jueves, 4 de octubre de 2012

CONFLICTO PREFECTURA-GENDARMERÍA





Desde esta columna -y en reiteradas oportunidades- hemos advertido sobre lo que ahora puede calificarse como la novela del blanqueo salarial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si acaso fuera necesario recurrir a la literatura, a criterio de construir un titular, sería lícito recurrir al clásico “Crónica de una Muerte Anunciada”. Nos referimos -claro está- al conflicto acontecido con Prefectura Naval Argentina, órgano que se exhibe en pleno estado deliberativo. Y al que más tarde se sumarían elementos de Gendarmería Nacional.

Será, pues, necesario echar mano de la simpleza para dilucidar este intríngulis, si lo que se pretende es detectar los orígenes del problema, profundizar y elaborar sobre su desarrollo y conclusión final. Todo partió desde el Estado Nacional y su costumbre de abonar al personal militar y de las FF. SS. sumas incorporadas a sus sueldos bajo el eufemismo de NB/NR (sumas no bonificables ni remunerativas), disfrazando los ingresos del personal.

Se iniciaron, de esta manera, miles de demandas salariales. Se plantearon recursos administrativos y se llevaron a juicio procesos en distintos fueros. El personal en actividad hizo lo propio en el circuito Contencioso Administrativo, y los retirados, ante los tribunales adscriptos a la Seguridad Social, de por sí atestados y colapsados por incontables demandas contra ANSES. Sucedió que el personal -ciudadanos argentinos de uniforme, con todas las obligaciones y derechos- recurrió al sistema judicial a los efectos de perseguir una solución para la problemática en cuestión.

Las demandas siguieron los pasos correspondientes y alcanzaron los tribunales superiores. Como última instancia, entendió en este asunto la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Policía Federal, se llegó a obtener una sentencia denominada Caso Oriolo, bajo la identidad del demandante -a la sazón, segundo jefe de esa fuerza- y a sus integrantes les sería reconocida la totalidad de los suplementos. Con el aditamento, en los alcances del fallo, de la incorporación de la conocida fórmula coincidente con que “Todo lo que ingresa en el bolsillo es sueldo y remuneración”; por tanto, sujeto a descuentos jubilatorios y de obras sociales como corresponde.

Siguieron luego las Fuerzas Armadas, y se falló en idéntica dirección del Caso Oriolo para los federales, reconociéndose los suplementos. Este fallo se denominó Salas -siempre acorde al nombre del demandante-, y se constituiría en el leading case para FF.AA. Pareció que se arribaba al fin de los inconvenientes.

Mas el huevo de la serpiente hace su aparición en este estadío. Conforme a la información proporcionada por nuestras fuentes, el Poder Ejecutivo Nacional -fiel a sus costumbrismos, y por intermedio de sus operadores en el Poder Judicial-, disconforme con el Fallo Salas y con las liquidaciones que de aquél surgían, presionó a los Supremos con la amenaza de dar a luz a un nuevo fallo acorde a los intereses de la Casa Rosada. De lo contrario, advirtió que remitiría un Proyecto de Ley para que los jueces también tributasen el famoso Impuesto a las Ganancias. Al final del camino, los pares del ahora cuestionado Norberto Oyarbide sentenciaron nuevamente sobre la base del primer Fallo Salas, modificando las liquidaciones, por supuesto, hacia abajo. El resultado definitivo dio lugar al Fallo Zanotti.

En este punto, es dable aclarar que muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad percibían salarios regularizados por intermedio de medidas cautelares que les habían otorgado los magistrados, basándose en el Caso Salas.

En los albores del mes de agosto del año en curso, comienzan a salir los decretos del reordenamiento salarial basados en la modificación de la Corte Suprema, produciéndose un verdadero “milagro al revés”: una rampante involución salarial en una nación con un desbarajuste inflacionario del orden del 25% anual. Índice reconocida de facto por los incrementos otorgados a solicitud de numerosos sindicatos en sus respectivas paritarias.

