Cuando la presidenta
Cristina Fernández presentó el proyecto para la reforma de la Justicia , dijo que su
Gobierno esperaba que la oposición –que no concurrió al acto oficial–
presentara sus observaciones a los importantes cambios que se anunciaban para
la modernización de uno de los poderes del Estado.
La hipocresía quedó
en evidencia pocas horas después, cuando el senador oficialista Aníbal
Fernández reveló que los proyectos serían aprobados “sin tocar una coma”
respecto de la redacción original.
Los argumentos
expuestos por la oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fueron
desoídos por el kirchnerismo, que no se atrevió a modificar ni siquiera los
puntos que entraban en violación con otras normas y con los principios de la Constitución Nacional.
Sólo se admitió un
leve cambio cuando una organización social filokirchnerista sugirió que el
proyecto que regulaba las medidas cautelares colocaba en total desprotección a
los ciudadanos frente al Estado. Esa observación ya había sido enumerada por la
oposición política en reiteradas ocasiones en las audiencias públicas, pero no
se los escuchó.
Sería injusto decir
que se cumplió a rajatablas la orden presidencial de no tocar una coma, pues
hubo cambios, sí, pero para tornar aun más inconstitucional las iniciativas,
por caso, la de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Esta norma fue
observada por jueces y camaristas de todo el país, así como por la Relatoría Especial
de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos jurídicos, que encabeza la jurista
brasileña Gabriela Knaul, todo lo cual mereció como respuesta la clásica
estrategia kirchnerista de desacreditar las opiniones.
El proyecto registró
un cambio significativo cuando el oficialismo advirtió que una eventual alianza
opositora le quitaría la pretendida intención de controlar ese cuerpo y avanzar
contra los fallos adversos que recibió en la Justicia.
Esas causas tienen
nombre y apellido y están vinculadas con la aplicación inconstitucional de la
ley de medios y con el encubrimiento de las maniobras de corrupción por parte
de funcionarios y empresarios próximos a la Presidenta.
Se pretende que una
lista de candidatos sea inscripta por un partido con representación en 18
distritos, algo que sólo podrá observar el oficialismo y, a lo sumo, el
radicalismo. Este requisito no se exige para presentar un candidato a
presidente, por lo que no puede estar por encima de esa norma, además de violar
pactos internacionales que tienen fuerza constitucional.
La proclamada
democratización de la
Justicia no es otra cosa que consagrar la falta de democracia
en la actuación de un poder del Estado que debe ser independiente en su rol y
no estar sujeto al control ni a los caprichos del gobierno de turno.
Es hora de evitar que
se use en vano la palabra democracia, cuando en realidad lo que se pretende es
controlar la actuación de los jueces.
