Ahora le dan 200 millones y además muchos más por la estatización de la
universidad
Jorge Luis Vitale
InformadorPúblico,
19-12-13
La organización de
las Madres de Plaza de Mayo es un barril sin fondo. Por eso el gobierno
pretende, con un proyecto de ley, estatizar la Universidad de las
Madres, circunstancia ésta que representa muchos millones de pesos, pero
además, blanquear todo el dinero utilizado con otros fines que no son
precisamente la educación.
Oyarbide quería
salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de “Sueños Compartidos”. Por eso está
bien el fallo de la Sala
1, que manda acumular esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante
que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero
camino, donde la fundación pasa de ser damnificada a ser imputada. En esa causa
se demuestra una mecánica de corrupción donde están involucrados varios
organismos del Estado y también quienes armaron estos ilícitos. Por eso no es
cierto que todo vuelve a foja cero. Ahora debería actuar el juez pero el
gobierno lo tapa y pretende que quede en la nada. Desde que resolvió la cámara,
el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple
vista. Y además, este contrato fue rescindido por el propio gobierno por esas
irregularidades y ahora resulta que el juez tiene la causa planchada. ¿No será
para que prescriba?
El gobierno le
entregó a la Fundación
$ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas
planificadas. Pero ahora pretender estatizar la deuda de la fundación, que son
200 millones. Por eso yo digo ¿cómo no va aplaudir si el pago que recibe es
constante y muy grande? Pero lo más grande los ilícitos que cometieron con los
sueños de mucha gente en la vivienda propia.
En realidad, el Juez
Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los
Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del
Ministerio de Planeamiento.
Por tal razón, es
lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva.
A esta altura de la
causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos y que
autorizaron los pagos.
Porque Hebe de
Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan
a la fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el
año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra
Miceli.
En su momento, el
peritaje de la Policía
Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la
administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450
millones, ya que el gobierno les entregó a los responsables del programa $
1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran
entregadas 2.000 unidades.
Así las cosas, es
imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio
Schoklender y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los
funcionarios nacionales.
Y para arribar
concretamente a esta conclusión, lo que cabe es el seguimiento de la causa
6204/11 que hoy tiene paralizada. Y que hoy deberá activar el juez federal
Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale por violación a los
deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos contra los
ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación , Hebe de
Bonafini, principales responsables del programa Sueños Compartidos.
Los principales
argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del
referido plan de viviendas registra“sobreprecios, mala calidad de materiales y
de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación
vigente prohíbe”.
En la demanda se
afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que
preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el
valor de plaza de esas construcciones”.
La presentación
afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera
Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por
dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.
Señala también que
las referidas planchas salen de una fábrica que funcionaba en el barrio porteño
de Barracas con maquinarias adquiridas en 2 millones de euros.
En su respaldo, el
denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción
del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $ 210.000 por
cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad.
También recurre a una
auditoría de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las
deficiencias de esas construcciones:
* Mal diseño de la
carpintería en el 16,5% de las viviendas auditadas.
* Deficiente
aislamiento térmico de los muros exteriores en el 14,5% de los casos.
* Deficiente diseño
funcional de futuras ampliaciones.
* Desprolijidades en
la ejecución de la mampostería.
* Humedades con
salitre.
* Revoques con
ondulaciones excesivas.
Otras de las pruebas
que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General
de la Nación.
* “LaDirección
Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales
de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso
y desactualizado”.
*“Del análisis de los
anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias
jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”
* “Se detectaron
incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés
social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”
Por último se refiere
a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la
ejecución de las obras, cuestiones.
Al afectar
directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De
Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por
consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la
financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”
Por todo lo que está
en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no
sólo si la Fundación
fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por
ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.
Schoklender además
dijo ante el juez el 21 de diciembre pasado, que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres ,
junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Micheli, en
la causa donde fue conenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba
aquel trabajo
Todos sabemos como
actúa el Juez Oyarbide, pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su
silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por*Sueños
Compartidos, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra
comprometida.
Claro que el
kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de
dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de
casos que son de conocimiento público.
Dr. Jorge Luis Vitale
