y 57
absueltos. Hay, también, 883 procesados, 113 con falta de mérito, 11 sobreseídos
y 196 personas indagadas .
Entre los imputados, 1065 están detenidos (49%) y 753
(35%) siguen los juicios en libertad. Hay 59 prófugos y 280 fallecieron durante
los procesos o luego de la condena. La Unión de Promociones, sin embargo,
contabiliza unos 328 "muertos en cautiverio".
El informe del organismo que responde a la procuradora
general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, muestra que de esos 1065 imputados,
587 están detenidos en unidades del servicio penitenciario y 441 cumplían,
hasta el último día de septiembre, arresto domiciliario.
Imputados y detenidos
En la actualidad hay en la Justicia 2166 imputados en
514 causas por delitos de lesa humanidad. De ellos, 1065 están detenidos y 753
en libertad
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad,
hay 622 condenados y 883 procesados. Hasta hace un mes, 441 cumplían arresto
domiciliario
Fuentes castrenses advirtieron que con frecuencia se
intensifican cerca de fin de año las resoluciones judiciales que revocan la
prisión domiciliaria
