sábado, 29 de enero de 2011

EL GOBIERNO DEL LÍBANO, EN MANOS DE HIZBOLLAH

Claudio Fantini

Por primera vez, el partido del fundamentalismo chiíta designó al primer ministro, controlando totalmente el gobierno. Las circunstancias lo habían colocado en una disyuntiva shakespeareana. Saad Hariri tuvo que optar entre intentar descubrir a los asesinos de su padre o salvar su gobierno y la endeble paz en el Líbano.

Cuando un puñado de sicarios acribilló en 2005 a Rafik Hariri en Beirut, los más enconados enemigos del millonario sunita eran Hizbollah y sus dos patrocinadores externos: los regímenes de Siria e Irán.

Hariri había ganado el respaldo de muchos sectores por haber impulsado y financiado la reconstrucción del país, devastado por 15 años de guerra civil. Estaba usando su influencia política para reclamar la retirada del ejército sirio y el desarme de la milicia de Hizbollah, cuando lo emboscaron y balearon frente al tradicional Hotel San Jorge.

Su muerte logró lo que estaba buscando en vida: la retirada siria de todo el territorio libanés. Pero también puso el país al borde de una nueva confrontación sectaria. Si no estalló abiertamente, fue por el acuerdo que estableció un gobierno de coalición entre las fuerzas enemigas. Lo encabezó el hijo del líder asesinado e incluyó al partido milicia de los chiítas que comanda el jeque Hassan Nasrala.

Parece mentira que semejante alianza gubernamental haya durado casi seis años, sin embargo así fue. Las tensiones comenzaron cuando el Tribunal Internacional para el Líbano avanzó en la investigación del magnicidio y reclamó una serie de colaboraciones del gobierno. El primer ministro Saad Hariri aceptó colaborar, pero Hizbollah empezó a presionar en sentido contrario.

Afirmando que dicha investigación estaba manipulada para culpar a Hizbollah de haber planeado y financiado el asesinato, el llamado Partido de Dios dio un ultimátum a Saad Hariri: si no bloqueaba la investigación, caería el gobierno. Como el primer ministro mantuvo la decisión de colaborar con el esclarecimiento del magnicidio, Hizbollah retiró sus 10 ministros, activando la cláusula por la cual si renuncia la tercera parte del gabinete, cae el gobierno.

El partido militarizado del fundamentalismo chiíta logró sacar del poder a los sunitas contrarios al eje Damasco-Teherán-Hizbollah, colocando como primer ministro a Najib Mikati, un millonario sunita que amasó buena parte de su fortuna haciendo negocios con iraníes y sirios. Pero su rechazo a la investigación que lleva adelante el tribunal de la ONU, agigantó la sensación de que detrás de los sicarios que acribillaron a Hariri estaba el poderoso Hizbollah.

Nuevo escenario. El nuevo primer ministro es sunita, pero no representa a esa comunidad en la medida en que lo representa el apellido Hariri. Para muchos, Mikati es un suní al servicio de ese estado dentro del estado que es Hizbollah. Pero los chiítas radicales pudieron formar gobierno sin genuinos representantes de los sunitas, por ser la fuerza más poderosa del país de los cedros.

Con ese poder pusieron a su servicio a los chiítas moderados de Amal, la ex milicia liderada por Najib Berry; al líder druso Walit Jumblait y al general cristiano Michel Aoun, para muchos un traidor a la comunidad maronita.

De este modo, por primera vez el partido militarizado de Hassan Nasrala controla la totalidad del gobierno libanés. Por lo tanto, no sólo está en condiciones de obstruir la investigación que la ONU lleva adelante para esclarecer el magnicidio perpetrado en 2005. En este nuevo escenario político, Hizbollah estaría también en condiciones de promover otro enfrentamiento con Israel, pero esta vez arrastrando al ejército del Líbano, que representa a las cuatro etnias del país (sunitas, chiítas, maronitas y drusos), y que no participó de las últimas confrontaciones bélicas que los milicianos del Partido de Dios mantuvieron con el ejército israelí.

El Estado judío también mira con preocupación hacia Egipto, cuyo gobierno se sacude por las réplicas del sismo que tumbó al déspota tunecino Sine Ben Alí.

No es común que un estallido social derribe a un autócrata en el mundo árabe. Eso fue lo que ocurrió en Túnez, quizá porque a su sociedad la moldeó el modelo modernista de Habib Bourguiba.

La egipcia es una seudodemocracia en la que Hosni Mubarak se dispone a pasar la autoridad a su hijo Gamal; pero a diferencia de Túnez, de caer este gobierno, la única fuerza en condiciones de conquistar el poder es la Hermandad de los Musulmanes, fundada por Hasan al-Bana en la primera mitad del siglo 20 y matriz de todas las organizaciones fundamentalistas de Medio Oriente.

Desde los acuerdos firmados por Anuar el Sadat y Menahem Beguin, resulta impensable una guerra como las que Egipto e Israel sostuvieron en 1948, 1956, 1967 y 1973. Pero si el Partido Nacional Demócrata (nasserista) perdiera el poder y no lo reemplazara otra fuerza secular del nacionalismo árabe, sino los Hermanos Musulmanes, una quinta guerra egipcio-israelí dejaría de parecer imposible.

Más aún si en Beirut se consolida el gobierno controlado por el partido del chiísmo integrista que hizo caer al primer ministro Saad Hariri por empeñarse en descubrir a los asesinos de su padre.

*Director del Departamento de Ciencia Política de la UES21

La Voz del Interior, 29-1-11

FRANCIA LE DICE NO AL MATRIMONIO HOMOSEXUAL



El Consejo Constitucional francés ha decidido que la prohibición del matrimonio entre dos personas del mismo sexo no viola la Constitución del país, y solo el Parlamento puede decidir un cambio en la legislación, según la resolución publicada en su página web.

Los nueve "Sabios" que lo componen recordaron que según los artículos 75 y 144 del Código Civil, "el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer". Además el órgano francés indicó que el legislador, "en el ejercicio de su competencia, estimó que la diferencia de situación entre las parejas del mismo sexo y las parejas compuestas por un hombre y una mujer podría justificar una diferencia de trato en cuanto a las reglas de derecho de la familia".

"No corresponde al Consejo Constitucional substituir su apreciación (la del legislador) a la hora de tener en cuenta esta diferencia de situación", explicó refiriéndose al Parlamento.

La resolución viene por el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una pareja de hecho de lesbianas contra esos dos artículos por la falta de seguridad jurídica de sus cuatro hijos.

Corinne Cestino y Sophie Hasslauer, que viven juntas desde hace 14 años, creen que el matrimonio "es la única solución para proteger a sus hijos, poder compartir la autoridad parental, regular los problemas de herencia y custodia ante el eventual fallecimiento de uno de las dos", según el diario Le Figaro.

Según un sondeo de TNS Sofres publicado por Canal +, el 58 por ciento de los franceses se muestran favorables al matrimonio homosexual, frente al 45 por ciento registrado en 2006. La adopción de niños por parte de una pareja homosexual consiguió la aceptación del 49 por ciento, frente al 30 por ciento de 2001.

El matrimonio homosexual está permitido en Europa en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia y España. En el resto del mundo, es legal en Sudáfrica, Argentina, Canadá y algunos estados de Estados Unidos.

PARÍS, 29 Ene. 11 (ACI/Europa Press)

viernes, 28 de enero de 2011

CASI LA MITAD DE LA DEUDA ESTÁ EN MANOS DEL PROPIO ESTADO


El recurso de colocar papeles en organismos estatales –la ANSeS es sólo uno de ellos– para financiar los gastos del Gobierno hizo que casi la mitad de la deuda esté en manos del propio sector público : los últimos datos oficiales, a septiembre de 2010, revelan que sobre una deuda total de U$S 160.890 millones, US$ 76.500 millones están en cabeza del Banco Central, la ANSeS y el Banco Nación, entre otros.

Esto deriva en situaciones paradójicas. Por ejemplo, por el pago de intereses de los bonos que se ajustan por el crecimiento de la economía, este año habrá que pagar $ 36.265 millones. Un 20% de ese monto lo van a cobrar dependencias del propio Estado , como es el caso de la ANSeS y en menor medida el Banco Nación, por los bonos y letras que tienen en su poder. Esto se debe a esas dependencias tienen papeles cuyos intereses se capitalizan o rinden menos que los que están en poder de inversores privados.

Por el otro lado, cuando el INDEC manipula los índices de precios afecta a los bonos que se ajustan por la inflación que, en una gran proporción, ahora están en manos de la ANSeS. Ocurre que, justamente por esa manipulación, los acreedores privados se fueron desprendiendo de los bonos CER.

El mecanismo de financiarse con los excedentes de algunos organismos públicos avanzó en paralelo con la dependencia cada vez mayor del ahorro nacional respecto de la ANSeS. Según el Informe de Política Fiscal Nacional que publicó ayer la consultora Economía y Regiones, “analizando la composición del superávit por organismos públicos, se puede ver con claridad que tanto en 2009 como en 2010 el superávit de la ANSeS representó más del 60% del ahorro anual”.

Pero el trabajo advierte que “durante 2011 se observará una fuerte caída en este tipo de financiamiento , lo cual impactará significativamente en las cuentas nacionales”.

Así, prevé que “el flujo de intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad apenas crecería 7,5% , alcanzando los 8.600 millones de pesos”. Esto se vincula con una caída interanual de 2 puntos en la suba de la recaudación impositiva, motivada por la desaceleración del crecimiento económico (+ 5,5% del PBI, según la consultora) ante una base de comparación más alta. Además, las utilidades del BCRA llegarían a $ 8.400 millones, apenas un tercio de los $ 23.500 millones devengados en 2010.

