lunes, 4 de marzo de 2013

LOS JUECES: HACIA UN RETROCESO INCONCEBIBLE




Por José Antonio Riesco

“Hay una razón profunda de por qué los derechos humanos sólo pueden funcionar en un Estado constitucional.  Para la eficacia de los derechos  humanos la independencia judicial es más importante que el catálogo de los derechos fundamentales contenido en las leyes”. (Martin Kriele).

El plan de “democratización” de la Justicia que anunció el gobierno no será el primero ni último atropello contra la Constitución pero es gravísimo. Por ahora se propone inundar al Consejo de la Magistra tura con sus “compañeros” y alcahuetes a fin de construir una admi nistración de justicia donde proliferen los egresados de la academia Oyarbide. Y donde los seleccionados deberán presentar certificado de miembros activos de La Cámpora.

Se trata en el fondo de aniquilar la independencia de los magistrados judiciales, y con ello eliminar la división de los poderes y hacer retroceder su función eminente a los tiempos del Absolutismo. El “modelo” requiere jueces como Jeffrey, del siglo XVII, aquel perverso amanuense de Jacobo II, el último de los “estuardo”, que se jactaba de siempre “fallar al servicio de la corona”. O acaso como los “parlamentos” de Francia antes de la Revolución y que dejaron triste memoria por sus arbitrariedades y atropellos.

La independencia judicial fue una de las conquistas fundamentales de la Modernidad y el medio institucional que dio seguridad jurídica, primero a los ciudadanos comunes y, en su avance, a los derechos sociales, En la mejor doctrina y en la más correcta jurisprudencia significa que el funcionario actúa y decide sin estar subordinado a otra instancia que los principios y reglas de la Constitución. Por algo las autocracias se empeñaron en negarla o eliminarla. Durante el régimen de Hitler, en los años 30 del siglo XX, uno de sus principales juristas e ideólogos, Carl Schmitt,  llegó a decir que, para la sentencia de los tribunales, “eran de simple y directa aplicación los principios del nacional-socialismo”.

Pero, además, dicha independencia constituye una garantía sustanti va para que el acto de voluntad con que el magistrado resuelve la causa sobre la cual ejerce su jurisdicción sea fiel a la ley procesal y de fondo, y sólo a la ley. Y en un plano personalmente más profundo para que se pronuncie acorde a esa virtud moral que es la imparcia lidad. Es decir, la actitud que lo lleva a desechar compromisos con   las partes de un conflicto o con intereses ajenos a la causa judicial.

“-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, (art. 8, Convención Americana de DH; art. 75, inc. 22 CN)


En eso, precisamente, consiste el “buen desempeño” que prescribe el art. 53 de la Constitución Nacional, norma que comprende el aspecto legal y la dimensión ética. Para el control jurídico del acceso al cargo de los magistrados y, llegado el caso, evaluar su conducta si correspondiere, la Reforma constitucional de 1994 incorporó dos enti dades a propósito, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjui ciamiento (arts. 114 y 115 CN).

La cuestión que surge, a propósito de la intención oficialista de “democratizar” a la Justicia, consiste en que no se puede eludir la confrontación de semejante designio con el contexto sociopolítico en que se plantea.  Puesto que, a no engañarse, lo que aquí se juega no es únicamente un problema técnico sino esencialmente uno de orden político. La familia Kirchner lleva nueve años en el poder, más que un ejercicio del gobierno, sino, como está a la vista, una experiencia de concentración de las decisiones y de un creciente “culto de la personalidad”.

Hay efectos y resultados demasiado elocuentes que no se pueden ignorar. El congreso ha perdido toda autonomía de decisión, en cada comicio los candidatos del oficialismo se imponen merced al escanda loso uso y abuso de los recursos públicos, los miembros de la cúpula kirchnerista integran la clase alta de los nuevos ricos, y por eso el clientelismo viene aniquilando la dignidad cívica de millones de argentinos. Hay altos funcionarios que en lugar de currícula ostentan un lamentable prontuario. Entretanto la inflación ya se adueñó de la economía y la caja oficial se sigue alimentando con los ahorros de los jubilados.

No vale equivocarse. Dichos indicadores son suficientes para entender qué es la democracia para el régimen que lidera  la Sra. Presidente. Y qué nos quiere decir cuando amenaza al país con la “democratización” de la Justicia, o sea llenar de Oyarbides la nómina de jueces y fiscales. Para disponer de procesos y sentencias que lleven a la impunidad de los amigos y socios. Para que, como en el siglo XVII ocurrió con el juez Jeffrey,  se falle siempre como pide la Corona.-

(Instituto de Teoría del Estado)