El Comercial, 3-12-13
La función de los radares es la de aportar el
dato de la ubicación de TAI durante un corto período de tiempo. Al perderse el
contacto, la aeronave infractora tiene cientos de kilómetros “invisibles” para
aterrizar en improvisadas pistas y caminos. Los vuelos ilegales y su carga de
drogas provocaron en las últimas semanas fuertes polémicas. Funcionarios nacionales
y políticos de la oposición debatieron sobre la necesidad o no de contar con
una ley de derribo. Se habló sobre el plan de radarización, de los equipos
instalados y de las unidades por construirse, mientras que la documentación
oficial señala que desde mediados de 2011 fueron detectados más de 800
Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI) en el Norte argentino.
Pero, en rigor, hasta
ahora la información aportada por esos radares no fue usada en el decomiso de
avionetas narco y los datos aportados por los radares no resultaron de utilidad
para desarticular organizaciones criminales.
Así lo afirman
agentes de seguridad que analizaron notificaciones sobre vuelos ilegales. Esa
observación encuentra ratificación en una docena de causas judiciales en las
que estuvieron involucradas avionetas narco. En ningún caso, la investigación
se inició a partir de detecciones de los radares instalados en Posadas,
Resistencia, Santiago del Estero y Las Lomitas (Formosa), los dos últimos en
forma experimental.
Escuchas telefónicas,
llamadas anónimas, avisos de pobladores y observaciones directas efectuadas por
gendarmes aparecen en los expedientes como disparadores de las pesquisas que
terminaron en el secuestro de aeronaves y droga.
Dos semanas atrás,
unidades especiales de la
Gendarmería dieron un espectacular golpe en una estancia en
Santo Tomé, Corrientes, y decomisaron cuatro avionetas y 330 kilogramos de
cocaína. Las aeronaves despegaban desde Bolivia y atravesaban la zona de
radares. Sin embargo, la investigación comenzó por una simple captura de un
cargamento que circulaba por tierra; el operativo se concretó luego de tres
meses de escuchas telefónicas.
Gracias a la
interceptación de llamadas también fue desarticulada, en octubre pasado, una
banda que acopiaba cocaína en la localidad cordobesa de Sinsacate, luego de
introducir los embarques por vía aérea desde Bolivia. Un informante de la
policía de Córdoba había sido, un mes antes, quien aportó los datos que
permitieron la captura de una avioneta en Obispo Trejo, horas antes de que se
desatara el narcoescándalo que llevó a prisión a la cúpula policial antidrogas
de esa provincia.
Desde que en la
década del 90 comenzó el debate sobre la radarización nacional se instaló la
idea de que los radares podían, por sí solos, ser elementos disuasivos del
ingreso de drogas. Pero la información de un radar nada vale sin los demás
componentes del sistema de seguridad aérea: patrullas de aviones de combate,
reglas de empeñamiento para forzar aterrizajes y coordinación con el despliegue
terrestre para los eventuales arrestos.
“No dieron un dato útil para la investigación,
más allá de saber que pasan vuelos”, comentó al diario porteño La Nación uno de los hombres
que leyó los informes diarios.
Más allá del análisis
de ese agente de seguridad, las causas judiciales confirman esa versión. Cuando
la avioneta sale del límite de observación del radar (200 kilómetros) puede
aterrizar prácticamente en cualquier lado. Eso quedó demostrado en una causa
iniciada en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, en noviembre de 2011. Esa
investigación comenzó con una denuncia anónima que alertó a la Delegación de
Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino sobre el inminente
arribo de una avioneta con drogas al aeroclub de Colón.
Norte argentino
La zona de radares en
el Norte argentino sólo toma la posición de avionetas durante un máximo de dos
horas de vuelo, por lo que el piloto narco contaría con posibilidad de
aterrizar unos 1000 kilómetros más allá en la dirección que se le ocurra. Por
eso las pistas clandestinas se ubican cada vez más al Sur. La Gendarmería relevó 242
lugares en los que hubo movimientos de avionetas ilegales desde mediados de
2011. Dentro del área de cobertura de radar, las investigaciones tampoco se
apoyan en datos del control de vuelos. En el Juzgado Federal de Reconquista,
Chaco, figura una causa en la que se indica que “sobre la base de escuchas se
tomó conocimiento de que el 13 de julio de 2012 arribaría una avioneta a unos
12 kilómetros del cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 4”, en
Santiago del Estero. En el operativo no se pudo encontrar a la avioneta -bajó
en un camino lateral-, pero sí se decomisó la droga.
También en Las
Lomitas, Formosa, una red de tráfico aéreo de cocaína cayó por informaciones
aportadas por habitantes del lugar. En su resolución de octubre de este año, el
Tribunal Oral Federal de Formosa condenó al concejal local Héctor Palma por los
700 kilos de cocaína encontrados en su campo. En el fallo se informa que “en los
primeros días de diciembre de 2010, personal de investigaciones del Escuadrón
18 Las Lomitas, de Gendarmería, tomó conocimiento por comentarios efectuados
por pobladores de la zona de que aeronaves de pequeño porte sobrevolaban a baja
altura y hacían aterrizajes periódicos en la zona rural de Estanislao del
Campo”.
Una patrulla de
gendarmes observó el vuelo de dos avionetas y pudo determinar el lugar de
aterrizaje. Toda la investigación fue en tierra.
En los expedientes no
figura aporte alguno de los radares. Los datos de esos equipos sólo dotaron
hasta ahora de estadísticas de vuelos ilegales, sin ser útil su uso aislado
para colaborar con las investigaciones o para frenar a los narcopilotos.
