Por Sebastián García
Díaz *
Finalmente, la
opinión pública parece haber tomado real conciencia del problema que estamos
incubando. Será difícil, entonces, que un gobernante, un ministro, un juez, un
fiscal o un jefe de Policía puedan mirar para otro lado como lo hacían hasta ahora. Pero preocupa el nivel de diagnóstico y,
por lo tanto, de propuestas que se escuchan, porque son superficiales y
parciales.
Hablemos claro: el
narcotráfico en Argentina está hoy en condiciones –con su enorme capacidad de
financiamiento ya consolidada– de colocar para el 2015 a los próximos
intendentes de ciudades medianas y grandes, incluso algún gobernador, y seguramente
aspira a tener una incidencia decisiva en el financiamiento de la campaña
política del próximo presidente.
Así lograrán el
objetivo de “institucionalizar” su poder y garantizar su cobertura e impunidad.
En otros sectores también van a avanzar comprando medios de comunicación y
clubes de fútbol, así como ya han incursionado en explotaciones agropecuarias,
emprendimientos inmobiliarios y turísticos, casinos, etcétera.
Estas redes
internacionales han venido a la
Argentina para quedarse. Ya operan en tierras mejicanas,
colombianas, peruanas, bolivianas, brasileñas e italianas, con nexos en África, y por supuesto en el resto de Europa y en Estados Unidos.
Y han elegido Argentina como centro estratégico de operaciones, desplegando aquí su poder y tácticas ya usadas en aquellos países para consolidarse y crecer en las próximas décadas.
Y han elegido Argentina como centro estratégico de operaciones, desplegando aquí su poder y tácticas ya usadas en aquellos países para consolidarse y crecer en las próximas décadas.
Insisto en este
concepto porque cambia por completo la perspectiva: no estamos hablando de esos
marginales que aparecen en algunas cámaras ocultas (esos son simples peones).
Son empresarios, titulares de verdaderas “multinacionales del delito” de
envergadura muy superior a las más grandes empresas nacionales, que se han
radicado –incluso han traído aquí sus familias– y van a seguir haciendo sus
negocios ilegales con cómplices locales, cueste lo que cueste y caiga quien
caiga.
¿Cuál será nuestra
respuesta? ¿Radares? ¿Ley de derribo? Efectivamente, la inacción del nivel
federal es tan grosera que habría que meter presos a los que demoran su
implementación. Con esos avances, condicionaríamos el ingreso de esta
mercadería de la muerte. Pero el paso del tiempo ha hecho que el desafío sea
ahora mucho más complejo. Porque tenemos que extirpar la inserción de estas
redes en la matriz social y cultural y en su vinculación con el poder político,
con la policía, con la
Justicia y con el Estado.
Un desafío muy
complejo
Hay tres aspectos que
confirman la complejidad de la tarea. Primero, los recursos económicos que
consiguen estas redes en nuestro país y que podríamos estimar en unos 5.000
millones de dólares al año, lo que los convierte en uno de los inversores más importantes y en un factor influyente de financiamiento de
la actividad política, social y empresaria.
Lo segundo es el
dominio territorial que han logrado y que ya supera incluso a las propias
estructuras políticas y del Estado en las villas miserias y barrios marginales
del Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba y parajes del Noroeste y del
Noreste argentino.
No en vano los
punteros se están volviendo también narcos. Reflexionemos por un momento sobre
la impresionante consolidación de la red de logística de venta de drogas, que
llega a cubrir casi todas las ciudades y pueblos grandes, medianos y pequeños
de la República
Argentina.
El dato más reciente
es el modo en que las redes de narcotráfico han llegado a dominar toda la gama
de delitos y enrolar a los que antes operaban sueltos. Este verdadero ejército
que se está conformando, de delincuentes armados diseminados por nuestras
ciudades, es un enemigo de temer.
No se puede
subestimar a una organización que trafica personas desde otros países y lleva
autos robados de Córdoba a Bolivia o Perú.
Para hacer un
parangón de la complejidad a la que nos enfrentamos: esto es tan difícil como
combatir a las guerrillas urbanas y rurales de la década de 1970.
Si aquella vez lo
hicimos tan mal y en forma tan vergonzosa, no deberíamos subestimar el desafío
al que nos enfrentamos ahora. La actitud de nuestros gobernantes tiene que
cambiar, entonces.
Hay medidas urgentes
por tomar para romper la influencia de los narcos en las barriadas, cortar sus
canales de lavado de dinero y, sobre todo, neutralizar su influencia y su
oferta tentadora en la juventud desprevenida, que cree que la marihuana, la
cocaína y las pastillas, así como el consumo de alcohol, no son tan graves.
No perdamos el tiempo
en chicanas políticas e instrumentemos de inmediato esas acciones.
*Miembro de
Civilitas, Esperanza Federal.