Al inicio de la columna que Usted está leyendo, referíamos que el culebrón debía intitularse “Crónica de una Muerte Anunciada”. ¿La razón? A la Corte hoy bajo la picota se dirigieron reconocidos estudios jurídicos, con la meta de plantearle al Doctor Ricardo Lorenzetti (solo por el momento, presidente del Cuerpo) lo que sucedería. El Supremo -siempre en acuerdo con lo reportado por nuestras fuentes- hasta se habría comprometido a sacar una aclaratoria del fallo en virtud de lo hasta aquí explicitado, esto es, que los sueldos “bajarían”. Aquí reside el principio operativo y fundacional de su “milagro al revés”: a la postre, y por demás, algunos integrantes del personal damnificado hasta terminarían debiéndole dinero al Estado Nacional, una vez las medidas cautelares se precipitaran a tierra.

El meollo terminaría por ocupar las primeras planas de los periódicos nacionales -y algunos del exterior-, como se ha visto en la jornada del pasado martes con las ruidosas protestas. El desquicio salarial y administrativo implosionó, y pueden citarse algunos ejemplos prácticos para ilustrarlo mejor: un Coronel quedó con un haber básico de 6.378 pesos. Sin desmerecer a nadie y a ninguna profesión -dado que según la Doctrina Social de la Iglesia Católica ha recordado oportunamente que el trabajo “dignifica al hombre”- podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el citado básico se compara con el de un barrendero de la firma Cliba. En otro orden, un Comisario General de Policía Federal percibe actualmente un salario bruto del orden de los 26 mil pesos (sin apuntarse el aumento del 21% otorgado con retroactividad al pasado primero de julio). Un Teniente General del Ejército, como ser Luis Alberto Pozzi -Jefe del Estado Mayor General del Arma- se anota un haber básico de 7.350 pesos, acercándose a la remuneración de un conductor de un camión recolector de residuos. Téngase presente que entre las FF. AA y de Seguridad siempre se mantuvo una suerte de equiparación salarial, sustentada en las distintas y equivalentes jerarquías.

Ante este panorama de notables perspectivas para el crecimiento intelectual y económico, los datos en carpeta reportan que un aproximado de 1.200 oficiales de la Armada Argentina -cuya formación para la Defensa costó millones de pesos- ya se encuentran anotados para ser tenidos en cuenta en su ingreso a la Policía Metropolitana. En esta organización, hacen su entrada con sueldos notoriamente superiores, en blanco y con una obra social de categoría, como lo es OSDE.

Como corolario, los lectores interesados deberán tener a bien considerar que no nos encontramos residiendo en las Fuerzas Armadas de un país desarrollado. Menos aún en el seno de las de la República Federativa del Brasil, las de Chile, o de las que operen en alguna patria con pensamiento estratégico. Para citar a cierta encumbrada (y muy apreciada) funcionaria: “Chicos; no estamos en Harvard. Apenas si egresamos de institutos argentinos y universidades nacionales…”

Si la Señora Ministro Nilda Garré (sobre quien ya pesan, en modalidad off the record, fuertes rumores de renuncia) y su jefe espiritual / asesor / ex periodista, Horacio Verbitsky [conocido bajo el alias de “Perro”] observaban, como propósito, aniquilar a las Fuerzas Armadas echando mano de la división y la fragmentación, y haciendo añicos la verticalidad y el orden que en ellas debería imperar, pues bien, Señores; podemos ahora cotejar que su faena ha culminado en un rotundo éxito. Se las han arreglado para implementar el mismo criterio al observado durante el retorno de la primera conflagración mundial. Aquella que los soviets ejecutaron limpiamente y con presteza, con el Ejército Ruso como objetivo.

Al cierre, será justo colegir que no es Garré la única persona responsable en el espinoso entuerto. Baste citar que, hace solo cuestión de horas, un grupo de generales increpó a César Milani (a cargo de Inteligencia del Ejército) porque el escenario pergeñado por el Estado Nacional redujo sus haberes en un promedio de tres mil pesos. Coroneles y capitanes de navío se sumaron al reclamo a viva voz, acusando reducciones en el rango de los mil doscientos pesos mensuales.

En la noche del martes -y luego del sonoro fracaso que se anotara el Teniente Coronel Sergio Berni al intentar calmar los ánimos entre personal de Prefectura y Gendarmería-, el Ministro de Economía Claudio Lorenzino se hallaba reunido con otros miembros del Gabinete para consensuar cursos de acción. Durante el jueves, las reuniones se continuarán en la Quinta de Olivos con la Excelentísima Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández Wilhelm de Kirchner (que había interrumpido su visita a Perú a partir de lo sucedido con este tema). Encuentro privado cuyos resultados se conocerán próximamente.

Sorge

El Ojo Digital
Informador Público, 4-10-12