La Nación, 01
de mayo de 2015
El próximo presidente deberá definir si los mantiene o
los remueve, ya que sus mandatos no terminan en 2015; los casos de Gils Carbó,
Vanoli, Sabbatella, Echegaray y Sbatella
Ocupan puestos clave en el Estado. Fueron designados
durante el kirchnerismo y actuaron en sintonía con la Casa Rosada. El 10 de
diciembre próximo, cuando cambien las autoridades, podrán seguir en sus cargos,
ya que sus mandatos se extienden más allá del final de la presidencia de
Cristina Kirchner . El nuevo presidente deberá definir si los mantiene o si
aplica los mecanismos previstos en la ley para removerlos. En algunos casos,
bastará con firmar un decreto y en otros, la decisión dependerá del Congreso.
¿ Mauricio Macri podría liberar el cepo cambiario -tal
como prometió- con Alejandro Vanoli en el Banco Central? ¿ Sergio Massa
toleraría que Alejandra Gils Carbó siguiera al frente de la Procuración General
de la Nación controlando la tarea de los fiscales? ¿ Elisa Carrió aceptaría a
José Sbatella como titular de la unidad antilavado? ¿ Daniel Scioli mantendría a
Martín Sabbatella en la Afsca y a Ricardo Echegaray en la AFIP?
"Es una complicación para el nuevo gobierno,
sobre todo cuando estos funcionarios han ejercido sus cargos de manera
militante, no han actuado con profesionalismo", consideró el ex diputado de
la UCR Ricardo Gil Lavedra ante la consulta de LA NACION.
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni
reconoció que la permanencia de los funcionarios nombrados por el gobierno
saliente puede generar un roce o un inconveniente con las nuevas autoridades
cuando tienen ideas o principios contrapuestos. "Si hay algún conflicto,
será de pocos días. La mayoría de ellos pueden ser removidos por el Ejecutivo.
En algunos casos, necesitará de una comunicación previa al Congreso",
remarcó Badeni, quien integró la defensa de Martín Redrado cuando Cristina
Kirchner intentó removerlo del Banco Central a través de un Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU), sin que el Ejecutivo recibiera el consejo de una
comisión especial del parlamento, tal como exige la Carta Orgánica de la
autoridad monetaria.
De todos modos, más allá de los trámites
administrativos o parlamentarios, cualquier definición sobre la continuidad o
remoción de esos funcionarios le demandará al futuro gobierno invertir parte de
su capital político en el inicio de una gestión que se avizora compleja.
La procuradora general de la Nación continuará en su
cargo el 10 de diciembre próximo. La jefa de los fiscales fue nombrada por la
Presidenta a través del decreto 1481, en agosto de 2012. El pliego de Gils
Carbó fue aprobado por dos tercios de los presentes en el Senado, la mayoría
que exige la ley del Ministerio Público. Además del kirchnerismo, la ex fiscal
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial recibió el
respaldo de la UCR, el Frente Amplio Progresista y el peronismo disidente en la
Cámara alta.
Cuando asumió en reemplazo de Esteban Righi , que
renunció ante las presiones de Amado Boudou por el caso Ciccone, Gils Carbó
prometió que actuaría "en forma independiente".Sin embargo, un tiempo
después, designó a fiscales afines al oficialismo e impulsó un juicio político
contra José María Campagnoli , a quien acusó de presunto abuso de poder por
impulsar la investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez por
supuesto lavado de dinero. Las decisiones de la procuradora, que acumula
decenas de denuncias en Comodoro Py, despertaron fuertes críticas de la
oposición y generaron malestar en jueces y fiscales federales, en especial en
aquellos que llevan adelante causas por corrupción que involucran a integrantes
del Gobierno.
Frente a los cuestionamientos, la Presidenta le dio
más poder a la procuradora. La nueva ley de inteligencia, que impulsó el
Gobierno tras la muerte del fiscal Alberto Nisman , dispuso la transferencia de
la totalidad de las escuchas judiciales, que estaban a cargo de la ex SIDE, al
Ministerio Público Fiscal.