Clarín, 28-1-11

EL GOBIERNO TOMÓ US$ 631 MILLONES DE LOS JUBILADOS PARA CUBRIR GASTOS


Por Ismael Bermúdez


El Gobierno volvió a financiarse con plata de la ANSeS para cubrir gastos y vencimientos de la deuda pública .

Esta vez tomó U$S 631,6 millones –el equivalente a más de $ 2.500 millones– en un préstamo a cuatro meses a través de la colocación de una Letra del Tesoro a una tasa anual del 5%.

La Resolución es del 23 de noviembre de 2010 pero recién fue oficializada ayer tras ser publicada en el Boletín Oficial De no haberle dado ese destino, con estos U$S 631,6 millones, ANSeS podría duplicar el Presupuesto de este año para cancelar las sentencias favorables a los jubilados o más que triplicar las prestaciones por desempleo , que están congeladas hace años con un tope de 400 pesos por mes.

No es la primera vez que el Gobierno recurre al sistema jubilatorio. Unas semanas antes, el 4 de noviembre, el Gobierno había tomado otros U$S 240 millones a 90 días a una tasa anual del 4,5%.

Además de estas dos Letras, la ANSeS tiene colocados en papeles del Estado –entre bonos y Letras–unos $ 100.000 millones de los 170.000 millones que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Ese fondo se nutrió primero con los excedentes del sistema y luego con la transferencia de los fondos que estaban en manos de las AFJP. Los otros 70.000 millones están invertidos en acciones, obligaciones negociables, plazos fijos y préstamos a empresas privadas.

El objetivo inicial del Fondo era garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones y también contribuir al financiamiento del Estado y de la actividad privada.

Por eso, cuando se creó, el Fondo tenía un tope equivalente a un año de jubilaciones y pensiones porque, se sostuvo, que el excedente debía servir para mejorar el pago de las prestaciones. Pero luego ese límite fue derogado porque la prioridad pasó a ser financiar los gastos del Estado y al sector privado.

Actualmente la ANSES paga las jubilaciones y pensiones con la plata que recauda por aportes y contribuciones y por los impuestos que van a la Seguridad Social. Así, le queda un excedente, que el año pasado fue de 16.000 millones de pesos. Sin embargo, ese superávit lo obtiene porque no está pagando los haberes de acuerdo a lo que marca la legislación previsional y los fallos de la Corte .

Tampoco la ANSeS es el único organismo al que el Tesoro recurre colocando Letras para financiar el pago de los vencimientos de la deuda pública. Por ejemplo, durante 2010, entre otros organismos, el Tesoro colocó Letras por valor de $ 2.130 millones en el PAMI y $ 1.512 millones más U$S 52 millones en el Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas.

También el Banco Central es otro gran financista del Estado a través del permanente uso de las reservas para cancelar los vencimientos de la deuda.

Según las cifras oficiales, casi la mitad de la deuda pública de U$S 160.890 millones está en manos del BCRA, ANSeS y otros organismos públicos (ver aparte).

Clarín, 28-1-11

miércoles, 26 de enero de 2011

BENEDICTO XVI: JUANA DE ARCO Y EL DULCE NOMBRE DE JESÚS




Queridos hermanos y hermanas

hoy quisiera hablaros de Juan de Arco, una joven santa de finales de la Edad Media, muerta a los 19 años, en 1431. Esta santa francesa, citada muchas veces en el Catecismo de la Iglesia Católica, es particularmente cercana a santa Catalina de Siena, patrona de Italia y de Europa, de la que hablé en una reciente catequesis. Son de hecho dos jóvenes mujeres del pueblo, laicas y consagradas en la virginidad, dos místicas comprometidas, no en el claustro, sino en medio de las realidades más dramáticas de la Iglesia y del mundo de su tiempo. Son quizás las figuras más características de esas “mujeres fuertes” que, a finales de la Edad Media, llevaron sin miedo la gran luz del Evangelio en las complejas vicisitudes de la historia. Podríamos colocarla junto a las santas mujeres que permanecieron en el Calvario, cerca de Jesús crucificado y de María, su Madre, mientras que los Apóstoles habían huído y el propio Pedro había renegado tres veces de él. La Iglesia, en ese periodo, vivía la profunda crisis del gran cisma de Occidente, que duró casi 40 años. Cuando Catalina de Siena murió, en 1380, hay un Papa y un Antipapa; cuando Juana nace, en 1412, hay un Papa y dos Antipapas. Junto a esta laceración dentro de la Iglesia, había continuas guerras fratricidas entre los pueblos cristianos de Europa, la más dramática de las cuales fue la interminable “Guerra de los cien años” entre Francia e Inglaterra.

Juana de Arco no sabía ni leer ni escribir, pero puede ser conocida en lo más profundo de su alma gracias a dos fuentes de excepcional valor histórico: los dos Procesos que se le hicieron. El primero, el Proceso de Condena (PCon), contiene la transcripción de los largos y numerosos interrogatorios de Juana durante los últimos meses de su vida (febrero-mayo de 1431), y recoge las propias palabras de la Santa. El segundo, el Proceso de Nulidad de la Condena, o de "rehabilitación" (PNul), contiene los testimonios de cerca de 120 testigos oculares de todos los periodos de su vida (cfr Procès de Condamnation de Jeanne d'Arc, 3 vol. y Procès en Nullité de la Condamnation de Jeanne d'Arc, 5 vol., ed. Klincksieck, París l960-1989).

Juana nació en Domremy, un pequeño pueblo situado en la frontera entre Francia y Lorena. Sus padres eran campesinos acomodados, conocidos por todos como muy buenos cristianos. De ellos recibió una buena educación religiosa, con una notable influencia de la espiritualidad del Nombre de Jesús, enseñada por san Bernardino de Siena y difundida en Europa por los franciscanos. Al Nombre de Jesús se une siempre el Nombre de María y así, en el marco de la religiosidad popular, la espiritualidad de Juana es profundamente cristocéntrica y mariana. Desde la infancia, ella demuestra una gran caridad y compasión hacia los más pobres, los enfermos y todos los que sufren, en el contexto dramático de la guerra.

De sus propias palabras, sabemos que la vida religiosa de Juana madura como experiencia a partir de la edad de 13 años (PCon, I, p. 47-48). A través de la “voz” del arcángel san Miguel, Juana se siente llamada por el Señor a intensificar su vida cristiana y también a comprometerse en primera persona por la liberación de su pueblo. Su inmediata respuesta, su “sí”, es el voto de virginidad, con un nuevo empeño en la vida sacramental y en la oración: participación diaria en la Misa, Confesión y Comunión frecuentes, largos momentos de oración silenciosa ante el Crucificado o ante la imagen de la Virgen. La compasión y el compromiso de la joven campesina francesa ante el sufrimiento de su pueblo se hicieron más intensos por su relación mística con Dios. Uno de los aspectos más originales de la santidad de esta joven es precisamente este vínculo entre experiencia mística y misión política. Tras los años de vida oculta y de maduración interior sigue el bienio breve, pero intenso, de su vida pública: un año de acción y un año de pasión.

Al inicio del año 1429, Juana comienza su obra de liberación. Los numerosos testimonios nos muestran a esta joven mujer con sólo 17 años como una persona muy fuerte y decidida, capaz de convencer a hombres inseguros y desanimados. Superando todos los obstáculos, encuentra al Delfín de Francia, el futuro Rey Carlos VII, que en Poitiers la somete a un examen por parte de algunos teólogos de la Universidad. Su juicio es positivo: no ven en ella nada de malo, sólo una buena cristiana.

El 22 de marzo de 1429, Juana dicta una importante carta al Rey de Inglaterra y a sus hombres que asedian la ciudad de Orléans (Ibid., p. 221-222). La suya es una propuesta de verdadera paz en la justicia entre los dos pueblos cristianos, a la luz de los nombres de Jesús y de María, pero es rechazada esta propuesta, y Juana debe empeñarse en la lucha por la liberación de la ciudad, que tiene lugar el 8 de mayo. El otro momento culminante de su acción política es la coronación del Rey Carlos VII en Reims, el 17 de julio de 1429. Durante un año entero, Juana vive con los soldados, realizando entre ellos una verdadera misión de evangelización. Son numerosos sus testimonios sobre su bondad, su valor y su extraordinaria pureza. Es llamada por todos y ella misma se define “la doncella”, es decir, la virgen.

La pasión de Juana comienza el 23 de mayo de 1430, cuando cae prisionera en las manos de sus enemigos. El 23 de diciembre es conducida a la ciudad de Ruán. Allí se lleva a cabo el largo y dramático Proceso de Condena, que comienza en febrero de 1431 y acaba el 30 de mayo con la hoguera. Es un proceso grande y solemne, presidido por dos jueces eclesiásticos, el obispo Pierre Cauchon y el inquisidor Jean le Maistre, pero en realidad enteramente conducido por un nutrido grupo de teólogos de la célebre Universidad de París, que participan en el proceso como asesores. Son eclesiásticos franceses, que habiendo tomado la decisión política opuesta a la de Juana, tienen a priori un juicio negativo sobre su persona y sobre su misión. Este proceso es una página conmovedora de la historia de la santidad y también una página iluminadora sobre el misterio de la Iglesia, que, según las palabras del Concilio Vaticano II, es “al mismo tiempo santa y siempre necesitada de purificación” (LG, 8). Es el encuentro dramático entre esta Santa y sus jueces, que son eclesiásticos. Juana es acusada y juzgada por estos, hasta ser condenada como hereje y mandada a la muerte terrible de la hoguera. A diferencia de los santos teólogos que habían iluminado la Universidad de París, como san Buenaventura, santo Tomás de Aquino y el beato Duns Scoto, de quienes he hablado en algunas catequesis, estos jueces son teólogos a los que faltan la caridad y la humildad de ver en esta joven la acción de Dios. Vienen a la mente las palabras de Jesús según las cuales los misterios de Dios se revelan a quien tiene el corazón de los pequeños, mientras que permanecen escondidos a los doctos y sabios que no tienen humildad (cfr Lc 10,21). Así, los jueces de Juana son radicalmente incapaces de comprenderla, de ver la belleza de su alma: no sabían que condenaban a una Santa.

