jueves, 5 de julio de 2012

LA VIEJA COSTUMBRE DE LOS KIRCHNER DE IGNORAR LAS DECISIONES JUDICIALESS





POR SILVANA BOSCHI

Los Kirchner más de una vez hicieron caso omiso a los fallos de los Tribunales Superiores o de la misma Corte Suprema que les resultaron adversos. No es que los apelen, presenten recursos extraordinarios o planteen medidas cautelares, todos ellos mecanismos procesales aceptados por nuestras leyes. Directamente ignoraron algunos de esos fallos, hicieron como que no existían.

Para muestra bastan tres botones
las actualizaciones de las jubilaciones dispuestas por la Corte Suprema en 2007, en el fallo Badaro
el caso del ex procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa, desplazado de su cargo sin respetar su garantía de inamovilidad, cuando Néstor Kirchner era gobernador de esa provincia; 
o la negativa a cumplir con la condena de la Corte que ordena al Gobierno que le otorgue publicidad oficial a la Editorial Perfil, para evitar la discriminación hacia algunos medios en la distribución de la pauta.

El nuevo fallo de la Corte sobre jubilaciones que se acaba de conocer, y que establece en un caso puntual un piso del 70% del sueldo promedio para el cálculo de la jubilación, podría correr la misma suerte. Y -al igual que ocurrió tras el fallo Badaro- obligaría a los jubilados que quieran obtener el mismo beneficio a recorrer un interminable camino judicial, donde todos los recursos del ANSeS estarán orientados a perder tiempo, un insumo que justamente es un bien escaso para muchos jubilados de edad avanzada.


¿Qué hacen los jueces de la Corte ante estos incumplimientos? En dos casos, el de Sosa y el de la publicidad oficial, dieron intervención a la Justicia penal para que se iniciara una causa por incumplimiento. En el caso del ANSeS, recientemente se reiteró un pedido de informes al organismo para que explique cuántas sentencias judiciales tienen pendientes de pago y en qué se utilizan los recursos. Esto último fue decidido después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara un decreto estableciendo un plan de acceso a la vivienda propia (PROCREAR) financiado, otra vez, con dinero de los jubilados.

Pero el caso que tal vez irritó más a los jueces de la Corte fue el del procurador santacruceño Sosa, una pelea judicial que ya lleva 17 años y que aún no tuvo solución. En la Corte reconocen que varios jueces realizaron en este caso innumerables gestiones para evitar llegar a una situación extrema, pero ninguna de esas propuestas fue aceptada. “Hicimos todas las gestiones posibles, hubo siete fallos donde ordenamos que Sosa fuera repuesto en su cargo, y en octubre (de 2010) nos hicieron la trampa de proponer el desdoblamiento del cargo, con la promesa de que iba a ser tratado en la Legislatura provincial. Pero nunca se llegó a tratar y el incumplimiento de la orden de la Corte siguió generando malestar”, resumió uno de los jueces.

En medio de este clima, hace ya un par de años, el tribunal resolvió adoptar una solución de fondo frente a la negativa del gobernador de Santa Cruz de reponer a Sosa: decidió denunciarlo ante la justicia penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y envió el caso al Congreso para que determine cómo se va a hacer efectiva la sentencia.

El disgusto de los jueces se mantuvo en reserva, hasta que Carmen Argibay, una jueza que llegó al tribunal a propuesta del kirchnerismo pero que supo mantener un criterio independiente del poder político, hizo público el malestar: “Hace mucho tiempo que la Corte dio una orden a la provincia de Santa Cruz y no la ha cumplido. Alguna medida había que tomar, porque no podemos dejar que los fallos de la Corte no se cumplan”.

Sobre el conflicto de los jubilados, quien más salió a hablar públicamente fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien dijo que hay que acordar mecanismos “para que no exista el verdadero padecimiento que tienen los jubilados” que aspiran a cobrar una sentencia de actualización.

Aunque sus fallos puedan ser ignorados, los jueces del tribunal tiene por delante otro desafío: los reclamos de las provincias por la coparticipación de sus fondos.

Clarín, 5-7-12