La Nacion, Editorial, 22-11-14
Aunque a priori no lo parezcan, las
organizaciones sociales son, ante todo, espacios de construcción política,
tarea que encarnan no desde la concepción partidaria tradicional que lleva a
disputar espacios dentro del sistema de representación, sino en el campo de las
políticas públicas. Trabajan así en su diseño e implementación, proponiendo la
instrumentación de políticas de Estado y de acciones que fortalecen la alicaída
institucionalidad y la participación ciudadana más allá del voto.
En julio pasado, se reconoció y otorgó la
personería jurídica a la Confederación de la Sociedad Civil (CSC), constituida
como entidad de tercer grado que nuclea, entre otros, al Grupo de Fundaciones y
Empresas, creado en 1995; al Foro del Sector Social (1996), y a la Red
Argentina de Bancos de Alimentos (2009), entre otras. Esa flamante institución
asume el rol político propio de la sociedad civil para encarar una serie de
propuestas que abarcan iniciativas de políticas públicas en diversos rubros,
como un paquete de medidas concretas para fortalecer a las organizaciones
sociales con un marco legal, fiscal y laboral adecuado a sus particularidades,
medidas que, hasta el momento, el poder político les ha negado de manera
sistemática, pues erróneamente considera a las organizaciones de la sociedad
civil competencia en lugar de lo que realmente son: agentes de cooperación.
De cara al proceso electoral 2015, que se
inició prematuramente con la derrota del Gobierno en las elecciones
legislativas del año pasado, la CSC acerca a los candidatos un valioso programa
de propuestas en políticas públicas no sólo para la consideración de los
futuros gobernantes, sino también como insumos de nuevas normativas por
considerar en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales.
Hace muchos años que otros sectores han
constituido entidades similares como, por ejemplo, la Confederación General del
Trabajo (CGT) o la Unión Industrial Argentina (UIA), convertidas en espacios de
interlocución con los gobiernos y los dirigentes políticos. Por eso, resulta
más que saludable para la democracia que las organizaciones sociales se hayan
nucleado para proponer políticas públicas, controlar e incidir en los gobiernos
y asumir un rol de liderazgo en la innovación política, abiertas al diálogo.
En el marco de la campaña electoral cientos
de organizaciones que integran la CSC, representadas por sus federaciones y
redes, aportarán su experiencia y conocimiento al servicio de quienes resulten
elegidos. De esta forma, no sólo se potencian las posibilidades de alcanzar
objetivos que, por su dimensión, las entidades sociales no pueden lograr por sí
solas, sino que se compromete también la necesaria participación del Estado y
del sector empresario a fin de garantizar a la población un mayor acceso a las
oportunidades. Tal el caso de conocidas organizaciones como Techo, que trabaja
en pos de reducir el déficit habitacional, o de Cáritas, con su programa Pobreza
Cero, cuya creatividad y trabajo se potencian notablemente al establecer
sinergias con el Estado o con grupos de particulares.
Especialistas de la CSC trabajaron sobre
veinte propuestas, un verdadero plan de gobierno, presentadas en el Salón Azul
del Senado de la Nación ante más de 400 asistentes. Esas iniciativas abordan el
déficit habitacional, la salud, las adicciones, la lucha contra la pobreza, la
malnutrición, la educación, la equidad de género, la institucionalidad
democrática, la lucha contra el crimen organizado, la democracia global, el
medio ambiente, la seguridad, la economía del conocimiento, la energía, el
déficit en servicios públicos y la construcción de infraestructuras. Los
legisladores Diego Santilli y Pablo Tonelli (Pro-Capital), Alberto Assef
(UNIR-Buenos Aires) y Cynthia Hotton (Valores para mi País) reconocieron que el
Parlamento no se nutre de las inteligentes e innovadoras iniciativas que surgen
de la sociedad civil. Las bases del diálogo quedaron sentadas.
En tiempos electorales es bueno recordar que
no sólo se eligen candidatos sino también plataformas, programas de gobierno
para los que el aporte de la sociedad civil resulta indispensable. Replicando
exitosas experiencias como las de Brasil o Alemania, hace unos meses se presentó
un proyecto de ley para crear una oficina dentro del Congreso Nacional, que
acerque la presencia y los efectos de una sociedad civil que necesita ser
escuchada para que los diputados y senadores se informen y aprovechen su
experiencia a la hora de legislar. En este último encuentro en el Congreso, se
propuso impulsar la creación de una Oficina de Vinculación Ciudadana a ese fin.
En las Naciones Unidas (ONU), desde 1948, funciona la Conferencia de
Organizaciones No Gubernamentales, dentro de la cual fundaciones y asociaciones
de todo el mundo, con estatus consultivo, contribuyen a proponer y discutir un
sinnúmero de temas a los Estados miembros de la ONU.
La Confederación encarna el enorme
crecimiento que la sociedad civil ha tenido en el país en los últimos 30 años y
que, como venimos insistiendo desde estas columnas, no se ha visto acompañado
por un marco legal, fiscal y laboral acorde que promueva y facilite sus
actividades. Otras naciones, en cambio, han generado legislaciones que
responden al desarrollo y la importancia alcanzada por el sector. En nuestro
país, federaciones como las de los abogados, escribanos y contadores fueron
invitadas por la CSC con este fin para que sumen su aporte.
Se impone revisar la normativa que regula la
actividad de asociaciones civiles y fundaciones, así como la reglamentación de
la figura de simple asociación que permitiría regularizar la situación del 90
por ciento de las entidades sociales. En materia impositiva, por un lado,
modificaciones en el impuesto a las ganancias permitirían promover
beneficiosamente las siempre valiosas donaciones individuales y empresariales,
así como eximir del pago de impuestos a los sellos y a las transferencias
bancarias a las entidades.