La apelación de Juana a la decisión del Papa, el 24 de mayo, fue rechazada por el tribunal. La mañana del 30 de mayo recibe por última vez la santa comunión en la cárcel, y justo después fue llevada al suplicio en la plaza del mercado viejo. Pidió a uno de los sacerdotes que le pusiera delante de la hoguera una cruz de la procesión. Así muere mirando a Jesús Crucificado y pronunciando muchas veces y en voz alta el Nombre de Jesús (PNul, I, p. 457; cfr Catecismo de la Iglesia Católica, 435). Casi 25 años más tarde, el Processo di Nullità, abierto bajo la autoridad del Papa Calixto III, concluye con una solemne sentencia que declara nula la condena (7 de julio de 1456; PNul, II, p 604-610). Este largo proceso, que recoge la declaración de testigos y juicios de muchos teólogos, todos favorables a Juana, pone de relieve su inocencia y su perfecta fidelidad a la Iglesia. Juana de Arco fue canonizada en 1920 por Benedicto XV.

Queridos hermanos y hermanas, el Nombre de Jesús, invocado por nuestra santa hasta los últimos instantes de su vida terrena, fue como la respiración de su alma, como el latido de su corazón, el centro de toda su vida. El “Misterio de la caridad de Juana de Arco”, que tanto fascinó al poeta Charles Péguy, es este total amor a Jesús, y al prójimo en Jesús y por Jesús. Esta santa comprendió que el Amor abraza toda la realidad de Dios y del hombre, del cielo y de la tierra, de la Iglesia y del mundo. Jesús siempre estuvo en primer lugar durante toda su vida, según su bella afirmación: “Nuestro Señor es servido el primero”(PCon, I, p. 288; cfr Catecismo de la Iglesia Católica, 223).

Amarlo significa obedecer siempre a su voluntad. Ella afirmó con total confianza y abandono: “Me confío a mi Dios Creador, lo amo con todo mi corazón” (ibid., p. 337). Con el voto de virginidad, Juana consagra de forma exclusiva toda su persona al único Amor de Jesús: es “su promesa hecha a nuestro Señor de custodiar bien su virginidad de cuerpo y de alma” (ibid., p. 149-150). La virginidad del alma es el estado de gracia, valor supremo, para ella más precioso que la vida: es un don de Dios que ha recibido y custodiado con humildad y confianza. Uno de los textos más conocidos del primer Proceso tiene que ver con esto: “Interrogada sobre si creía estar en la gracia de Dios, responde: Si no lo estoy, quiera Dios ponerme; si estoy, quiera Dios mantenerme en ella” (ibid., p. 62; cfr Catecismo de la Iglesia Católica, 2005).

Nuestra santa vivió la oración como una forma de diálogo continuo con el Señor, que ilumina también su diálogo con los jueces y dándole paz y seguridad. Ella pidió con fe: “Dulcísimo Dios, en honor a vuestra santa Pasión, os pido, si me amáis, de de revelarme como debo responder a estos hombres de la Iglesia”(ibid., p. 252). Juana ve a Jesús como el “Rey del Cielo y de la Tierra”. De esta manera, en su estandarte Juana hizo pintar la imagen de “Nuestro Señor que sostiene el mundo” (ibid., p. 172), icono de su misión política. La liberación de su pueblo es una obra de justicia humana, que Juana cumple en la caridad, por amor a Jesús. El suyo es un bello ejemplo de santidad para los laicos que trabajan en la vida política, sobre todo en las situaciones más difíciles. La fe es la luz que guía ante cada elección, como testificará un siglo más tarde, otro gran santo, el inglés Tomás Moro. En Jesús, Juana contempla también la realidad de la Iglesia, la “Iglesia triunfante” del Cielo, y la “Iglesia militante” de la tierra. Según sus palabras “es un todo Nuestro Señor y la Iglesia” (ibid., p. 166). Esta afirmación citada en el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 795), tiene un carácter verdaderamente heroico en el contexto del Proceso de Condena, frente a sus jueces, hombres de la Iglesia, que la persiguieron y la condenaron. En el amor de Jesús, Juana encontró la fuerza para amar a la Iglesia hasta el fin, incluso en el momento de la condena.

Me complace recordar como santa Juana de Arco tuvo una profunda influencia sobre una joven santa de la época moderna: Teresa del Niño Jesús. En una vida completamente distinta, transcurrida en la clausura, la carmelitana de Lisieux se sintió muy cercana a Juana, viviendo en el corazón de la Iglesia y participando en los sufrimientos de Jesús para la salvación del mundo. La Iglesia las ha reunido como Patronas de Francia, después de la Virgen María. Santa Teresa expresó su deseo de morir como Juana, pronunciando el Nombre de Jesús (Manoscritto B, 3r), la animaba el mismo amor hacia Jesús y hacia el prójimo, vivido en la virginidad consagrada.

Queridos hermanos y hermanas, con su testimonio luminoso, santa Juana de Arco nos invita a un alto nivel de la vida cristiana: hacer de la oración el hilo conductor de nuestros días; tener plena confianza en el cumplir la voluntad de Dios, cualquiera que esta sea; vivir en la caridad sin favoritismos, sin límites y teniendo, como ella, en el Amor de Jesús, un profundo amor a la Iglesia. Gracias.

CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 26 de enero de 2011 (ZENIT.org).-


martes, 25 de enero de 2011

LA POBREZA LLEGA A SER CINCO VECES MAYOR FUERA DE LA CAPITAL


Oliver Galak

Ni la reducción de la pobreza que el país ha experimentado durante la última década por el crecimiento de la economía y el empleo, ni la instrumentación de planes sociales como la asignación por hijo alcanzaron para borrar las enormes desigualdades regionales que reflejan los índices de la realidad social. Un habitante del nordeste argentino, por ejemplo, tiene casi cinco veces más probabilidades de caer bajo la línea de la pobreza que sus compatriotas de la Capital Federal.

Esta situación desigual, que está ligada con los niveles de empleo, educación y formalidad laboral imperantes en cada región, también se reproduce a uno y otro lado de la General Paz: mientras que en la Capital Federal hay un 8,6% de pobres, en los 24 partidos del conurbano bonaerense la tasa asciende al 24 por ciento.

Esos índices corresponden a un informe del Centro de Estudios del Banco Ciudad, basados en estimaciones del costo de la canasta básica, hechas por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Según estos cálculos, la pobreza en los centros urbanos de todo el país asciende al 23,3%, casi el doble del 12% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su última medición, pero menos de la mitad de los porcentajes que había en 2003. La tasa de indigencia, en tanto, se ubica en el 8,2% de la población (contra el 3,1% que informa el Indec).

Los índices del citado informe son, de todas formas, más reducidos que los estimados por centros de estudios privados. La consultora Ecolatina, por ejemplo, sostiene que son pobres el 30,9% de los habitantes de la Argentina.

Si las tasas estimadas por el Banco Ciudad se proyectan al conjunto de la población, habría unos 10 millones de pobres (9.911.934, 24,7 %), de los cuales 2,6 millones están en la zona metropolitana (con una proporción de casi 10 a 1 entre habitantes del conurbano y porteños) y otros 3 millones en el resto de la región pampeana.

"El norte argentino es la zona más castigada por el flagelo de la pobreza, con tasas superiores al 40% en el Nordeste y cercanas al 34% en el Noroeste. Esto marca que, tras ocho años de fuerte crecimiento, importantes zonas del país continúan socialmente relegadas", sostiene el informe elaborado por el centro de estudios económicos que dirige Luciano Laspina. El estudio postula que, a diferencia de lo que ocurría en los 90, la pobreza no crece ahora de la mano del desempleo, sino de la informalidad laboral y de la inflación.

Coincide en este punto Ernesto Kritz, de SEL Consultores. "En el NOA y en el NEA, hay un peso mayor de la informalidad, y los ingresos de los informales están bastante por debajo de los formales. El grueso de la pobreza hoy está en los que tienen ingresos informales", afirmó.

Más subsidios a la Capital
Curiosamente, las políticas de subsidios del gobierno nacional están más concentradas en el transporte y la energía de los habitantes de la región metropolitana que de las provincias del Norte, donde se paga más por los mismos servicios.

Respecto de las fuertes diferencias en el interior de la región metropolitana, Kritz recordó que los datos de pobreza, elaborados con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se basan en el lugar de residencia de las personas, no en su lugar de trabajo. Ello significa que no es que en el conurbano la informalidad sea tanto más alta que en la ciudad de Buenos Aires, sino que quienes tienen los empleos formales tienden (con mayor frecuencia que los otros) a residir en la Capital Federal.

En este sentido, Jorge Colina, investigador jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), advierte que parte de la explicación también hay que buscarla en las diferentes tasas de empleo en los distritos. Así, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la tasa de empleo es del 50,9%, en el conurbano cae al 42,7%. Y en el Nordeste sólo llega al 35,1 por ciento.

"Los peores indicadores laborales se dan en el NEA y el NOA. Las tasas de ocupación y de empleo asalariado formal también son inferiores al resto del país -afirma Colina-. La población en esas zonas tiene menores niveles de educación y de formación para el trabajo. Si es un hombre, se termina insertando en un empleo más precario o informal que en la zona metropolitana. Y si son mujeres, ni siquiera participan del mercado laboral."

