viernes, 30 de enero de 2015

LAS NACIONES UNIDAS Y LA SEGURIDAD DE LOS FISCALES




 Emilio J. Cárdenas

"Informador Público", 30-1-15


El tema de garantizar la seguridad de los fiscales no es una cuestión menor. Por su propia envergadura, ha sido abordado desde las Naciones Unidas, organización que adoptó -como suya- una resolución elaborada previamente por la Asociación Internacional de los Fiscales en marzo de 2008, en la que el tema de las intimidaciones y amenazas es objeto de tratamiento específico.

La extraña muerte del valiente fiscal Alberto Nisman -inmediatamente luego de la tremenda conmoción provocada por su reciente denuncia, en la que acusara a la propia Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a su Canciller, Héctor Timerman, al diputado de “la Cámpora” al que se conoce como el “Cuervo” Larroque, al patotero Luis D’Elía y a otros allegados y funcionarios gubernamentales de nada menos que encubrir un “pacto de impunidad” a favor de los iraníes sospechados de haber sido responsables por el atentado terrorista preparado en Buenos Aires, en 1994, contra la sede la AMIA- nos llena a muchos de un profundo dolor. Inmenso, realmente. Y además de una sensación de impotencia ante el terrible descaro del poder.

Y nos obliga, a ser solidarios frente a su muerte y a acompañar a su familia frente al dolor que seguramente ha caído sobre ella. Sin miedos. Y sin resignarnos a lo inaceptable. Porque el país está otra vez caminando al borde mismo del abismo.

Ante la gravísima entidad de la denuncia que el fiscal Nisman había formulado, su calma y su tranquilidad de ánimo -así como su seguridad- debieron haber sido respetados y debidamente preservados. Con el máximo de los recaudos. Es obligación de cualquier gobierno en ese tipo de emergencia.

En cambio, el fiscal Nisman fue objeto de una ola de agresiones e intimidaciones explícitas y públicas por parte de distintos funcionarios y legisladores, antes de que concurriera a nuestra Legislatura a precisar -y explicar- las razones de su denuncia y precisar el alcance y la naturaleza de las pruebas que el fiscal tenía en su poder. Seguramente acompañada por una andanada -tan cobarde, como maligna- de mensajes y correos electrónicos que se está ahora investigando. Aparentemente, al menos.

El tema de garantizar la seguridad de los fiscales no es una cuestión menor. Por su propia envergadura, ha sido abordado desde las Naciones Unidas, organización que adoptó -como suya- una resolución elaborada previamente por la Asociación Internacional de los Fiscales en marzo de 2008, en la que el tema de las intimidaciones y amenazas es objeto de tratamiento específico.

Allí se establece explícitamente que los fiscales deben poder ejercer sus funciones sin miedo. Lo que supone que no pueden, ni deben, ser intimidados. Menos aún, obviamente, desde cualquiera de los poderes del Estado.

En su capítulo sexto, párrafo (a) esa resolución específicamente dice que los fiscales: “deben ser protegidos contra las acciones arbitrarias de los gobiernos” y que, específicamente, tiene derecho “a ejercer su función profesional sin intimidaciones, estorbos, acosos, interferencias indebidas, o estar expuestos a responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza”. Clarísimo, por cierto. Pero pocos desde el poder respetaron lo antedicho en el caso del fiscal Alberto Nisman. Algunos hicieron todo lo contrario a atacaron al fiscal “con los tapones de punta”, como se atrevió a decir una agresiva legisladora oficialista.

A lo que se agrega, en el mismo capítulo de la resolución referida, pero en este caso en el párrafo (b), el derecho que tienen los fiscales “junto con sus familiares, a ser físicamente protegidos por las autoridades cuando su seguridad personal es amenazada como resultado del debido cumplimiento de sus responsabilidades profesionales”.

De lo antedicho se deduce que, respecto de la muerte del fiscal Alberto Nisman, puede bien haber responsabilidades -y responsables- que deben ser analizadas y considerados. No hacerlo pondría al Estado argentino en una posición tan desairada como insostenible frente a su propia sociedad, así como de cara a la comunidad internacional toda.

Emilio J. Cárdenas

Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas