Antidrogas: con
dudas, comienza a debatirse la nueva Policía
Por Juan Federico y
Javier Cámara
La creación de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico (FPA), anunciada por el gobernador José Manuel de la Sota ante la Legislatura provincial
el 1º de febrero último, todavía no se ha concretado. Pero el contenido del
proyecto que comenzará a debatirse esta semana ya desató dudas y prevenciones
en la oposición, en la
Justicia federal y en la Policía Judicial ,
que también será alcanzada por las reformas.
Las graves
irregularidades detectadas el año pasado en la Dirección General
de Lucha contra el Narcotráfico –cuyos jefes y algunos integrantes permanecen
detenidos e imputados por la
Justicia federal– generó un consenso generalizado en torno a
la necesidad de modificar lo que se estaba haciendo. Pero apenas se conoció el
proyecto de ley del Ejecutivo, surgieron cuestionamientos.
La duda central es si
la FPA estará
realmente a disposición de la
Justicia federal; si se comprometerá en la investigación de
los grandes casos de narcotráfico o si, en cambio, se limitará a perseguir la
venta de droga al menudeo. Si corresponde, como se desprende del proyecto, que
los magistrados federales tengan que informar a un organismo provincial antes
de solicitar la colaboración de la
FPA ; y los motivos por los cuales no está prevista en la
nueva estructura de la
Policía Judicial el Centro de Investigaciones Criminales
(CIC).
Relación complicada
Uno de los aspectos
más discutidos es si la FPA
restablecerá la relación entre las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia federal, vital
para el éxito de cualquier política de persecución del narcotráfico.
El jueves pasado, De la Sota se reunió con fiscales y
jueces del fuero federal y comprometió que van a existir todas las
colaboraciones que se sean necesarias. En ese encuentro, los fiscales y el juez
Alejandro Sánchez Freytes le remarcaron al gobernador que durante los últimos
meses la asistencia de los policías provinciales había sido nula. También hubo
reproches sobre la implementación del Fuero de Lucha contra el Narcomenudeo, ya
que desde su implementación, en diciembre de 2012, no hubo contactos entre la
órbita federal y la provincial.
“Hay que corregir una
gran falla que nos sacó una gran fuente de información, porque a través de los
‘quioscos’ se pueden rastrear a los proveedores más grandes”, advirtió el
fiscal federal Enrique Senestrari, a cargo de la investigación de los
narcopolicías.
El legislador provincial
Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) dijo que con esta nueva
Policía, “el Estado provincial rehúye de investigar la droga grande. Del texto
del proyecto –agregó– se desprende que sólo se prepararán para el menudeo.
¿Quién controlará la droga en tránsito? ¿quién manejará el territorio? Yo le
respondo: los malos policías de siempre”.
Desde el Frente
Cívico, la parlamentaria Liliana Montero tiene la misma percepción.
Exigencia polémica
Otra de las
inquietudes que generó el proyecto tiene relación con la creación de un
organismo de Control Jurisdiccional que dependerá del Ministerio Público
Fiscal, y que será un nexo entre la Provincia y las otras jurisdicciones.
Así, cuando un fiscal
o juez federal necesite colaboración de la FPA , deberá pedírsela a este organismo de la Fiscalía General
de la Provincia. No
está claro si el funcionario a cargo solicitará información sobre el operativo
o para la investigación para la que se requiere la intervención de la FPA.
La posibilidad de que
se exija esta información como paso previo a la actuación de la FPA resulta polémica.
El legislador
oficialista Sergio Busso consideró “más que acertada la decisión del Gobierno
provincial de dotarlo (al Ministerio Público Fiscal) de mayores facultades, por
cuanto le permitirá mejorar ostensiblemente la modalidad de investigación,
persecución y represión de delitos, sobre todo, los vinculados con el
narcotráfico”.
También estimó que
resulta un gran avance en materia de “despolicialización de la investigación
criminal”.
¿Y el CIC?
Otro punto del
proyecto de ley que ha generado controversia es la reestructuración de la Policía Judicial
y la inexistencia, en el texto, del Centro de Investigaciones Criminales (CIC),
una dependencia vital para la investigación de los delitos.
Según se lee en la
misiva que el Gobierno envió a la Legislatura para presentar la reestructuración de
la Policía Judicial ,
aparecen dos áreas: la
Policía Científica (que desarrolla todo lo inherente al
trabajo en la escena del crimen: huellas, distancias, vainas de balas, objetos
contundentes, pruebas de luminol, etcétera), y la Administrativa y
Recursos Humanos. En ningún párrafo se menciona al CIC, encargado de develar
cómo se producen los crímenes.
Entre otras acciones,
en el CIC realizan autopsias ambientales, reconstrucciones virtuales, rastreos
de aparatos telefónicos, y también ha servido para investigar a policías
provinciales involucrados en causas penales. En algunos casos, fiscales han
elegido a esta dependencia en lugar de la División Homicidios
de la Policía.