Según el especialista, estas desigualdades se han mantenido estables en los últimos años. "Posiblemente, la única región que ha mejorado en la última década haya sido la Patagonia, porque la devaluación y el hecho de que tienen commodities con alta inserción internacional llevaron al desarrollo de la industria petrolera", explicó Colina. De hecho, del último censo surge que las zonas donde mayor inmigración hubo fueron las provincias del Sur.

La Nación, 25-1-11

domingo, 23 de enero de 2011

EL PODER QUE MOYANO PUEDE LLEGAR A PERDER



Por Susana Viau, Especial para Clarín


La lucha por representar al kirchnerismo porteño es un pas-de-trois protagonizado por dos ministros y un senador: Carlos Tomada, Amado Boudou y Daniel Filmus. Es Boudou, sin embargo, quien parece gozar de la simpatía de la Presidente y de su principal aliado, Hugo Moyano. El titular de Economía y el camionero tienen varios puntos en común: además de la enorme ambición, los unen una misma ciudad de origen, Mar del Plata y una biografía que hunde sus raíces en el negocio de la basura. Boudou, comenzó su carrera en una empresa recolectora de residuos y con la quiebra de la firma instaló su propio emprendimiento: Ecoplata. Con la bendición del titular del PJ Bonaerense –que se colaba así en la interna de la Capital—le llegaron al economista del CEMA las adhesiones de Julio Piumato, secretario de los empleados judiciales, del taxista Omar Viviani y del metalúrgico Antonio Caló. Por cierto que el apoyo de Moyano no es nunca declarativo ni gratuito: implicaría una amplia colaboración para solventar los gastos de campaña, siempre y cuando su generosidad se vea recompensada con la inclusión en las listas de un puñado de hombres de confianza. Un oferta similar le habría llegado a José Manuel De la Sota, con la condición de que defina antes de marzo si apoya o no la reelección de Cristina Fernández.

Resignado a que la contundencia de sus métodos sea proporcional al malestar que éstos provocan en la opinión pública, Moyano posterga sus aspiraciones electorales y concentra su esfuerzo en dos objetivos: la expansión de su influencia territorial y el crecimiento de su poderío económico. Al sentido común y a las encuestas se habría sumado la advertencia que, entre sonrisas, la jefe del Estado le formuló a principios de diciembre y después de haberse puesto al volante del transporte que presentaba en sociedad una empresa alemana: “él me dijo en River que quería que un trabajador fuera presidente, ahora una presidente puede llegar a ser secretaria de camioneros”. En otras palabras, que sus explícitos sueños presidencialistas no sonaban amigables en Olivos, ni su cargo en camioneros era producto de una representación vitalicia. Se trató apenas de un llamado de atención, una pica clavada en Flandes, la demarcación de límites en una relación cargada de tensiones, de amores y de odios, de necesidades y recelos mutuos. Por esos mismos días, se había dado luz para que Mariano Recalde, hijo del diputado moyanista Héctor Recalde, suscribiera en nombre de Aerolíneas Argentinas una carta de intención por la que Ivetra ofrece asumir el control de cargas de la compañía. Al frente de la empresa se encuentra el juez Daniel Llermanos, asesor legal de la Federación de Camioneros y en ella cumple también funciones relevantes Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, la esposa de Moyano. De concretarse el preacuerdo, Ivetra -.-que ya desarrolla esas tareas en el puerto de Buenos Aires—pasaría a concentrar el control de toda la carga que se transporte por tierra, mar y aire. Es sólo un aspecto del conglomerado camionero. Iarai –presidida por Zulet--, es la sociedad que ha constituido Consolidar Salud, gerenciadora de OSCHOCA, obra social de camioneros; Dixey es la textil que fabrica los uniformes que se usan en los servicios satélites del sindicato y produce la carpintería metálica de sus construcciones; Caminos Protegidos es la asegura de riesgos de trabajo que tiene como responsable a Pablo Moyano, un joven con peso específico en la directiva de Independiente; el yerno del mandamás de la CGT fue enviado a presidir el club de la Primera “C” Barracas Central y Gonzalo, el “Patón” Basile, recolector de Lomas de Zamora, es el campeón sudamericano de los pesados, un hombrón cubierto de tatuajes, que tiene una pistola grabada en la cabeza y sube al ring con una bata en la que se lee “Camioneros”, porque el box es otro de los deportes que enfervoriza al clan. Siempre se ha dicho que Covelia, la recolectora de residuos que pisa fuerte en el conurbano y atemoriza a los intendentes con la amenaza de un “golpe de la basura”, tiene fuertes lazos con el jefe de la CGT y en los últimos tiempos ha rodado con insistencia el rumor de que “el Negro”, como lo llaman sus amigos, habría vuelto a poner sus ojos en Oca, el correo privado que todos siguen asociando a Alfredo Yabrán.

Moyano nunca ha ocultado su fascinación por Jimmy Hoffa, el oscuro y célebre líder de la Hermandad de los Camioneros, que desapareció de la faz de la tierra durante el soleado mediodía del 30 de julio de 1975, en el parking de un restaurant de las afueras de Detroit. Nunca se supo si quienes lo disolvieron en el aire fueron los dos gangsters con los que estaba citado o el FBI. Pero Moyano se equivoca al establecer las filiaciones porque la matriz de su construcción económica, política y sindical responde menos al esquema de Hoffa que al de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina” , el por muchos años indestructible conductor de los trabajadores del petróleo mexicanos. El poder de Hoffa hubiera sido impensable sin el apoyo de las familias mafiosas a las que les lavaba dinero en las empresas dependientes de los “teamsters” ; el poder de La Quina, como el de Moyano, sólo fue posible gracias a la sumisión del Estado.

“La Quina”, cuentan, era un hombre del sistema y conocía fondo sus reglas y sus vericuetos. Eso le permitió no sólo sostener con mano de hierro las riendas de la estructura sindical sino gobernar con hilos invisibles el sur de Tamaulipas. A él, La Quina, le rendían cuentas empleados locales, estatales, del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo, imponía dirigentes obreros y campesinos, construía caminos, administraba patentes de taxis, extorsionaba gobernadores y machacaba disidentes. El Sindicato Revolucionario de Trabajadores del Petróleo de la República Mexicana era propietario de 30 edificios en Tampico, 134 tiendas, 300 camiones tanque y una flota naval de 15 barcos petroleros, fabricaba ropa, jabón, tenía funerarias y clínica dentales, empresas de refacciones, talleres mecánicos, balnearios y hoteles. PEMEX le había adjudicado, sin licitacion, el 40 por ciento de los contratos de perforación que podía subcontratar a su arbitrio y le cotizaba el 2 por ciento del total de las obras adjudicadas a particulares para un fondo de “beneficio social”. Los estudiosos de la historia contemporánea de México sostiene que “el sindicato petrolero era un estado dentro del Estado” en épocas en los que los intereses de los gobiernos populistas coincidían con los de “La Quina”. A principios de los 90 la presencia del cacique de los petroleros comenzó a resultar incómoda para los planes de privatizacion que traía el nuevo credo neoliberal. Entonces la política descubrió que Joaquín Hernández Galicia había fomentado descomunales bolsones de corrupción y tenía intenciones de formar un ejército paralelo. Lo detuvieron. El estado recuperaba las parcelas de poder que había cedido para lograr gobernabilidad y masa crítica. Varias ciudades agotaron sus reservas de combustibles a causa de las protestas obreras. Con el correr de los meses, la calma regresó. Después de “la Quina”, México ya no tuvo dirigentes con un poder comparable. La política había aprendido la lección.

Eso es quizás lo que quieren decir Ernesto Sanz y Eduardo Duhalde cada vez que aseguran que el moyanismo debe volver a su cauce, debe ser restituido a su ámbito natural. Los radicales –que le entregan con una mano el poder que pretenden recortarle con la otra— consideran que enfrentarse al camionero será una aventura mayor. El PJ federal suele abordar con simpleza el problema: “Moyano avanza todo lo que la política le deja” , explican unos; “para poner las cosas en su sitio, lo único que hace falta es que Cristina se enoje con él” , aseguran otros. “Hay que tener la voluntad –coinciden—; es el moyanismo un poder sustentado en las concesiones y lo que se ha dado de ese modo se puede quitar”. Cuentan que hay síntomas de insatisfacción en seccionales camioneras de Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe y “los Gordos” aguardan pacientes su oportunidad.

“Van a esperar que se desgaste en las discusiones salariales de un año difícil” , anticipan y mencionan las causas judiciales que acechan a, un sindicalista siempre vestido con la estupenda sencillez de una remera que lleva sobre el lado del corazón el logo de un caballito de polo.

Clarín, 23-1-11

DESDE QUE MORENO COPÓ EL INDEC, SE BORRARON 80 PUNTOS DE INFLACIÓN



Por Ismael Bermúdez


A cuatro años de la intervención al Área de Precios del INDEC, los números están a la vista.

Mientras el Instituto Nacional asegura que en esos 48 meses la inflación fue del 39,0% , las mediciones de los Institutos oficiales Provinciales arrojan una suba del 120,6% , como en el caso de San Luis.

Entre una y otra medición hay 80 puntos de diferencia . En el rubro alimentos, las diferencias son mayores aún.

Estos 80 puntos aproximadamente se repiten si se compara la inflación del INDEC con la que miden otras siete provincias en ciudades como Jujuy, Neuquén, Paraná, Rawson-Trelew, Salta, Santa Rosa y Viedma . Algo similar arroja la medición de Santa Fe para la ciudad capital y Rosario.

En todos los casos, estas mediciones provinciales eran muy coincidentes con las del INDEC hasta diciembre de 2006.

A partir de ahí, esos índices provinciales se aproximan entre sí, pero difieren con los del INDEC.