Para desplazar a Gils Carbó, en caso de que no se
produjera una renuncia voluntaria de la procuradora, el nuevo presidente
debería contar con mayoría en el Congreso para iniciar un juicio político en su
contra. Según la ley de Ministerio Público, el jefe de los fiscales "sólo
puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en
los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional".
Uno de los funcionarios más relevantes en el área
económica de los gobiernos de Cristina Kirchner también podría continuar en su
cargo. Se trata del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Ricardo Echegaray , cuyo mandato finaliza en 2016.
El ex jefe de la Aduana y de la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (Oncca) desembarcó en el organismo recaudador en
2008. En 2012, la Presidenta lo ratificó por un nuevo período de ley -tiene una
duración de cuatro años, según el decreto 1399-.
Echegaray, cuya gestión quedó en la mira de la
Justicia en la causa por la ex Ciccone y en el caso Báez, no sería un escollo
difícil de superar para el presidente electo en octubre. El titular de la AFIP,
un ente autárquico que depende del Ministerio de Economía, puede ser removido
por un decreto del Poder Ejecutivo.
El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli ,
puede permanecer en su sillón hasta diciembre de 2019. El ex titular de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) asumió en la autoridad monetaria en
diciembre del año pasado, luego de que el oficialismo lograra la aprobación de
su pliego en el Senado.
La Carta Orgánica de la autoridad monetaria establece
una duración de seis años para los cargos de presidente, vicepresidente y
directores. La Casa Rosada propuso al Senado que Vanoli cumpliera el mandato de
Juan Carlos Fábrega , quien renunció luego de que la Presidenta lo acusara en
público de filtrar datos a los bancos para desestabilizar la economía. Fábrega
había sido designado para un nuevo período en 2013.
Para deshacerse de Vanoli, el sucesor de Cristina
Kirchner que resulte electo en los comicios de octubre deberá contar con
"el consejo previo" de una comisión especial del Congreso, según
establece la carta orgánica del Central.
El antecedente. En 2010, la Presidenta intentó remover
a Redrado de la autoridad monetaria por su negativa a utilizar las reservas
para pagar deuda, a través de un DNU, sin contar con el aval del Congreso. La
Justicia frenó esa decisión. Finalmente, la comisión parlamentaria dictaminó en
contra de la continuidad de Redrado y la primera mandataria pudo formalizar su
remoción.
José Sbatella, uno de los funcionarios kirchneristas
más cuestionados por la oposición, podría seguir a cargo de la Unidad de
Información Financiera (UIF) hasta 2018.
En febrero del año pasado, Cristina Kirchner lo
ratificó por otro período de ley (cuatro años) al frente del organismo que está
encargado de la lucha contra el lavado de activos, a pesar de las numerosas
impugnaciones que presentó la oposición a su nombramiento. Los representantes
del arco no oficialista cuestionaron con dureza su gestión en la UIF, su
actuación en el blanqueo y en la investigación del lavado de activos del
narcotráfico y su idoneidad para el cargo.
Según establece la ley 26.683, Sbatella, que acumula
varias denuncias penales por su actuación en la UFI, puede ser removido de su
cargo por el Poder Ejecutivo por "mal desempeño de sus funciones o en
grave negligencia" o si fuera "condenado por la comisión de delitos dolosos".
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación (Afsca), Martín Sabbatella, tiene mandato hasta 2017. La jefa del
Estado lo ratificó al frente del organismo encargado de aplicar la ley de
medios en noviembre de 2013, cuando se produjo el vencimiento de los mandatos
del directorio. La UCR impugnó el nombramiento del ex intendente de Morón y
referente de Nuevo Encuentro a quien acusó de no actuar de forma independiente
a la Casa Rosada. La Presidenta le dio el aval para que continuara durante
cuatro años más en el ente.
Según establece la ley 26.522, el presidente de la
Afsca puede ser desplazado del organismo "por incumplimiento o mal
desempeño de sus funciones". Su apartamiento debe ser aprobado por dos
tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual.
