Las acciones terroristas nunca desaparecen,
simplemente mutan su metodología. Con palabras sagradas como “paz”, “libertad”
y “democracia”, a través de una tergiversación propia del gramscismo, los ideólogos
marxistas, desde diferentes organizaciones y partidos, han extendido su praxis
a todas las esferas de la sociedad.
Por Horacio Giusto Vaudagna
(libertadyresponsabilidad.org,
16-12-13)
Reza el preámbulo de
nuestra Constitución Nacional: “… Asegurar los beneficios de la libertad, para
nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino…”. El sistema jurídico argentino, en
respeto a la naturaleza del hombre, ha intentado conservar la libertad como
medio y fin para la convivencia social y el desarrollo humano. Las normas
fundamentales que rigen la vida del pueblo, actualmente influido por corrientes
marxistas intervencionistas, se esgrimieron con un claro propósito garantista
de los derechos individuales.
A criterio personal,
la definición más simple de lo que es el derecho consistiría básicamente en un
sistema de abstenciones (no realizar determinados actos) y especulaciones
(esperanza que un tercero no realice determinados actos). Desde un enfoque
reduccionista, puede afirmarse que la Carta Magna cumple el sustrato fundamental de
nuestro pacto social; siendo así, cada individuo reconoce en el espíritu de la Constitución una
regla que determina en última instancia todas las demás reglas que se dicten en
consecuencia. Estas normas básicas que hacen al desarrollo del sujeto y de la
sociedad son aceptadas, ya sea de manera expresa (mediante la aplicación
judicial) o tácita (la no realización de actos que intente subvertir el orden
establecido).
En las antípodas de
un Estado de Derecho se encuentran los regímenes totalitarios, propios de una
era “maoista” o “stalinista”. Mientras un ciudadano libre busca el honor y el
progreso por mérito propio, un ser incapaz de trabajar en respeto al derecho
establecido, intentará obtener los recursos necesarios para el ascenso social
mediante la fuerza y la coacción. Pero aún los sistemas más salvajes de
convivencia requieren un mínimo de acuerdo y consenso para sostenerse, y de
allí es que unos pocos intelectuales manipulen un discurso para obtener el favor
de determinados sectores (piénsese en la clase política con discursos
populistas y demagógicos que viven en las mayores opulencias).
El totalitarismo
implica un quebranto al contrato social, donde ya no existen reglas claras y
definidas, para que cada individuo pueda planificar libremente su propia vida.
Al impedir que un determinado número de sujetos sostengan “X es nuestra norma
fundamental”, la vida comunitaria en un régimen totalitario necesariamente
dependerá de las decisiones discrecionales de un reducido grupo de burócratas y
funcionarios que ostenten una autoridad circunstancial.
En general nadie
ingresa a un espacio del que no puede salir, por ello siempre ha existido una
resistencia natural al comunismo. Ante la afrenta que han sufrido los marxistas,
desde épocas de antaño es que atentaron contra un gobierno constitucional
mediante la violencia y el terror. Si bien económicamente resultó redituable
para las cúpulas terroristas atentar contra una república (en principio, la
organización E.R.P. obtuvo 14.250.000 dólares por el secuestro de un empresario
petrolero estadounidense, y la organización montoneros recibieron 61.000.000 de
dólares por dos empresarios argentinos), políticamente nunca logró legitimación
alguna por parte del pueblo. Por ello debieron cambiar de discursos extremistas
a discursos moderados, pero sin dar un salto cualitativo (la premisa congelada
sigue siendo el poder desde el Estado para fines propios), es decir, para
obtener legitimidad política, los intelectuales de izquierda abandonaron un
discurso intervencionista propio de un marxismo ortodoxo para pasar a un modelo
keynesiano.
Aquellos que tanto
desearon ver perecer un Estado de libertad y soberanía, consiguieron captar
mediante dádivas el voto popular requerido para perpetuarse en el poder. Ante
las fallas de los ataques armados décadas anteriores, hoy el atentado al Estado
de Derecho se realiza mediante el derecho mismo. El ser humano, único ser vivo
capaz de elegir y planificar su propia vida, hoy ve en Argentina un Estado interventor,
totalitario, persecutor. El sistema jurídico actual presenta intervenciones a
la economía doméstica (inflación), el mercado bursátil (Comisión Nacional de
Valores), el mercado financiero (Banco Central dela RepúblicaArgentina), la
libertad de expresión (ley de medios), la libertad de circulación (cepo
cambiario), la libertad de inversión (caída de las reservas federales), la
libre iniciativa privada (presión tributaria).
El art. 14 de la C.N ., protector de la libre
prensa, asociación, comercio, es un ejemplo paradigmático de cómo un gobierno
electo mediante el régimen legal previsto, puede violar las garantías más
básicas con las que un habitante cuenta para desarrollarse. Es preciso y
oportuno acompañar al análisis con la mención del art. 16 que establece la
igualdad ante la ley (no así una igualdad forzada por ley); el art. 17 que
tutela la propiedad privada, principal incentivo para el progreso y trabajo de
cada individuo, y el art. 19., resguardado de la libertad de conciencia. Todas
las prerrogativas mencionadas pretéritamente, son antagónicas a un sistema
totalitario e intervencionista, donde los conceptos de “libertad de
pensamiento”, “seguridad jurídica” o “propiedad privada” son peligrosos para el
sostenimiento de un sector parasitario (porque consumen recursos sin producir,
generando un déficit constante que culmina con una implosión social). En el
momento que se establecen reglas de convivencia, es la habilidad y voluntad de
cada sujeto lo que permite progresar socialmente; pero cuando un sujeto ansioso
de poder, que no puede por sí mismo afrontar la vida, si bien puede solicitar
un acto de solidaridad (hecho no repudiable), también puede intentar obtener su
medio de vida por la coacción (una coerción que se puede respaldar en fuerzas
armadas como lo fuera en la ex U.R.S.S., o por un estatismo que monopoliza el
subsidio, manteniendo un voto cautivo).
En este contexto,
donde un grupo de agentes que no pueden justificar sus patrimonios, deciden
utilizar el aparato estatal desviando los fines que les son propios
(redistribución, síntesis, protección, salubridad, educación), para ir
generando constantemente nuevas reglas que sólo favorezcan un determinado
sector. Los grupos que se ven perjudicados por el arbitrio, ante la falta de
retirada del Estado (la economía es libre, porque si no lo es, a lo mucho serán
decisiones de burócratas) tan solo les queda retirarse a sí mismo, generando un
proceso de desinversión que afecta al P.B.I. y a la oferta agregada.
Necesariamente, un gobierno que sólo promueve pérdidas del producto interno más
endeudamiento en bonos de dudosos pagos, termina en un default técnico cuyas
consecuencias han sido y serán nefastas para toda población, que no encontrará
en un régimen asistencialista fondos para mantenerse en un status improductivo.
Ante la creciente ola
de políticas que amenazan la seguridad jurídica, la transparencia
gubernamental, los derechos adquiridos, la propiedad privada, el control del
gasto público, los debidos procesos judiciales, la libre iniciativa, solo resta
mencionar que el gobierno, más allá de ser electo de manera legal, es un
verdadero disidente del Estado de Derecho.
