Sin el enfoque romántico y sensiblero de la ideología indigenista, se advierte como aplican los derechos humanos.
Fuenteovejuna en el
Altiplano
POR GUSTAVO SIERRA
Como en
Fuenteovejuna, aquí no hay culpables. Apenas si aparecen justicieros y
defensores de la autoridad comunitaria. La justicia federal y la constitución
nacional no tienen cabida en el altiplano boliviano. Si alguien delinque se lo
pasa por las duras manos de la justicia aimara. Esta semana fueron cuatro los
muertos. Todos justificados por las creencias y costumbres de hace miles de
años y que aún persisten en forma tozuda a 4.000 metros de altura, en las
comunidades rurales de la
Bolivia de Evo Morales.
En los pueblos de
Colquechaca y Tres Cruces, de unos 5.000 habitantes, en la provincia de Potosí,
aplicaron la ley comunitaria y enterraron vivo a un presunto violador y
prendieron fuego a dos supuestos asaltantes. Unos días antes había sido en el
Chapare, en Cochabamba. Los líderes aimaras locales atraparon a seis ladrones
que se hacían pasar por una patrulla policial antidrogas y también los quemaron
vivos.
Recuerdo haber
llegado a Ayo-Ayo, a tres horas de La
Paz , cuando aún humeaban las cenizas del alcalde del pueblo,
Benjamín Altamirano, que había sido quemado al pie de la estatua del máximo
héroe aimara el Tupac Kafari. Lo acusaban de haberse quedado con dinero del
pueblo. “Esta desgracia viene de la impotencia”, me dijo entonces Augusto
Mejía, un hombre de piel de cobre oscuro, gordo, con chambergo negro y unos
anteojos enormes, que oficiaba de vocero pero no aceptaba la responsabilidad de
lo ocurrido. “No hubo más remedio. Existía mucha corrupción con el finado
Altamirano. El pueblo ha sido muy tolerante, hemos esperado la justicia sin
pasar la legalidad, hemos estado en la fiscalía, en el ministerio, y nunca hubo
respuesta. Finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir”.
Es lo mismo que le
pasó a Santos Ramos, un chico de 17 años de Colquechaca al que acusaron de
haber violado y asesinado a otro indígena quechua como él, de 35 años. Fue
detenido, golpeado y enterrado vivo boca abajo para que su “ajayu” o espíritu
no salga a vengarse, y le colocaron encima el ataúd de la supuesta víctima.
En el altiplano
boliviano se aplica la ley de hace mil años porque no hay ninguna más moderna
que haya llegado allí. Evo Morales se encamina a una nueva reelección que lo
mantendrá en el poder hasta el 2020 gracias a la constitución del 2009 que
reconoce la legalidad de la ley comunitaria pero no la ejecución de las
víctimas. Evo se beneficia de una ley que no llega a las comunidades más
relegadas y pobres de su país.
Clarín, 9-6-13
