miércoles, 25 de septiembre de 2013

NARCOTRÁFICO: JUECES Y FISCALES, ENFRENTADOS



El escándalo generado por la supuesta vinculación de policías con traficantes de drogas tuvo un nuevo giro ayer al conocerse un pronunciamiento del Tribunal Oral Federal N°2 de la ciudad de Córdoba que remitió una nota a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, reclamando su intervención.

Carlos Lascano, José María Pérez Villalobo y José Fabián Asís comunicaron a Gils Carbó “la situación de gravedad institucional” generada a partir de los reiterados faltantes de estupefacientes secuestrados, entre ellos la desaparición de 4,5 kilos de cocaína hace tres años y los 30 kilos de marihuana reemplazados por alfalfa y piedras en octubre pasado, hecho que recién trascendió la semana pasada y derivó en el pedido de captura de un oficial que se entregó ayer.

Al divulgarse de manera pública este reclamo, ayer a la mañana los tres fiscales federales de Córdoba, Vidal Lascano, Enrique Senestrari y Graciela López de Filoñuk, remitieron una carta a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en la que expresaron “inquietud” ante el reclamo que se hizo público, del Tribunal Nº 2.

“Estas expresiones podrían ser malinterpretadas por la prensa y la sociedad, y constituyen una inadmisible intromisión”, expresaron, al tiempo que solicitaron que intervenga el Consejo de la Magistratura para evaluar la conducta de los jueces.

“Vi la carta de los jueces, me pareció sorpresiva y desatinada. Es como si yo enviara una carta a la Corte para pedirle que haga trabajar al Tribunal Oral N° 2”, dijo sin vueltas anoche el fiscal Senestrari, y aseguró que Gils Carbó está al tanto desde el primer momento de la situación y que apoya la investigación.

Los fiscales entendieron que, en el contexto del escándalo por la investigación contra policías, el pedido del Tribunal constituye una “deslegitimación” a las investigaciones que se están desarrollando.

Críticas cruzadas

En su carta a Gils Carbó, el Tribunal carga las tintas contra el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, quien intervino en dos casos en los que desapareció droga secuestrada.

Al respecto, los jueces sostienen que esta situación “no es nueva ya que este Tribunal denunció hace aproximadamente tres años una situación similar y puso en conocimiento de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal todos los antecedentes de una causa judicial donde se secuestraron aproximadamente 13 kilos de cocaína y llegaron a nuestro tribunal para juicio oral y público, sólo 8,5 kilogramos”.

Quien denunció la irregularidad fue Miguel Juárez Villanueva, defensor de uno de los tres imputados. Ante el incidente, el Tribunal Oral Federal N°2 solicitó una “investigación profunda” al entonces Procurador General “para determinar las responsabilidades de todos los órganos comprometidos, poniendo de manifiesto que la causa se tramitó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes y que durante la instrucción actuó Vidal Lascano, “sin advertir ni señalar el importante faltante de droga y acusando a los imputados por 8,5 kilos de cocaína”.

A pesar de la desaparición del estupefaciente, el juicio se inició y fueron condenados Estanislao Alberto Liquitay, Ariel Enrique Savioli y Gustavo Ariel Rodríguez a penas de entre 6 y 8 años de prisión.

Ahora (como informó este diario el lunes) la Cámara de Casación Penal de la Nación anuló las condenas porque los investigadores de Lucha contra el Narcotráfico se valieron de llamados anónimos para hacer inteligencia, sin conocimiento del juez ni el fiscal.

En su momento, al responder a la crítica, Vidal Lascano dijo que el juicio no tendría que haber empezado y atribuyó al fiscal de Cámara y al tribunal no haber constatado la prueba existente para iniciar el proceso oral y público.

Paralelamente, en aquel entonces, el triunvirato del Oral 2 realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para determinar la posible responsabilidad del juez Sánchez Freytes.

“Hoy a casi tres años de aquella presentación, no tenemos conocimiento del resultado de la investigación de tan grave suceso, si hubo imputados, qué medidas se tomaron para deslindar responsabilidades, si hubo responsabilidades policiales o judiciales por falta de control en la recepción de la droga y en el control de legalidad del Ministerio Público, teniendo que lamentar nuevamente otro escándalo que solo beneficia al narcotráfico, como consecuencia de la ineficiente labor investigativa en aquella oportunidad, continuando las notorias falencias en el control de los elementos secuestrados”, precisa el comunicado difundido ayer.

A Lascano, Pérez Villalobo y Asís, les llama la atención que por noticias difundidas por La Voz del Interior, surge que la justicia federal recibió 30 kilos de alfalfa y piedras en lugar de los 30 kilos de marihuana secuestrados, “siendo alarmante que este supuesto hecho ocurrió en octubre de 2012 y recién en septiembre de 2013 se realiza la pericia química que determina que no se trata de estupefacientes”.

Tras estas consideraciones, el Tribunal Oral 2 “solicita y reitera la urgente intervención de la procuradora General de la Nación, o de las Unidades Especiales, tales como Procunar”.


La Voz del Interior, 25-9-13