La conclusión es más que obvia: a partir de la “intervención”, la que se desvió fue la medición del Instituto Nacional y las causas son conocidas, más aún después del informe de las universidades nacionales que reveló la manipulación de las cifras oficiales. A eso se agrega, y no por casualidad, que en marzo de 2008, el INDEC dejó de difundir el IPC Nacional , que contenía esas mediciones provinciales.

Las cifras provinciales de inflación se aproximan a la evolución que tuvo en el mismo período la población con ingresos que, según el INDEC, pasó de un promedio de $ 1.065 a $ 2.344 mensuales: un alza del 120%. De aquí se infiere que la gente mantuvo el poder adquisitivo. Con el IPC del INDEC, se llegaría a la absurda conclusión de que hoy la gente podría comprar un 60% más que 4 años atrás.

Los acuerdos salariales alcanzados entre sindicatos y empleadores también son coincidentes con los índices provinciales. Nadie se imagina a los empresarios remarcando sus precios con el IPC del INDEC y al mismo tiempo, acordando suba de los salarios con los índices provinciales.

Con todo, los datos de la Direcciones Provinciales marcan que en estos 4 años, los precios de los alimentos tuvieron una suba promedio de 140%. El INDEC registró un 39,3%. O sea, más de 100 puntos de diferencia.

De aquí se infiere que uno de los rubros más manipulados en la estadística oficial es el de alimentos y bebidas, que más inciden en la canasta de los asalariados, y más aún entre las franjas más pobres de la población. Este explica por qué el INDEC tiene índices de indigencia y pobreza muy bajos – la mitad— con relación a las mediciones alternativas.

Clarín, 23-1-11

sábado, 22 de enero de 2011

LA GUERRA, LA NEGOCIACIÓN Y LOS INTERESES NACIONALES


(A propósito de un trabajo del Centro de Estudios Cívicos
sobre los resultados finales de la Batalla de Obligado*)


Por
José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado

Con excepción de los casos en que los conflictos bélicos están animados por el afán de venganza o con finalidad exclusiva de rapiña, algo de lo cual la historia registra numerosas experiencias, el objetivo del esfuerzo y el sacrificio colectivo se dirige a obtener una paz que mejore la situación anterior. “La guerra se legitima cuando se trata de buscar un estado de paz conveniente”, supo sostener San Agustín y ello vale, a veces, para ambas partes.

De ahí que nada es más pernicioso para ambos contendientes que la clausura de las comunicaciones entre ellos, sea en forma directa aunque encubierta o mediante el servicio de un tercero. Hay casos en que la soberbia o la locura dominan las decisiones de los gobernantes y por esa vía se internan en el desastre. En 1941 la influencia del general Tojo pudo más que la apreciación racional del almirante Yamamoto, y Japón cayó en la costosa trampa que le venía tendiendo Estados Unidos desde no menos de seis meses antes. En su gobierno de los “cien días” en 1815 el Gran Corso se creyó tan fuerte como para proseguir la contienda con las monarquías europeas y terminó no sólo vencido en Waterloo sino además preso en una isla, de paso arruinó todo lo que Talleyrand había logrado a favor de Francia sobre la mesa de las negociaciones, y en lo cual, junto a .engrosar la bolsa, era un experto.

Hubo ya tantas contiendas armadas, sangrientas y genocidas, que tiene sentido afirmar que la guerra está en “la naturaleza de las cosas” y de la humanidad. Claro que el “hacer la guerra” requiere decisión, sensatez y una inteligente explotación de la situación, antes, durante y luego del duelo, contando con recursos militares suficientes, si no para ganar sí para producirle daños importantes al enemigo que le obliguen a evaluar costos, inversiones y consecuencias. Y ello con una adecuada apreciación geoestratégica y disponibilidad de aliados eficaces aún no beligerantes. No es asunto para timoratos ni para tarambanas.

El trabajo del Dr. Mario Meneghini y Faviela, su esposa, nos ilustra sobre los trámites y acuerdos diplomáticos que siguieron a la Batalla de Obligado, donde la Argentina había demostrado heroísmo, sacrificio y contundencia contra las armadas de los dos imperialismos principales del siglo XIX (Francia e Inglaterra). Fue en esa instancia que el gobernador Juan Manuel de Rosas, a cargo de las relaciones exteriores del país, mostró, además de obstinación guerrera, un habilidoso y rentable manejo de las negociaciones con los adversarios. Lo hizo con firmeza y sabia especulación de las condiciones del pleito, las vigentes en el propio territorio y mucho en la situación política interna de ambas naciones europeas.

El saldo fue el retiro de las flotas bloqueadoras, el reconocimiento de la jurisdicción nacional sobre los ríos interiores e incluso que cada una de dichas potencias rindieran homenaje (o desagravio) a la bandera patria mediante la simbólica salva de cañonazos. Todo esto, junto a la versión completa de los documentos del arreglo, es lo que aporta este valioso estudio, y que vale leer y meditar. Nos reencuentra con la tradición que confirió identidad a la nacionalidad y dignidad a la política exterior.-

* Ver trabajo citado en: www.forosanmartiniano.blogspot.com

viernes, 21 de enero de 2011

EL "CARTEL DE LA GRAN ALDEA" DEL NARCOTRÁFICO ARGENTINO



Por Horacio Calderón para el Informador Público

INTRODUCCIÓN

El P. José María Di Paola, o “Padre Pepe”, como es conocido en el vasto círculo de su apostolado en los “barrios de emergencia” de la ciudad de Buenos Aires, realizó nuevas declaraciones al presentar un documento oficial del “Equipo de Sacerdotes”, que desarrolla arduas tareas para lidiar contra el flagelo de la droga en esos emplazamientos a su cargo.

Así como hace un año y medio dichos sacerdotes dieron a conocimiento público un informe titulado “La droga, en las villas, despenalizada de hecho”, el nuevo documento, El desafío del “paco”, está específicamente focalizado en el tráfico y consumo de esta letal substancia.

En el primer documento citado -cabe recordar- los mismos sacerdotes denunciaron públicamente que los barrios de emergencias eran “zonas liberadas” para el narcotráfico y, asimismo, expusieron sobre el grave daño que se causa a los jóvenes socialmente más desprotegidos. Poco después el P. Di Paola recibió una grave amenaza, algo a lo cual habrá que acostumbrarse, frente a la creciente actividad de la narcocriminalidad en nuestro país.

Tales “zonas liberadas” existen en la ciudad de Buenos Aires y en todas y cada una de las restantes del país, sin distinción alguna de zonas o sectores sociales. Es que casi todos los procedimientos exitosos contra el narcotráfico que se realizan en la Argentina, están vinculados con cargamentos destinados al exterior. No hay mayores registros de allanamientos y secuestros de drogas destinadas al consumo interno, que se expenden fácilmente y hasta se consumen en lugares públicos.

No menos contundente fue esta vez el P. Di Paola dentro de los límites del objeto de la nueva denuncia, cuando afirmó: “Lo más terrible que hace el «paco» es explotar la marginalidad. El «paco» es el rostro nuevo de la exclusión, más sangriento. El Estado como organismo hoy está ausente”.

En realidad y a fuer de ser sincero, debe afirmarse sin ambages que el Estado argentino no está solamente ausente en materia de drogadicción, dado que la cruda realidad permite definirlo como un órgano contaminado de manera integral por el negocio del narcotráfico que, corrupción generalizada mediante, afecta casi todos los sectores y niveles de los tres poderes constitucionales.

Debe uno coincidir -parafraseando al P. Di Paola-, en que hay muchos profesionales que trabajan para el Estado de manera excelente e incluso más allá de sus deberes, ya sean médicos, abogados, trabajadores sociales y psicólogos. No obstante, es como si se intentara restañar una gigantesca y hemorragia colectiva con la ayuda de una cantidad mínima de torniquetes.

Tal situación y los obstáculos que enfrentan dichos sacerdotes no son nuevos, dado que es el resultado de un acelerado proceso de degradación de las instituciones, cuyo origen tiene vieja data, pero que forma parte de un continuo que crece acelerada y exponencialmente. Esto condujo a nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, a convertirse en una gigantesca zona “liberada”; “gran aldea” sin fronteras interiores y por demás tampoco con las que nos separan de países vecinos debido a la “porosidad de las mismas”. El narcotráfico es un negocio tenebroso que se expande exponencialmente a la sombra de un Estado ausente, indolente y, por ende, cómplice por omisión de las actividades que desarrollan las organizaciones criminales que lucran con el comercio ilegal de las drogas y toda la gama de delitos conexos que la acompañan.

La preocupación del “Equipo de Sacerdotes” que accionan contra el narcotráfico y la drogadicción en los barrios de emergencia apunta en el último documento a corregir la gravísima situación que atraviesan los niños y jóvenes más excluidos afectados por el flagelo del “paco”. Estos carecen de la posibilidad de ser rehabilitados -salvo excepciones especialísimas-, una vez que han sido afectados por el uso de esta substancia.

Pero ni el mapa ni el drama del narcotráfico y la drogadicción tienen límites en el tiempo ni en el espacio de la geografía argentina. Así como ya se habla del mundo entero como una “aldea global”, podría por ello afirmarse que la Argentina es una “gran aldea”, en la que el flagelo de la droga ha ganado la calle a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción de clases sociales. Los más afectados son sin duda los sectores más marginados de nuestra sociedad; aquellos que carecen de toda contención familiar y de una respuesta social colectiva y por ende también de una mínima o aceptable capacidad de rehabilitación.

El Estado argentino, o lo que queda en pie de sus instituciones, refleja el modelo de una entidad reguladora del negocio de las drogas ilegales, al estilo del México de décadas atrás. En definitiva, un órgano que no sólo procura evitar el combate integral contra el narcotráfico, sino que poco o nada hace -por las razones aludidas, entre otras- para restañar sus más fatídicas consecuencias.



