domingo, 28 de abril de 2013

LA AGRESIÓN CONTRA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN




Por José Antonio Riesco

Con la reforma judicial, tal cual acaba de imponerla el oficialismo –invocando una “democratización” falaz y siniestra--  tanto se avanza hacia un régimen que aten ta contra la seguridad jurídica, soporte sustantivo de los derechos individuales y sociales, cuanto se retrotrae el sistema político-institucional a lo que ocurría siglos atrás cuando no regía la división de los poderes ni la independencia de los jueces. A una modalidad del absolutismo.

El art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), junto a los otros, tuvo el carácter de un rechazó terminante a las experiencias de los regímenes totalitarios que se instalaron en Europa durante el interregno entre las dos guerras mundiales del siglo XX. A la subordinación de los magistrados al gobernante o a la doctrina del partido oficial, le opuso la garantía de la indepen dencia judicial. Todo lo contrario de  esa original tesis de la diputada Conti sobre que quien tiene el gobierno maneja o controla “los tres poderes”. Algo así supo decir en Alemania Hermann Göring en 1933 cuando se tramitaba la “ley de plenos poderes” a fin de sancionar legalmente la dictadura del Führer.

Dicha cláusula del Derecho Internacional, reiterada en 1969 por la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de Costa Rica), importó el compro miso de las pueblos americanos de otorgar la máxima validez y vigencia al derecho de toda persona a la jurisdicción, y “cuyo fin es asegurar la efectividad del derecho” (E. Couture)

La jurisdicción  no se limita a consagrar la potestad del Estado, por medio de magistrados judiciales, ante un conflicto de partes, de establecer la normativa  que debe aplicarse para su resolución. Y hacerlo acorde a las prescripciones de la ley y nunca para beneficiar intereses ajenos a ello, y menos respondiendo a las presiones o influencias que provienen de los órganos políticos y administrativos del Estado.

La jurisdicción es una medalla de dos caras que se integran en una misma concepción de la libertad y de la dignidad del ser humano. La ya señalada se complementa con la garantía del derecho a la justicia que corresponde al ciuda dano común; a saber :

“-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de  un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (art. 8: DADH, idem ONU)

Aunque eran ya contenido del art. 18 CN, dichas normas fundamentales, y los tratados consiguientes, fueron incorporadas a la Carta Magna argentina en la reforma de 1994, asignándoles “jerarquía constitucional”.

Cuando a la función jurisdiccional se la pretende colocar al servicio de los intereses y pasiones del gobernante, es que se decidió aniquilar el soporte insti tucional de la democracia. Por que éste es, precisamente, el objetivo tortuoso de la Reforma Judicial impuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada sumisamente por la mayoría oficialista en el Congreso.

El argumento de que se trata de medidas para “democratizar la Justicia” es falaz y pérfido. Es de público y notorio que con la reforma se pretende desmantelar los medios de prensa que critican o denuncian los abusos y las corruptelas de los funcionarios kirchneristas, y especialmente para lograr la complacencia, o algo peor, de jueces identificados con la política oficialista. O sea privados de la independencia y por esa vía de la imparcialidad de los procedimientos y las decisiones.  Con ese designio se avanza groseramente contra las garantías de la Constitución (art. 17 y 18) y sin tapujos contra los tratados internacionales citados.

Hay que decirlo con todas las letras. En los procesos populistas o soporte pluriclasista del sistema político, suprimidas o distorsionadas las instituciones republicanas, la democracia degenera en cualquier cosa. Se niega a sí misma. Se convierte en una turba, con ello en el imperio de la “barra brava” de turno. Y eso aunque gane las elecciones comprando votantes y punteros con los dineros públicos.

Entonces el ciudadano verá anuladas sus libertades, el trabajador sus derechos sociales y el empresario el ejercicio de su propiedad. Por que no habrá jueces “independientes e imparciales” que los protejan sino partidarios subordinados.-