En el Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba, el 52 por ciento de los menores en los que se ha
diagnosticado intoxicación con drogas –legales e ilegales– en los últimos años
tiene menos de 14 años, y un 10 por ciento de ellos apenas tiene de 8 a 10
años. Los datos, por demás preocupantes, surgen de una investigación académica
realizada por la jefa de Toxicología del Hospital, Nilda Gait.
La muestra analizada
es de 414 casos registrados entre 2003 y 2011 y, al igual que otras
investigaciones, detecta cómo ha bajado la edad de iniciación para el consumo,
que ya se encuentra en los 13 años.
En cuanto a los
ámbitos donde se produjo, el 53 por ciento lo hizo en la vía pública, pero un
llamativo 37 por ciento consumió en su casa. Si sólo un siete por ciento se
drogó en la escuela, tal vez no sea por los controles que el sistema educativo
ejerce sobre niños y jóvenes, sino porque el 13 por ciento de los intoxicados
no concluyó el primario y el 65 por ciento abandonó la escuela en el ciclo
básico del secundario.
Como motivaciones
principales para consumir drogas, los pacientes señalaron al grupo de amigos
(45 por ciento) y los problemas familiares (35 por ciento).
El perfil de este
consumidor que demanda atención médica de urgencia por intoxicación es el
siguiente: tiene, en promedio, 13 años; por lo general, no está escolarizado;
consume junto con sus amigos o motivado por ellos; uno de cada tres asocia
distintos problemas familiares al consumo. Si a eso sumamos que se recurre a un
hospital público para su atención, no es difícil imaginar que ese menor, si no
es pobre, pertenece a los sectores menos favorecidos económicamente.
El diagnóstico es
claro y de sentido común: estos niños necesitan contención y educación. Y sus
pares, tanto aquellos que todavía no han consumido como los que aun habiendo
consumido no llegaron al nivel de intoxicación que requiere intervención
médica, además necesitan un programa eficaz de prevención.
Contención, educación
y prevención es lo que realiza la Escuela Rodolfo Walsh, de la capital
provincial, a través de sus talleres quincenales de promoción de la salud, que
reúnen a docentes, padres, estudiantes y especialistas. El proyecto surgió como
respuesta al creciente impacto de las adicciones entre los alumnos y a cierta
resistencia de los padres a reconocer que sus respectivos hijos están en
riesgo. Proyecto plausible, hay que decirlo, pero que depende del acotado
número de voluntades que puedan sumarse en una comunidad educativa.
La pregunta es qué
espera el Estado para asumir las responsabilidades que le corresponden en la
materia. Porque si se cruza el perfil del intoxicado con datos estadísticos de
pobreza y deserción escolar, podría estar en riesgo casi la mitad de los menores
que viven en Córdoba.
La Voz del Interior,
3-6-13
