Los desafíos que
deberá enfrentar el Gobierno electo a partir del primero de marzo de 2015
Con el acoso
constante del Gobierno de Mujica a la independencia del Poder Judicial, al que
niega el pago de haberes salariales consagrados por la Ley de Presupuesto de 2010, y
el juego de la Ley
Orgánica de la
Judicatura que establece enganches porcentuales con los
salarios de los ministros del Poder Ejecutivo; así como por la promoción de una
Ley de Medios, que contiene normas inconstitucionales, resistidas por la
oposición política y por las asociaciones de medios de comunicación; el Uruguay
parecería encaminarse hacia un populismo antirrepublicano.
El modelo de José
Mujica, cuando comenzó su gobierno en 2010, no era al parecer el chavista ni el
de Evo Morales en Bolivia sino supuestamente el brasileño. Sin embargo, los
años de su administración, a punto de culminar el 28 de febrero de 2015 para
que la asuma el Dr. Tabaré Vázquez, de la misma coalición, pero de estilo
moderado y ordenado, parecen haber virado hacia un populismo que pretende
dejarle a su sucesor como herencia maldita.
En efecto, el enfrentamiento
constante con el Poder Judicial, que la ha declarado varios leyes
inconstitucionales, así como la pretensión oficialista de reformar la Constitución para
quitarle a la Suprema
Corte de Justicia la Justicia Constitucional ,
y la negativa a pagar los salarios judiciales según la normativa vigente, hace
pensar que se le quiere traspasar al presidente electo Vázquez un país
seriamente herido en su institucionalidad.
El ignorar la
vigencia de las normas constitucionales, convencionales y legales en el país
por parte del Gobierno Mujica no es novedad, dado que ha habido en el pasado
reciente episodios tales como desconocer la vigencia del Tratado de Asunción,
constitutivo del MERCOSUR, cuando alegando razones políticas por encima del
Derecho se dispuso junto con Argentina y Brasil, y contra el Paraguay, el
ingreso por la ventana al bloque de Venezuela, en forma totalmente irregular.
O las críticas
furibundas de los principales dirigentes oficialistas contra la Suprema Corte de
Justicia, por la declaración de inconstitucionalidad de varias leyes aprobadas
con los solos votos en el Parlamento de la coalición gubernamental. No muy
diferente tampoco del trato en algunos casos que la presidenta de Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, ha dado a su Poder Judicial y a los medios de
prensa.
Las últimas medidas
en ejecución, como el enfrentamiento con el Poder Judicial al que se pretende
desenganchar por ley en lo que hace a sus salarios, con los del Poder
Ejecutivo, y la Ley
de Medios, muestran un agravamiento de esa tendencia poco democrática y ponen
en un brete al Gobierno electo, de izquierda también, pero moderado en lo que
hace al cumplimiento de la separación de poderes y de las normas jurídicas que
ahora se pretenden avasallar.
Estará en el próximo
Gobierno, encabezado por Vázquez, desandar los caminos radicalizados sobre el
fin del presente Gobierno y reinstalar en el Uruguay la convivencia republicana
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, último garante del Estado de
Derecho así como la plena vigencia de la libertad de prensa, que será afectada
si se aprobara la Ley
de Medios.
Carlos Álvarez Cozzi, dirigente socialcristiano,
Convencional del
opositor Partido de la
Concertación