PERFIL DE PAÍS

Los últimos informes actualizados que han hecho públicas las más importantes agencias mundiales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, sus delitos conexos y la drogadicción, confirman el perfil histórico clásico de nuestro país durante los últimos años.

Sintéticamente:

1. País de tránsito -predominantemente hacia Europa- de la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia.

2. País de tránsito de la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU.

3. País de tránsito y consumo de marihuana procedente de Bolivia y Paraguay.

4. País de fabricación, control de calidad, tránsito y desvío de precursores químicos para la elaboración de los narcóticos clásicos como la cocaína, pero también de aquellos que, como la efedrina, fueron y probablemente sigan siendo utilizados, aunque con otros métodos, para fabricar substancias estimulantes tipo anfetamina con destino al uso interno y al contrabando a mercados como México y EE.UU.

5. País de fabricación de clorhidrato de cocaína (CLC), mediante el uso de pequeños laboratorios, en los que la llamada “pasta base” (PBC) se convierte en la droga final mencionada. La Argentina secuestró 20 laboratorios, según se informó en 2008, pero se sospecha que podrían existir una importante cantidad de esas unidades operando en todo el país.

6. País bajo permanentes sospechas de ser permisivo con su sistema financiero, que otorga importantes facilidades para el lavado de dinero, tal como acaba de mencionarlo el “Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales” (GAFI). La situación actual deja a la Argentina al borde de ser incluida en la llamada “lista gris”, junto a Bolivia y Paraguay, entre otros Estados. De ahí a pasar a la “lista negra” junto a países como Irán, existe un camino que otros actores estatales han recorrido rápidamente.

7. País de operaciones, de tránsito, descanso y hasta de escondrijo de altos jefes de Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTDs), como sucedió hace poco con el narcotraficante Luis Caicedo Velandia, capturado en Buenos Aires y que enfrenta un proceso de extradición a los EE.UU.; aunque la importancia que se le atribuyó públicamente, no se corresponda con la realidad del sujeto aprehendido ni con la de la red criminal que integraba.



PROCEDENCIA DE LOS NARCÓTICOS EN LA ARGENTINA

Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también parten de Paraguay y Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana procede de Bolivia, aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina que está cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.

La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), que son utilizadas por organizaciones de narcotraficantes, que difícilmente podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en las jurisdicciones a su cargo.

Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU., gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se canaliza aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente son ocultados en contenedores.

La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a su avanzada industria química.

Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, en los que se convierte en clorhidrato de cocaína la “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.

Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.

La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Éxtasis” y el devastador “paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.

El volumen de circulación, distribución y venta de drogas ilegales en espacios abiertos como recitales, e incluso hasta callejera, demuestra a las claras la existencia de una red de protección que jamás podría existir sin la complicidad de sujetos infiltrados en los tres poderes del Estado Nacional. También, desde luego, en los Estados provinciales, comenzando por Buenos Aires, que junto a la Capital Federal concentra a la mayoría de la población argentina y en consecuencia al mercado consumidor de mayor importancia en el país.

Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.

Sin embargo y no resulta ocioso reiterarlo, nada parece alterar la gravísima situación vinculada a la flagrante situación relacionada con la venta y el consumo generalizado doméstico, que permite acceder a la compra de narcóticos a una enorme cantidad de adictos, como asimismo a quienes se están iniciando en su uso.

El Informe 2010 de la “Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” o UNODC, incluye ciertos aspectos relevantes sobre la Argentina, que confirman las críticas de quienes denuncian el grave cuadro de situación existente, las tendencias pesadas que se observan actualmente y los escenarios poco tranquilizadores que la ciencia de la prospectiva permite trazar para un futuro.



COCAÍNA

La existencia de cargamentos de cocaína en tránsito por la Argentina, ha sido comprobada en el terreno gracias a secuestros de gran cantidad de esta droga, como los 300 kilos que estaban escondidos dentro de muebles antiguos con destino a España. El 16 de junio pasado fueron secuestrados 1.625 kilos más de cocaína, acondicionados en cajas de manzanas, operación que se llevó a cabo en el Puerto de Buenos Aires y que iban a salir también rumbo a España. Asimismo y pocos días después fue interceptado un barco que entraba al puerto brasileño de Santos, Brasil. Los contenedores también contenían manzanas con nada menos que 1.724 kilos de droga. Fuentes de la investigación y algunos medios de comunicación del país vecino y de la Argentina, como Clarín, afirman que ambas cargas eran parte de una misma tanda y tenían como destino final el puerto de Barcelona. El cargamento, de 3.349 kilos en total -el mayor de la historia embarcado en Buenos Aires- fue valuado en 150 millones de euros.

Estas noticias no dejan de tener su importancia en la lucha antinarcóticos vinculada a la intercepción de cargamentos de cocaína dirigidos al exterior, lo que marca un importante incremento en los secuestros realizados en el país. Estas exitosas operaciones permiten especular, aunque sin mayores precisiones, sobre el importante volumen total de las drogas ilegales que son transbordadas en territorio argentino sin ser detectadas.

Aunque el Informe 2010 del UNODC no alcanzó a incluir los secuestros de drogas realizados en la Argentina durante las últimas semanas, afirma que en Suramérica alcanzaron niveles de record en 2008 y, que en términos relativos, fueron registrados incrementos significativos en Perú (donde aclara fueron casi doblados), Bolivia (donde crecieron al 62%), Argentina (51%), Brasil (21%) y Ecuador (12%). En cuanto a Chile, las capturas decrecieron un 12%.

No obstante y con referencia a la relación entre el tráfico de drogas y la inestabilidad política en países de tránsito de estupefacientes, UNODC informa que entre 2006 y 2008 la mitad de la cocaína detectada con destino a Europa procedía de Venezuela, seguida por el Caribe (11%), Brasil (10%) y Colombia (5%). En cuanto a la Argentina, figura con índices menores en el cuadro general dentro de un grupo de países restantes en la región, que en conjunto suma un 12%.

La cara opuesta de los éxitos que constituyen las capturas de droga en tránsito en la Argentina, está representada por el aumento en el índice de consumo interno de estupefacientes, conjuntamente con Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay, entre otros países. Pero a diferencia de años anteriores, solamente Chile y Surinam suministraron información concreta sobre variaciones en los índices en el consumo. El país trasandino acusó un incremento en el porcentaje de 2,4% en 2008, contra 1,7% en 2006; mientras que en Surinam el consumo de cocaína bajó de 0,5% en 2002 al 0,3% en 2007.

Los “Elementos Orientadores para las Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión: Primer Estudio Comparativo sobre Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población de 15 a 64 años, 2008”, según el UNODC / CICAD, permiten afirmar que el uso del clorhidrato y de la “pasta base” de cocaína en la Argentina ha crecido un 2,67% y un 0,54% respectivamente, seguida por Uruguay (1,68% y 0,36%) y Chile (1,31% y 0,62%), en ese mismo orden.

En lo que al mercado de consumo de la cocaína se refiere, Brasil y la Argentina son los de mayor volumen, dado que en términos de números absolutos el primer país registra más de 900.000 usuarios, mientras que el segundo supera los 600.000.

Según el informe producido por el UNODC y la CICAD en países sudamericanos, Chile registra el predominio de uso de cocaína entre estudiantes, seguido por Uruguay y la Argentina. Hay también abuso en el consumo de “pasta base” en estos últimos, aunque el consumo de clorhidrato de cocaína es más alto, tanto en la población de estudiantes como en la adulta. Por el contrario, en Chile, Bolivia y Perú los índices de consumo de clorhidrato de cocaína y “pasta base” están prácticamente equiparados entre aquellos estudiantes que fueron consultados durante el estudio que fuera realizado en conjunto por las instituciones mencionadas.



CANNABIS (MARIHUANA)

Con referencia a la marihuana, las agencias que impulsan la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional en todo el mundo, coinciden con el UNODC en que el crecimiento sin pausa del THC está cambiando el mercado del cannabis en el mundo. En Canadá y los EE.UU., donde los esfuerzos de erradicación han sido exitosos -agrega-, los niveles de THC reflejan el crecimiento también ininterrumpido hacia la producción doméstica del cannabis de alta concentración.

En realidad, los estudios comparados entre las principales agencias antinarcóticos y el UNODC permiten afirmar que hay producción de cannabis en casi todos los países del mundo, pero en razón de la información fragmentada e incompleta que es posible reunir, resulta muy dificultoso elaborar análisis correctos, que permitan a su vez establecer modelos sobre el cultivo de la planta.

A la dificultad arriba señalada se suma también el incremento de la tendencia en el cultivo de cannabis en espacios interiores o sitios techados, agregados o no a los de puertas afuera, que impiden el uso de medios satelitales y aéreos para la detección de los mismos.

De acuerdo a literatura científica e informes gubernamentales de 29 países, resulta altamente difícil detectar y monitorear este tipo de instalaciones, situación que se agrava ante la carencia de un sistema eficiente que permita desarrollar ese tipo de tareas a escala mundial.

La Argentina registra un solo caso oficialmente detectado e informado de cultivo de cannabis con propósitos comerciales en un lugar cerrado, lo cual sirve como llamado de atención porque teóricamente podrían existir otras más. Lejos parece estar la Argentina -al menos por ahora-, de compararse con diversos países de Europa del Este, del Norte y Austria, entre otros, donde crece notablemente el número de esas instalaciones. Sin embargo y frente a la corrupción vigente, resulta difícil, si no cercano a lo imposible, hacer un estimado que pueda acercarse a la realidad acerca del número de unidades en operaciones en territorio argentino.

