domingo, 17 de noviembre de 2013

LEY DE DERRIBO: UNA HERRAMIENTA DISUASIVA


POR JOSÉ PAMPURO

EX MINISTRO DE DEFENSA.

Uno de los problemas más acuciantes que atraviesa la sociedad argentina es la inseguridad y sus factores desencadenantes, como el crimen organizado y el narcotráfico. Estos delitos de índole global exigen un tratamiento acorde a su poderío y a su capacidad de infiltración y peligrosidad.

La Argentina, hoy integrada a la región, se ve disminuida en cuanto a sus instrumentos de prevención y lucha. Varios países de América Latina y países socios y vecinos del Cono Sur como Brasil, Uruguay y Chile ya han implementado una ley que les permite la máxima disuasión contra aviones que trafican mercaderías ilícitas y drogas en particular.

Conocida en términos generales como “ley de derribo” es una de las herramientas más contundentes y eficaces para intentar disuadir y eventualmente, en última instancia impedir el libre aterrizaje de vuelos clandestinos en nuestro territorio. No podemos aceptar que estas organizaciones delictivas avancen sin freno.

Argentina debe darse los medios para no ser considerada por el crimen internacional como un país fácil, débil y abierto a la incursión de mafias que por ser globales migran allí donde encuentran un terreno propicio para su accionar.

Todavía estamos a tiempo de evitar daños mayores a los ya comprobados en distintas operaciones que tienen sus raíces en carteles de México y Colombia de alta peligrosidad. El Estado debe habilitar los mecanismos para debatir, consensuar y presupuestar una inversión importante en materia de radarización y control aéreo que permita por lo menos estar en igualdad de condiciones con nuestros vecinos y socios regionales para no ser un verdadero imán para el delito internacional corriendo el riesgo de convertir a la Argentina en el nuevo paraíso de los narcos.

Los avances realizados hasta el presente en materia de vigilancia y control fronterizo y aéreo son insuficientes y se impone ir más allá para impedir lisa y llanamente la penetración de estas bandas organizadas en nuestro territorio. Es evidente que es un tema delicado y se deben tomar todos los recaudos necesarios siguiendo un protocolo de varios pasos en la toma de decisiones que evite cualquier improvisación o error humano.

Por eso se requiere analizar los proyectos de ley ya presentados en el Congreso Nacional y cualquier otro que pueda provenir de las distintas fuerzas, y someterlos a un amplio debate legislativo despojado de parcialidades políticas para arribar al mejor resultado técnico, jurídico y ético posible.

No sería la primera vez que la Argentina necesita darse instrumentos de este tipo por motivos de defensa nacional frente a las consideradas nuevas amenazas como el crimen organizado y el terrorismo internacional del que ya fuimos víctimas en dos trágicos atentados como fueron los de la embajada de Israel y la sede de la AMIA en 1992 y 1994.

De hecho, en ocasión de la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata a fines de 2005 a la que asistían mandatarios de todo el continente, incluido el por entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, además del rey de España y altas autoridades de su gobierno, se firmó el decreto 1345 / 2005 que imponía un protocolo con una serie de reglas de empeñamiento de máxima seguridad que eran secreto de Estado. Ese decreto se firmó siendo Néstor Kirchner presidente de la Nación y estando a mi cargo el ministerio de Defensa.

El sentido era dar máxima seguridad a los mandatarios y su vigencia se limitaba a la duración de la Cumbre. Hoy necesitamos la ley de derribo como instrumento permanente para dar máxima seguridad a nuestros ciudadanos, más allá del despliegue de las fuerzas de seguridad y de la justicia contra la delincuencia y el narcotráfico.

A problemas serios, señales claras. Sabemos de lo que hablamos. Contar con una ley de derribo es la mejor manera de no tener que llegar a utilizarla.

¿Sería esta ley algo mágico capaz de liberarnos a los argentinos de la droga, del crimen organizado y de la inseguridad? Sin lugar a dudas que no, pero puede frenar e incluso revertir el avance de estas mafias que operan en diversas zonas del territorio nacional donde los vuelos ilícitos aterrizan en pistas clandestinas entre otras razones porque no se los puede interceptar.

Los vacíos legales de los países los llena la delincuencia. Teniendo una “ley de derribo” los argentinos estaremos en condiciones de advertir a quien pretenda entrar en nuestro espacio aéreo y usurpar nuestro país con su contrabando letal lo que nos enseñaron alguna vez: en la Argentina dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.


Clarín, 11-11-13