miércoles, 3 de junio de 2015

LA MUERTE DE NISMAN, UNA MUERTE MÁS

             
Eduardo van der Kooy

Clarín, 3-6-15

Natalia Fernández tenía razón. La joven camarera de un bar de Puerto Madero declaró en las primeras semanas de febrero que había observado mucho desorden mientras las autoridades hacían las pericias en el apartamento donde fue hallado muerto el 18 de enero Alberto Nisman. Fernández fue testigo público, llevada al lugar de la tragedia por la Prefectura. Después de esas declaraciones la pasó mal. Fue amenazada, le pusieron custodia, dejó de trabajar en el lugar que lo hacía y debió comparecer ante Viviana Fein. La convocatoria de la fiscal que investiga el caso fue, de verdad, muy poco amistosa.

El testimonio de aquella joven camarera pareció corroborado por el video policial que difundió el programa PPT (Periodismo para Todos), de Jorge Lanata, en Canal 13. La grabación permitió verificar la ausencia de autoridad en aquel procedimiento. Empezando por Fein, que transitó la escena del crimen sin ningún cuidado. O de Sergio Berni, el secretario de Seguridad, que anduvo de aquí para allá hablando por teléfono.

La fiscal, sin embargo, sostuvo que aquel operativo había sido impecable. La pregunta sería si en su prolongada y probada trayectoria habría actuado siempre del mismo modo. Si ese sería, en efecto, el estándar desprolijo para investigar el caso Nisman o cualquier otro. Fein explicó, por ejemplo, que resultó normal que el perito limpiara –como se observó en la filmación --el arma Berza 22 para verificar su marca y su matrícula. Otros expertos avalan la idea con una salvedad: aquel perito, una vez realizada la tarea, debió cambiar sus guantes de látex para seguir manipulando el revólver. Era la única manera de evitar una segura contaminación.

Podrían explicarse, entonces, un par de fenómenos comunes desde hace rato en la Argentina: la falta de esclarecimiento en muchos casos resonantes. Sobre los menos resonantes no hay estadísticas; la marcha atrás, incluso, en causas con fallos firmes por anomalías en la investigación. No sería descabellado trazar algún parangón entre estos avatares en torno a la muerte de Nisman y el fraude repetido en la investigación por el atentado en la AMIA, impune 21 años después de perpetrado.
Las estadísticas sobre delitos y homicidios son moneda muy escasa en nuestro país. Pero ciertos datos desperdigados podrían ofrecer una buena pista. Según el último informe que realizó la Corte Suprema de Justicia, el 53% de los homicidios dolosos cometidos en la Capital en 2013 no han podido ser aclarados. Si eso sucede en el distrito de mejor ponderación, ¿qué cabría esperar de las actuaciones policiales y judiciales en el interior?

Claro que la muerte de Nisman no debiera ser un episodio mas. Aunque el desarrollo de la historia amenaza también con colocarla en esa categoría. Vale un detalle: su muerte ha vuelto a merodear la escena pública por obra de información rescatada y multiplicada por los medios de comunicación antes que por una voluntad decidida del sistema político –kirchnerista u opositor-- o del funcionamiento institucional.
El poder político supo hacer lo suyo. Sólo para cuidarse las espaldas. Desprestigió la figura del fiscal muerto y casi la convirtió en la de un maleante. Logró en buena medida, con esa maniobra, que la gravísima denuncia de Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman por encubrimiento terrorista (por la AMIA y la firma del pacto con Irán) quedara emparentada en el imaginario colectivo con su controvertida vida personal.

El poder institucional (la Justicia) actuó mayoritariamente acorde con las necesidades y los intereses políticos del Gobierno. Desde el juez Daniel Rafecas, que desestimó en primera instancia la denuncia, hasta la Sala I de la Cámara Federal y la de Casación. Las excepciones fueron los fiscales Germán Moldes y Gerardo Pollicita, que reclamaron, al menos, que se cumplieran algunas de las medidas de prueba requeridas por el fiscal muerto.
Frente a este panorama la oposición hizo poco. O hizo lo que pudo hasta que percibió la esterilidad de sus acciones. ¿Por qué razón habría que haber aguardado otra cosa de esa oposición ante un tema de semejante envergadura cuando todavía no ha logrado resolver la ecuación electoral que arrancará con las primarias de agosto?

El interrogante encierra su lógica aunque la dirigencia pareciera no terminar de comprender una cosa: su corrimiento del caso Nisman implica además una falta de soporte para amplios sectores de la sociedad que no se sienten conformes sólo con las precarias expectativas económicas o las promesas de un “cambio con continuidad” o una “continuidad con cambio”. De hecho, el episodio trágico de Nisman no asoma mencionado, con especificidad, en ninguna de las encuestas conocidas en las últimas semanas. Podría considerarse implícitamente incluido en el rubro inseguridad, que encabeza con el 47% (según la consultora de Hugo Haime) las preocupaciones colectivas. En ese guarismo se computaría también la cuestión del narcotráfico.

En ese contexto, la muerte de un fiscal –por mano propia u homicidio- que denunció a la Presidenta podría pasar a ser un episodio mas. No existiría una cabal comprensión global de lo que eso podría representar.
No existiría, también, si fuera posible atenerse a otro resultado de aquel trabajo de opinión pública. ¿Cuál? El que muestra que la ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema casi dividiría las opiniones sociales. En la muestra, focalizadas sobre Carlos Fayt. La cantidad de personas que opinan que debería retirarse por su avanzada edad (42%) sería casi idéntica a las que sostiene que debe continuar en funciones (40%). Resulta más fácil de este modo entender por qué el kirchnerismo hace lo que hace.
Ayer mismo, la Comisión de Juicio Político de Diputados, que encabeza la camporista Anabel Fernández Sagasti, insistió con el pedido de un informe médico sobre la salud de Fayt. La maniobra posee otra pata. Esa misma Comisión tiene en trámite una solicitud por presunta falsificación de documentación pública contra los restantes miembros del alto Tribunal. Es por el trámite que recorrió la re-reelección de Ricardo Lorenzetti en el cuerpo que también integran Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.


El entierro de la muerte de Nisman arrastraría otro propósito. Que no se ventile aquella firma del Memorándum de Entendimiento con Irán que carece de cualquier explicación. Aún si se aceptara que la denuncia del fiscal careciera, en ese aspecto, de los fundamentos necesarios. La única presidenciable que, de tanto en tanto, vuelve sobre el conflicto es Margarita Stolbizer. Valioso aunque raquítico frente al peso elefantiásico de la maquinaria kirchnerista.