El consumo de cannabis en América del Sur es también alarmante, según las últimas cifras del UNODC, que apunta a la Argentina como el país que sobresale frente a otros, con un 7,2% anual, mientras que Chile registra un 6,75 y Uruguay 6%.

El estudio comparativo sobre uso de drogas y factores asociados dirigidos por la CICAD y el UNODC en 6 países de América Latina, muestra que entre los recientes consumidores de cannabis que fueron entrevistados en la Argentina, un 27,5% fue diagnosticado como drogodependientes, basándose en criterios clínicos de Clasificación Internacional de Enfermedades, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



ESTIMULANTES TIPO ANFETAMINA

La definición hace referencia a un grupo de substancias sintéticas que comprenden un grupo de anfetaminas (primariamente anfetamina, metanfetamina y metacatinona) y a las que están vinculadas al grupo del “Éxtasis” (MDMA y sus análogos).

Los estimulantes mencionados pueden ser fabricados en aquellos lugares donde puedan encontrarse los precursores necesarios para cada proceso. Así, los laboratorios suelen estar instalados en sitios cercanos a los mercados de consumo y, al respecto, afirma el UNODC que un tercio de los países que cumplen con sus informes han informado de secuestros de esos laboratorios en sus territorios. Entre ellos se encuentran por primera vez (2008) la Argentina, Irán, Brasil, Guatemala y Sri Lanka, .aunque en menores cantidades que otros países como EE.UU., la República Checa, Australia, China, Eslovaquia, Holanda, Canadá y México. Sin embargo, los 8.432 laboratorios secuestrados en 31 países no resultan representativos en cuanto al número aproximado de unidades descubiertas y neutralizadas, ya que aquellos miembros informantes declaran generalmente los casos más importantes. No suelen dar tampoco mayores detalles, como calidad de la droga, cantidades aproximadas de fabricación, ciclos de producción, etc.

Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina quedó convertida en un importante centro regional para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente, para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. Fueron sí ilegales las operaciones comerciales deliberadamente conectadas con un sistema perverso, montado específicamente para usar localmente y/o contrabandear dicha efedrina como precursor químico, utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético por parte de los narcoterroristas mexicanos.

En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, en los cuales su venta está estrictamente vedada como sucede en México desde hace años. El Informe 2010 citado del Departamento de Estado, sugiere que el país continúa siendo una ruta de transbordo de efedrina ligada al tráfico ilícito en México y los EE.UU.

Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores utilizados en el procesamiento de drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las substancias estimulantes tipo anfetamina.

Los siguientes cuadros, publicados en abril de 2000, demuestran la importante cantidad de substancias de uso dual, cuya “distracción” permite alimentar los laboratorios que forman parte del sistema de procesamiento ilegal de narcóticos. La reciente experiencia argentina, actualmente bajo investigación, demuestra hasta qué punto integran tales instalaciones -sea de facto o asociadas con personas físicas, o jurídicas reales y/o de fachada-, las redes transnacionales del tráfico de estupefacientes y substancias psicotrópicas.







(*) Las sales de las sustancias enumeradas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible




SUBSTANCIAS OPIÁCEAS

El UNODC calcula que más de 15 millones de personas consumen mundialmente opiáceos ilícitos (opio, morfina y heroína), pero que la heroína -su forma más letal- prevalece sobre las dos restantes, sumando además los riesgos de contagio de HIV/SIDA, Hepatitis y otras enfermedades transmitidas por la sangre, debido al uso de jeringas compartidas por parte de muchos adictos.

La comercialización ilegal de opiáceas y especialmente la heroína a escala mundial, es uno de los negocios mejor organizados y más redituables, con un valor anual estimado de mercado que asciende a la suma de 55 billones de dólares estadounidenses. El valor de mercado también anual para todas las drogas opiáceas (se entiende siempre que ilegales), podría sumar a la cantidad precedente 10 billones más de la misma moneda. Además, una estimación aproximada del número de traficantes involucrados en las redes que permiten trasladar el producto a través de países y regiones hasta llegar a los consumidores finales del mercado, afirma que la cantidad supera el millón de personas.

Las fuentes de tal economía clandestina están concentradas en Afganistán, Myanmar, México y Colombia, que suministran al mundo casi todo el opio y la heroína que se consume.

Afganistán, país por el que circulan numerosos grupos terroristas con alcance global, lidera la producción de opio con un 90%, según datos que se mantienen sin alteración en años recientes, situación que no escapa a la consideración de los actores estatales y no estatales, globales y regionales, con intereses en este país en guerra. Y, por qué no, en el pingüe negocio de la droga, incluyendo la clarificación de los voluminosos montos de dinero que proceden de esta actividad, utilizados en parte para financiación de todo tipo de ejércitos irregulares, vinculados a la insurgencia y al terrorismo o a los “señores de la guerra”, a la corrupción en el aparato estatal afgano, al enriquecimiento personal de funcionarios y figuras políticas, etc.

Por otra parte y en lo que concierne a la Argentina como país de tránsito de heroína colombiana hacia los EE.UU., principalmente, debería tenerse en cuenta la magnitud de la necesaria red de conexiones que las organizaciones de narcotraficantes mexicanas y colombianas necesitan mantener en todo su territorio para asegurar tan lucrativo negocio. Operaciones que se suman al resto de substancias vinculadas al negocio del narcotráfico: cocaína, precursores químicos y de substancias psicotrópicas, marihuana, etc.

El impresionante volumen del dinero ilegal en circulación de origen criminal, ya clarificado o en negro, permite sin duda sospechar del importante porcentaje de divisas que muy probablemente termina en las manos de los cómplices directos y facilitadores de la corrupción vernácula argentina.

Los efectos negativos de la relación entre las instituciones del Estado y la corrupción vinculada a los negocios vinculados al narcotráfico en la Argentina, se demuestran en el campo de toda la “gran aldea”, en que las drogas ilegales están al alcance de cualquiera sin mayores impedimentos. Como dice el P. Di Paola el Estado está “ausente”; una parte de él, claro está, porque hay otra que es cómplice o partícipe necesario, si uno se ajusta aunque más no sea al libre juicio y al sano razonamiento cuando ve tamaña cantidad de droga circulando impunemente por las calles del país.

Pocos funcionarios abordan seriamente la relación simbiótica que existe en la Argentina entre la corrupción que genera el narcotráfico y muchos de sus colegas dentro de los tres poderes del Estado. Sólo se observan trifulcas públicas que se generan precisamente cuando uno o varios de ellos quedan involucrados en escándalos públicos, como en los casos de la financiación de la última campaña presidencial, de la importación y reventa a México de la efedrina, la falsificación de medicamentos para enfermos en estado terminal, etc.

Ante el calibre de la simbiosis mencionada, no debería extrañar que poco o nada se haga para dotar a la Argentina de un plexo legal adecuado para combatir el narcotráfico en todas sus formas, incluyendo el de la clarificación de dinero de cualquier origen, pero especialmente al vinculado con esta actividad criminal.

Según el informe 2010 del Departamento de Estado sobre “lavado de dinero” y a diferencia por ejemplo de Brasil y Bolivia, la Argentina no es un país de importancia primaria, ni tampoco un centro financiero regional importante o del tipo offshore.

El citado documento estadounidense aclara sin embargo, en relación al lavado de dinero proveniente del tráfico de narcóticos, corrupción, contrabando y evasión de impuestos, que cree que esto ocurre a través del sistema financiero y “a pesar de los esfuerzos del Gobierno Argentino” para pararlo. Claro está que ese tipo de publicaciones suelen estar un tanto atrasadas frente a la dinámica casi vertiginosa de los negocios que conciernen al narcotráfico y al “lavado de dinero” derivado de esta actividad criminal.

Es que “los esfuerzos del Gobierno Argentino”, como demuestran las advertencias del GAFI ya abordadas, parecen haber permitido una brecha en el sistema financiero que permite la clarificación de dinero ilegal, más allá de su procedencia. La presidente del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, ha prometido adoptar las medidas necesarias para corregir tal situación y, del cumplimiento de su palabra o lo que hagan sus sucesores, dependerá si el país ingresa o no a una “lista gris”, acompañando a otros observados por incumplir sus compromisos internacionales.

Las transacciones ilegales en la Argentina -siempre según el Departamento de Estado- se realizan a través de negocios no bancarios y profesionales, tales como la industria del seguro, asesores financieros, contadores, escribanos, fondos fiduciarios y empresas reales o “fantasmas”, que resultan mecanismos viables para clarificar fondos ilícitos.

Agrega que la evasión de impuestos es el crimen derivado más frecuente en las investigaciones argentinas de “lavado de dinero”. También, que la Argentina tiene una larga historia de capital “volador” y evasión de impuestos y que sus ciudadanos poseen billones de dólares fuera del sistema financiero (tanto offshore como en el país), aunque reconoce dinero legítimamente ganado que no ha sido declarado impositivamente.

Al igual que el GAFI, EE.UU. sospecha de la ley de repatriación de capitales aprobada por el Gobierno argentino, en el que ofreció una amnistía impositiva a personas que repatriaran activos offshore no declarados durante una ventana de seis meses desde el 1º de marzo al 31 de agosto de 2009.

Dicha ley prohibía a las autoridades financieras investigar la procedencia de los fondos declarados y los críticos a la misma demostraron gran preocupación de que esta iniciativa pudiera facilitar el “lavado” de fondos.

En realidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) requirió a las instituciones financieras en mayo de 2009 que realizaran informes sobre transacciones sospechosas efectuadas por participantes del programa. La UIF recabó declaraciones por un monto aproximado a los 4.700 millones de dólares estadounidenses, que es una pequeña fracción de los activos de ciudadanos argentinos en el exterior. Pero lo interesante del caso fue también que la mayor parte del monto señalado pertenecía a fondos existentes en el país y no repatriados desde el exterior.

