La reformulación del sistema de reparto de la
recaudación lleva 20 años de atraso. Cada vez más las provincias dependen de
decisiones arbitrarias. El esquema mató el federalismo.
Por Gabriela Origlia
Alfil, 20-10-15
Son muchos los temas económicos que el próximo
Presidente deberá incluir en su plan de trabajo. Desde la recuperación de la
competitividad a desarmar el paquete de subsidios que insumen alrededor del
cinco por ciento del PBI con –a esta altura- escaso impacto positivo sobre la
actividad. Hay otro que, aunque aparece menos mencionado, es clave: el reparto
de fondos con las provincias.
El sistema de coparticipación debió ser reformado hace
20 años según mandato constitucional pero sigue igual. Mejor dicho, peor. Se
fueron amontonando parches y aplicando cada vez más criterios arbitrarios que
lo único que hacen es generar mayor dependencia política y corroer el espíritu
federal de la Constitución.
Además, el resultado de tanta improvisación es más
presión impositiva. Desfinanciadas las provincias y los municipios echan mano a
la creación de nuevos impuestos y tasas. Buscan conseguir por las suyas los
recursos que no reciben en la medida que debieran. Más allá de si hoy las
transferencias son más altas a las de hace una década, el punto es que no son
lo que establece la ley.
Un funcionario que intervino activamente en el diseño
de los pactos fiscales de inicios de los 2000 y que en la actualidad ocupa un
lugar clave en el gabinete económico, suele calificar al esquema de
coparticipación como un “plato de tallarines” en referencia al enredo que lo
caracteriza y a que si se toca un tema aparecen otros diez colgados.
Esa característica determinó que Córdoba –entre otras
provincias- fueran a la Corte Suprema a plantear aspectos como incumplimiento
en el financiamiento de la Caja de Jubilaciones o la necesidad de que deje de
descontarse el 15% para Anses puesto que las AFJP fueron estatizadas y esa
retracción perdió la razón de ser.
El año pasado, según datos del Ieral, el Sistema de
Seguridad Social habría recibido aproximadamente $165 mil millones de recursos
tributarios, de los cuales cerca de $97 mil millones corresponden a recursos
resignados por el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, ya
que de no existir el esquema actual hubiesen fluido hacia ellas como resultado
del régimen de coparticipación federal de impuestos que responde a la Ley
23.548 (el resto de los recursos fue resignado por el Tesoro Nacional y el
fondo ATN).
Las grandes perdedoras de toda la situación son las
provincias grandes ya que, en general, también son las menos beneficiadas por
los criterios arbitrarios de reparto de la Nación. En todo el mundo hay
criterios objetivos que rigen el reparto de fondos; no es el caso argentino
donde la distribución se hace en base a coeficientes del ‘88 que deben ser
corregidos porque no responden a parámetros claros.
La Nación concentra cada vez más recursos y la forma
en que los reparte desnaturaliza el federalismo. Las relaciones entre Gobierno
central y provincias terminaron desnaturalizándose en detrimento del interior y
a favor de una gestión cada vez más centralizada.
La pérdida en participación de provincias en el
reparto del total de ingresos tributarios nacionales resulta menor si se
incluyen las transferencias discrecionales a provincias en el cómputo. Dicha
participación pasó del 37% en 2001 al 31,7% en 2014.
Las dos décadas de demora en el debate y reformulación
de la Ley de Coparticipación deberían terminarse a la brevedad. Es momento de
establecer parámetros objetivos para el reparto de recursos. Los laberintos que
existen hoy sólo aumentan el centralismo. En estos veinte años de demora las
“innovaciones” en materia impositiva se acumulan y sorprenden a los más encumbrados
tributaristas.
Entre ellas se enlista el Fondo Sojero, una fórmula a
la que se recurrió para domar el enojo de los gobernadores cuando la suba de
las retenciones a la soja. Una parte va a las provincias con asignación
específica a obras de infraestructura. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde van
esos dineros; seguramente las urgencias presupuestarias alteraron en muchos
casos el objetivo original.
