La Nación, editorial, 22 DE OCTUBRE DE 2015
No causó sorpresa pero sí una lógica preocupación la
denuncia realizada ante la Justicia por las diputadas Laura Alonso y Patricia
Bullrich sobre una eventual maniobra de espionaje de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI, ex SIDE) en perjuicio de conocidas figuras políticas,
judiciales, periodísticas, de la farándula e incluso del propio mundo del
espionaje vernáculo.
Las legisladoras ratificaron ayer la denuncia ante la
Justicia y afirmaron que recibieron el largo listado de los presuntos espiados
por medio de una fuente anónima que dijo tener alguna vinculación con los
servicios de inteligencia. Alonso explicó que esa fuente le informó que el
listado indicaba que se realizan interceptaciones de líneas telefónicas y
almacenamiento de datos de comunicaciones mediante Whatsapp, mails, mensajes de
texto, teléfonos celulares y computadoras. Se sospecha que maniobras de este
tipo apuntan a la obtención de información que pueda prestarse a extorsiones,
entre otras deleznables maniobras.
En medios judiciales se lamentó que poco después de
efectuadas las denuncias judiciales, la información y el listado de espiados
trascendieran al periodismo, pues eso atentaba contra la realización de ciertas
medidas sorpresivas. Pero también es cierto que, salvo excepciones, la Justicia
no ha podido avanzar ante este tipo de denuncias y que, además, nadie en
nuestro país duda de que, pese a las afirmaciones en contrario del titular de
la AFI, Oscar Parrilli, las labores ilegales de inteligencia continúan pese al
cambio de denominación de la ex SIDE.
Constituye una verdadera aberración que a más de
treinta años del retorno de la democracia poco y nada se haya avanzado en un
campo tan importante como es el de la privacidad y la necesidad de que los
servicios de inteligencia actúen en el marco de la ley. En cambio, los hemos visto
fracasar en forma reiterada en lo que debería ser su materia específica. Por
ejemplo, no supieron prevenir los atentados a la embajada de Israel en 1992, a
la AMIA en 1994 y a la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995. Al contrario,
los hemos visto enredarse en oscuros episodios de nuestra historia reciente,
como es el caso de las derivaciones de la investigación del atentado a la AMIA.
En esa investigación llegaron a enfrentarse dos sectores internos de la SIDE.
El que resultó triunfante, comandado por Horacio Antonio Stiuso, ha tenido un
papel turbio en la investigación de aquel atentado terrorista.
La gravedad de lo denunciado por las legisladoras
Alonso y Bullrich llevó al presidente del bloque de diputados nacionales de la
UCR, Mario Negri, a presentar una nota a la presidenta de la Comisión Bicameral
de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, la diputada
oficialista María Teresa García, para pedirle la convocatoria de la Comisión
Bicameral. Es lógico el pedido de Negri. Lo que es de lamentar es el nulo papel
que hasta ahora ha tenido el seguimiento parlamentario de la real actividad de
los servicios.
No hace mucho, los testimonios de los políticos,
empresarios y periodistas que anteriormente fueron víctimas de las escuchas
ilegales de la ex SIDE eran el principal indicio de la actuación irregular de
nuestros espías hasta que una investigación de LA NACION reveló que en los
primeros diez años del kirchnerismo ese organismo elaboró más de 600.000
informes reservados sobre "seguridad nacional". En ese período pasó
de producir 3,8 informes diarios en 2002, a unos 150 cada 24 horas en los
siguientes años. Como sostuvimos en esta columna, se trata de una cifra
descomunal que surge de datos que el propio organismo informó al rendir cuentas
sobre el gasto.
Ni siquiera la existencia de una grave amenaza externa
podría justificar los 600.000 informes reservados, cuya cantidad sólo se
explica si bajo el eufemismo de "seguridad nacional" se esconde la
vigilancia a todas aquellas personas y entidades que en la alienada concepción
persecutoria del oficialismo pudieron representar algún riesgo. Por riesgo se
entienden el mero pensar y opinar de forma diferente del kirchnerismo.
El favoritismo de Néstor y Cristina Kirchner por
Stiuso redundó en un descomunal aumento del poder de este superagente, al que
la Presidenta tuvo que desplazar a fines del año pasado. Los lazos que Stiuso
supo anudar con varios funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial tal vez
expliquen que, hasta el presente y pese a varias denuncias, los magistrados no
avanzan con la celeridad deseada. Tampoco el Gobierno tendría interés en ubicar
a Stiuso, pese a las afirmaciones de la Presidenta.
El gobierno kirchnerista consolidó un Estado policíaco
con su empleo ilegal del espionaje, tarea en la cual también aprovechó los
servicios del Ejército desde los años en que el general César Milani comandó la
Inteligencia de la fuerza.
El próximo gobierno enfrentará la imperiosa necesidad
de desmantelar ese Estado-espía y de poner de una vez por todas al espionaje al
servicio de la ley y no de los espurios intereses sectoriales.
