El prolongado
conflicto de los choferes del transporte de pasajeros de larga distancia puso
otra vez al descubierto testimonios desgarradores por parte de quienes
necesitaban el servicio, ya sea por razones sanitarias, personales o
profesionales. Los relatos de los usuarios conmovieron por las dificultades que
les acarrea una huelga tan extensa como carente de alternativas para los
pasajeros afectados.
Los sindicalistas,
que a menudo proclaman la necesidad de respetar los convenios internacionales y
las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), olvidan que ese
organismo y los tratados que invocan establecen la obligación de proveer un
servicio mínimo y esencial para los damnificados. Esto sucede con frecuencia en
los países miembros de la Unión Europea que, incluso sometidos a tasas de
desocupación sólo verificadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, proveen
prestaciones mínimas para miles de personas que no tienen otra alternativa que
usar el servicio público.
El derecho de huelga
está reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que
suscribió la Argentina, los cuales tienen un mandato superior al fijado en la
Carta Magna. Pero ese derecho debe contraponerse con la prestación de un
servicio de emergencia mínimo, que es vital para amplios sectores de la
población.
De más está decir que
esa prestación no se cumplió durante la huelga violenta del transporte urbano
de la ciudad de Córdoba, iniciada al mediodía del 30 de abril último y
concluida 60 horas después. Tampoco se ha respetado este derecho de los
pasajeros en la protesta que durante más de cinco días realizaron los choferes
agrupados en UTA nacional y que afectó a más de 250 mil usuarios.
El crecimiento
burocrático y en facultades del Estado nacional de nada sirvió para encauzar el
conflicto. El Gobierno debe encontrar la forma de zanjar estas disputas que se
repiten cada año con la renovación de las paritarias o, a veces, de modo mucho
más periódico en función de los incumplimientos de los acuerdos.
Lo que está en el
fondo del conflicto nacional, como del que vivió la ciudad de Córdoba, es la
política de subsidios del Estado nacional, que gasta millones de pesos cada año
para disimular el impacto de la inflación real en el costo del boleto. Las
promesas de sincerar en forma paulatina el listado de pasajeros que realmente
necesita de la ayuda estatal tropezó en su momento con la aún inexplicable
tragedia de Once, que costó la vida a 52 personas, y ahora con las
especulaciones de un año electoral.
Es necesario sincerar
los costos y que el Estado cubra con su ayuda económica sólo a los que la
necesitan de verdad, para evitar dilapidar fondos millonarios. Esto, más una
conducción eficiente de los conflictos, evitará huelgas costosas para miles de
usuarios.
La Voz del Interior,
Editorial, 7-5-13
