relato y análisis
La movilización de
los gremios estatales para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Superior de Justicia contra la reforma jubilatoria, derivó en graves
incidentes que provocaron al menos 26 heridos, tres detenidos y múltiples
destrozos.
Entre los heridos
hubo 11 policías –dos de consideración– y 15 manifestantes con lesiones por
balas. Hay un subcomisario lesionado en un ojo y otro comisario afectado en la
zona genital, en ambos casos por bombas de estruendo, según indicó el comisario
Ramón Frías, jefe del operativo.
Momentos antes de que
se iniciaran los incidentes, desde una camioneta del SEP se reclamaba por
altoparlantes “moderación con las bombas de estruendo”, que arrojaban a
mansalva activistas de Luz y Fuerza y de los recolectores de basura (Surrbac),
que contaban con una gruesa columna. Ese gremio no pertenece al sector estatal
y su titular, Mauricio Saillén, es jefe de la CGT Nacional y
Popular Rodríguez Peña.
……
Los infiltrados de siempre
por María Virginia Guevara
Cuando la violencia
aún no había terminado y los escombros ya cubrían tres plazas, algunos
dirigentes gremiales insinuaron que los desmanes habían sido provocados por
“infiltrados”. Se rindieron rápido ante la elocuencia de las imágenes.
Entonces, la culpable por los hechos vandálicos que protagonizaron los miembros
de algunas de las columnas sindicales pasó a ser la Policía.
La notable liviandad
con que los gremios estatales toman la violencia que parte de sus propias filas
sorprendería si lo de ayer hubiera sido original. Pero la conducta fue casi
idéntica a la que los mismos protagonistas tuvieron en agosto de 2008, cuando
dejaron en ruinas la Plaza
San Martín para defender sus jubilaciones. El único cambio
fue la inexplicable presencia de decenas de recolectores de residuos –que no
aportan a la Caja –
en el grupo de los más enardecidos.
Los daños al Palacio
6 de Julio ya podrían ser declarados un deporte local. Y la sistemática manera
que tienen los “servidores públicos” –se supone que lo son todos los que
aportan a la Caja –
de dirimir sus conflictos a costa de los demás está tan naturalizada que nadie
se escandaliza por el hecho de que los pequeños o grandes problemas de los 181
mil empleados provinciales y municipales de toda la Provincia alteren de
manera permanente la vida de los 3,5 millones de cordobeses que no son parte
del Estado y que esperan algo a cambio de los impuestos que pagan.
La mayor parte de
esos recursos va a los sueldos de los empleados públicos activos, tanto en la Provincia como en
municipios. Y ahora, todos los cordobeses deben responder por el déficit que
generan las jubilaciones de los pasivos que, aunque no sean de privilegio, como
dice la Nación ,
son impagables para la
Provincia. Además , hay que consentirles que cada tanto rompan
todo.
Lo peor es la
moraleja: la violencia les sale gratis y por lo general les da resultado.
