Gabriel Palumbo
Clarín, 17-7-15
En la tarde del martes 7 de julio, unas 5000 personas marcharon en Tribunales en contra de la remoción del Juez Luis Cabral y pedir su reincorporación a la Cámara de Casación. Este movimiento sobre Cabral forma parte de una estrategia oficial de desarticulación de la justicia para asegurarse el control de ese poder del Estado luego del recambio presidencial.
Ese mismo martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1311/2015 estableciendo la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional. Más allá del disparate que sugiere sentar Doctrina por via de un decreto, el contenido del mismo es verdaderamente preocupante. En más de 400 hojas se despliegan los argumentos que, en rigor de verdad, se encuentran resumidos en las primeras 3. El decreto avanza en la posibilidad estatal de controlar la libertad de comercio, de trabajo y de expresión. La norma está cargada de ambigüedades muy sugestivas y menciona conceptos como “golpes de mercado” o “corridas cambiarias”. Algunos sectores empresarios mostraron su preocupación y alertaron sobre las posibilidades abiertas por la norma para hacer espionaje a los ciudadanos.
El decreto avanza, además sobre los denominados delitos informáticos, incorporando un universo de problemas que no han sido trabajados con la sofisticación que requieren y que le abre la puerta al control y a la vigilancia en internet que pueden terminar impactando en los estándares de libertad de expresión. El decreto 1311 apela al lenguaje populista llevando al extremo la lógica perversa del control social, incluso en el estilo. De un modo inexplicable, entrecomilla la palabra “espiar”, pero no entrecomilla ni cuidado ni protección. Así, revela el verdadero interés, al mismo tiempo en que dice hacer todo lo contrario. Por otro lado, al mismo tiempo en que sugiere que la norma funda en realidad un “observatorio” que produce y acopia información, por el otro consagra la creación de 3 direcciones de las que se desconoce sus alcances y sus límites.
Lo más peligroso, más allá de establecer precisiones, es que el Estado defina como potenciales enemigos internos a empresas, bancos y websites.El gesto del kirchnerismo es siempre el mismo, cada vez que puede, avanza sobre la libertad. Pero en este caso, hay algo todavía más preocupante. Muy pocas voces de la primera línea política opositora se han levantado contra este decreto. A habido muy pocos reflejos para reaccionar frente a una normativa que tiene, cuanto menos, una peligrosidad latente y que expresa, además, una continuidad del temperamento político autoritario del gobierno. Por otro lado, el Parlamento no reclamó su facultad política evidente para tratar en un tema de semejante envergadura. La oposición deberá estar más atenta a este tipo de cosas, de lo contrario, mentar la república en cada párrafo será solamente una cuestión de costumbre.
Gabriel Palumbo
Politólogo (UBA)
