Ismael Bermúdez
Clarin.comiEcoEconomía11/10/15
Aunque la presidenta Cristina Kirchner insiste en que
la Argentina quedó desendeudada y con el pago del Boden 2015 se cerró “el último
capitulo del endeudamiento”, en realidad, la deuda pública durante la gestión K
aumentó a un promedio de US$10.000 millones por año.
Las cifras oficiales del Ministerio de Economía marcan
que al momento de la asunción de Néstor Kirchner la deuda publica era de
US$152.600 millones y alcanzó los US$233.200 al 31 de diciembre de 2014 (último
dato oficial). Si se agrega la deuda no registrada (saldo cupones PBI), la
nueva deuda contraída durante este año, la deuda publica asciende a US$270.000
millones. Este incremento del endeudamiento público de más de US$110.000
millones se produjo a pesar de que durante la gestión K se pagaron vencimiento
por US$145.000 millones.
En gran parte, los vencimientos de deuda con los
acreedores privados y organismos internacionales se pagaron con reservas del
Banco Central y con préstamos de otros organismos públicos. Por ese motivo, el
60% de la deuda de la Administración Central está en manos del propio Estado a
través del BCRA, ANSeS, etcétera El especialista Héctor Giuliano señala que
entre los prestamistas públicos del Gobierno estarían: El Banco Central, al que
el Tesoro Nacional le debe más de US$ 90.000 millones entre letras, títulos y
adelantos transitorios.
La ANSeS – que no tiene fondos propios sino que
administra la plata de los jubilados–, que tiene más del 64 % del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Previsional prestado al Gobierno.
El Banco Nación (cuya finalidad primaria es prestar al
sector privado productivo pero tiene aproximadamente la mitad de su cartera de
créditos prestada al Estado (en préstamos y títulos públicos).
Una larga serie de otros entes públicos y
semipúblicos, como el BICE-Banco de Inversión y Comercio Exterior, Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Instituto
Nacional de Reaseguros (INDER), Lotería Nacional, Energía Argentina (ENARSA),
Superintendencia de Seguros de Trabajo (SRT), entre otros.
“Estos préstamos de la deuda intra-Estado usualmente
se hacen contra letras/bonos que en la práctica equivalen a desvíos de fondos
de sus destinos específicos y no tienen capacidad de repago demostrada”,
precisa Giuliano. Y agrega: “tener deuda interna e intra-Estado, en lo
inmediato, obviamente es mejor que tener deuda externa con terceros, pero ello
no elimina la cuestión de fondo del reendeudamiento y toma de nueva deuda sin
capacidad de repago (con el sector público y con el sector privado), sobre todo
si se tiene en cuenta cuál es el objetivo final de este macro-sacrificio de
recursos y activos financiero-fiscales”.
Es que “la deuda intra-Estado” no es neutra –no se
trata de un “pagaré” donde acreedor y deudor son la misma persona y, por ende,
su falta de cumplimiento o default no tiene consecuencias sobre las Finanzas
Públicas: es plata que se tiene que devolver. “El costo financiero de la deuda
intra-Estado conlleva la descapitalización del BCRA, el desfinanciamiento del
sistema previsional que administra la ANSES, la merma de créditos prestables al
sector privado productivo por parte del Banco Nación y un sistemático desvío de
fondos presupuestarios de sus destinos específicos”.
Todo esto se traduce en alta inflación, falta de
dólares para importar afectando las líneas de producción, dólar paralelo, altas
tasas de interés en pesos y dólares, etcétera.
Además, “el desendeudamiento con terceros vía
transferencia del grueso de la deuda al propio Estado deudor deja abierta, a la
vez, la posibilidad –una “posibilidad” que ya se está ejecutando– de una
reducción parcial y gradual de la misma, aunque no por cobertura o cumplimiento
sino al contrario, por su licuación e impago”, advierte Giuliano.
Al mismo tiempo, ahora que el Banco Central está con
las reservas “por el piso”, el Gobierno volvió a reendeudarse con un “festival
de bonos” a tasas más caras. Por ejemplo, esta semana logró colocar apenas
US$637 millones del Bonar 2020 y a cambio de una tasa del 9,21%, cuando en
abril por el Bonar 2024 había pagado el 8,95%.
