Colegio de Abogados de Buenos Aires
(ArgentinosAlerta.org)
Prácticamente a
cuarenta días de anunciarlo en la apertura de las sesiones del Congreso, la
presidente oficializó los proyectos de leyes que apuntan a reformar el Poder
Judicial.
La iniciativa la
origina el mismo gobierno que, precisamente, modificó el Consejo de la Magistratura nacional
–cuya inconstitucionalidad es aún demandada en tres causas impulsadas por la
abogacía colegiada-. Que también designó, nada menos, que a 400 jueces de los
730 en funciones. Que propuso a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Que,
también, mantiene vacantes en 183 tribunales nacionales y federales. Y que hace
pocos meses propició la ley del per saltum que se ubica en las antípodas del
sistema de casación que, entre otras iniciativas, propone ahora.
El Gobierno Nacional
ha percibido que, a pesar de lo hecho desde el año 2003, existe un número
significativo de jueces convencidos de su rol como último bastión de nuestra
democracia, representativa y republicana. En tal convicción, distintos
magistrados han debido resolver judicialmente situaciones sobre la vida, la
libertad, el honor, los derechos, la propiedad, las garantías, la seguridad y
la dignidad de las personas. A ese respecto han debido verificar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas o determinar si el
proceder del gobierno se ajusta o no a derecho. Como es notorio, diversas
resoluciones judiciales no resultaron afines a los intereses oficiales.
Ante esta nueva
iniciativa en materia de la
Justicia , queda en claro que el objetivo del conjunto de las
propuestas legales no se inspiran en la preocupación de cómo mejorar la calidad
de vida institucional de los justiciables en particular y del pueblo en
general; ni tampoco en cómo otorgar mayor eficiencia al funcionamiento de los
tribunales nacionales y federales.
El nudo central de la
reforma propuesta, responde a otra motivación: Su propósito se orienta a obtener
el alineamiento de los jueces a la causa oficial, con el claro designio de que
se desempeñen con la afinidad esperada en las causas sensibles al interés
oficial.
Los magistrados que
lo hagan, serán catalogados como leales. Aquellos que pretendan ejercer su
magisterio con independencia, dignidad y honorabilidad, recibirán el trato y
sanciones de quienes no califiquen como tales.
Integra esta
arquitectura reformista el relanzamiento de la modificación del Código Civil y
Comercial, ahora extendido al conjunto de la codificación nacional y a la
totalidad de la legislación a través del Digesto Jurídico. De los proyectos con
estado actual parlamentario, se advierte que los mismos procuran consolidar un
ordenamiento jurídico que diluya la responsabilidad del Estado y los
funcionarios públicos, al tiempo de acrecentar el desamparo del ejercicio de
los derechos individuales, en particular en lo relativo al derecho de
propiedad.
Es indispensable que
los partidos políticos de la oposición, en especial los que cuentan con
representación parlamentaria, actúen con sentido patriótico y rechacen de plano
las iniciativas legales impulsadas por el oficialismo, advirtiendo que, bajo el
manto de medias verdades y formulaciones sesgadas, sólo apuntan a demoler el
control judicial de la administración por ser la última valla capaz de poner
límites al modo autoritario con que el partido gobernante concibe el ejercicio
del poder público.
El Directorio