Durante los próximos meses, se verá en qué medida o no la Argentina cumple con las indicaciones del GAFI, pero lo cierto es que el país esconde estructural e históricamente una economía subterránea que resulta imperativo corregir, si se desea alcanzar los estándares internacionales de calidad institucional.

Pero tampoco es posible plantear soluciones viables para descubrir a los cómplices del narcotráfico que operan en la función pública y en el sector privado, como en la industria química, laboratorios, etc., si no se cuenta con un diagnóstico adecuado sobre la naturaleza de dicha relación ilícita.

Resulta importante preguntarse además sobre el número aproximado de personal al servicio del narcotráfico extranjero que opera en la Argentina, con el objeto de trasladar los cargamentos desde que ingresan al país y hasta sus puntos de transbordo. Especialmente luego que el UNODC afirmara en su Informe 2010 -con referencia a las substancias opiáceas-, que supera mundialmente el millón de personas.

Argentina, en lo que a la posible producción local se refiere, es uno de los países que, siempre según el Informe 2010 citado, reportó secuestros de cápsulas (poppies) de adormideras, de cuyo corte sale el látex seco del cual procede el opio, y sus más importantes derivados como la morfina, la heroína y la codeína.

Según el UNODC, aunque con cifras muy antiguas ya que se remontan a 2005, el consumo de opiáceas en la Argentina desde los 15 a los 64 años de edad, arroja un estimado anual del 0,16%.

En la Argentina resulta altamente dificultoso determinar la cantidad y segmento de consumidores de la heroína, en razón de que el comercio de esta droga suele ser muy clandestino, acompañado además por el secreto que guardan los mismos adictos. Es conocido por tendencias registradas en otros países, que numerosos adictos a las substancias estimulantes tipo anfetamina, e incluso de cannabis, suelen probar luego con las opiáceas, pero especialmente con la heroína. Sea inyectándose o inhalando el humo de la esta última droga calentada sobre papel aluminio, o bien fumándola en forma de cigarrillos.

En consecuencia, no puede establecerse siquiera aproximadamente la dimensión real del problema sobre el consumo argentino de heroína. Sin embargo, la existencia de clínicas particulares especializadas para el tratamiento de adictos a esta droga, sugiere que podrían existir muchas más personas afectadas en el país, que no cuentan con recursos para pagar su rehabilitación en instituciones privadas.



“PACO”

El consumo del llamado “paco” -que ha aumentado de manera vertiginosa durante los últimos cinco años- no ha llamado aún la atención de tan importante organismo como el UNODC, a pesar del efecto destructivo en un importante sector juvenil de los sectores más pobres ya mencionados de la Argentina.

Entre la documentación más importante consultada, el Departamento de Estado de los EE.UU. menciona brevemente la existencia del “paco” en la Argentina, en su edición 2010 del “International Narcotics Control Strategic Report, Vol. I. Drug and Chemical Control”. Como tomando partido a favor de una de las posiciones que existen sobre la composición de esta nociva substancia, el informe menciona “una droga barata, fácilmente disponible y mentalmente debilitante, «Paco», (un derivado de la producción de cocaína), que es consumida en los vecindarios pobres de la Argentina” (sic).

La controversia sobre su composición, que incluye errores como compararlo con la PBC, contrasta con el reconocimiento del alto daño que produce en los sectores más afectados. A las constantes denuncias de la SEDRONAR, la voz del “Equipo de Sacerdotes” se alza por sobre todas las restantes, ya que nadie mejor que ellos, que arriesgan sus vidas en el terreno a toda hora, luchando contra el tráfico y el consumo de esa droga, para denunciar la inmensidad de la grave situación actual.

La “Federación de Organizaciones no Gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA)”, que reúne 47 instituciones del país dedicadas a ese mismo objeto, afirma por su parte que la cantidad de consumidores se quintuplicó en tres años.

También, que ha aumentado sensiblemente el número de menores que buscan atención por su adicción al “paco”.

Resulta imperativo determinar científica y de manera fehaciente la composición química del “paco”, si es que hay una uniforme, lo cual resulta dudoso; sobre todo por la variedad de residuos que integran el compuesto. Asimismo, sus diferencias con la “pasta base”; no sólo para terminar con las interminables discusiones dentro de ministerios, secretarías y organismos del mismo Poder Ejecutivo, sino también para establecer su procedencia y todos los eslabones que integran la cadena de comercialización hasta el consumidor final.

La fórmula del “paco” -discusión interminable-, sugiere para algunas fuentes (abundan las anónimas de calificados médicos toxicólogos y bioquímicos en hospitales públicos) que no tiene vestigios de sulfatos de cocaína como la “pasta base”, ni tampoco hidrocarburos. Siguiendo con este razonamiento y sus conclusiones, afirman otros, resulta probable que el “paco” contenga cocaína alcaloide puro, aunque de muy mala calidad, mezclada con residuos de todo tipo (v. gr. talco, azúcar impalpable, restos de anfetaminas, etc.) y cenizas.

Las dudas que surgen del intríngulis generado en torno a establecer el origen del “paco”, incluyen la existencia -desde ya no comprobada- de intenciones solapadas o razones ocultas, para velar al conocimiento público que esta droga es un producto fabricado en nuestro país. Vale decir, una substancia que sería la “basura” (es difícil encontrar otra palabra) obtenida durante el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, en territorio argentino, a partir de la “pasta base”. Su bajísimo precio final al consumidor sugeriría al menos prima facie que no hay agregados costos de traslado desde, por ejemplo, países limítrofes. Si esto último resultara cierto, implicaría claramente un flagrante ocultamiento sobre el verdadero índice del crecimiento de la elaboración del clorhidrato de cocaína en la Argentina. Revelaría además la existencia de “zonas liberadas” para permitir una amplia libertad de acción al narcotráfico y no ya exclusivamente a las redes de distribución de drogas ilegales y puestos de venta al por mayor y al menudeo en todo el territorio nacional, sino también en procesos vinculados a la producción local de estupefacientes.

El problema más grave lo tienen los consumidores, los adictos más comprometidos y no pocos pacientes en estado terminal o muy baja probabilidad de recuperación, que no conocen ni están en condiciones de distinguir si consumen “paco” o “pasta base”. Duda que ellos o sus familiares trasladan a los profesionales médicos que los atienden y de ahí la bajísima calidad de los datos estadísticos.

Pero, en definitiva y más allá de todos los aspectos abordados hasta esta parte del trabajo, lo que surge claramente son las tendencias crecientes en la Argentina, en todo el fenómeno multifacético y multidimensional que concierne al pútrido negocio del narcotráfico y a todos sus delitos conexos y derivados.



EL “CARTEL” DE LA GRAN ALDEA DEL NARCOTRÁFICO ARGENTINO

El título del presente trabajo y de esta sección afirma de manera explícita -utilizando ciertas licencias académicas sobre lo que realmente es un “cartel”-, que el negocio del narcotráfico y toda la gama de delitos que de él emanan o lo acompañan, está gobernado por una red criminosa doméstica que ningún gobierno ha intentado seriamente perforar y neutralizar durante las últimas décadas.

La historia de la relación entre función pública y actividades criminales se remonta a los primeros años del siglo pasado, aunque el tipo y magnitud de negocios haya cambiado y evolucionado. Sobre todo, a partir del surgimiento del narcotráfico y su expansión en la región y en nuestro país.

A partir de ese momento, fue construyéndose el tejido criminoso que ha contaminado progresivamente las principales estructuras del poder político del país, a lo largo de todo el territorio nacional.

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo y como este autor mencionó en numerosos documentos y reportajes, tuvo entre los más poderosos intendentes -por lo general caudillos de los principales partidos políticos desde comienzos del siglo pasado-, a los beneficiarios del dividendo de delitos como la “trata de blancas” y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas.

El reparto del botín incluía también paralelamente a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de mantener en secreto las actividades criminales de las cuales hacían usufructo los políticos de turno, miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administración pública.

Las otras provincias del país no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo a su vez al de la ciudad de Buenos Aires.

Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos. Permanecían sí las llamadas “líneas”, que aseguraban (y siguen haciéndolo) la continuidad de los negocios dentro de los escalafones de la función pública, pero esta vez a beneficio de sus nuevos jefes.

Pero existe una gran diferencia entre la situación mencionada a lo largo del siglo pasado desde sus comienzos y las décadas siguientes con los tiempos actuales. El cuadro actual está representado por la irrupción y desarrollo a nivel global, internacional y regional de los riesgos y amenazas representados principalmente por el terrorismo religioso y secular, criminal y/o político según el modelo, pero alimentado en casi todos los casos por el crimen organizado transnacional liderado por el narcotráfico. Además, crecen rápidamente los procesos de convergencia entre la criminalidad organizada con fines basados exclusivamente en la lógica del lucro, con las formaciones terroristas que tienen como base principal la lógica política. Y, como si fuera poco, intersectando sus agendas con las de gobiernos patrocinadores del terrorismo y/o cómplices o beneficiarios del negocio del narcotráfico, situación que suele estar impregnada por redes criminales asociadas casi siempre a altos niveles de corrupción de sus instituciones. Si hay un ejemplo bastante aproximado de todo esto, bastaría con mencionar a Corea del Norte, país que hace uso hasta de sus derechos soberanos para desarrollar actividades clandestinas de carácter criminal.

La Argentina es actualmente y desde hace mucho tiempo lo que la tipología define como un “Estado regulador del narcotráfico”, tal vez al estilo del México preexistente a la caída del régimen encabezado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El capítulo argentino en lo que a la existencia del “Estado regulador” se refiere, sólo puede describirse en términos generales, más por los efectos visibles del narcotráfico para uso doméstico y la drogodependencia que este genera, que en un diagnóstico fidedigno independiente que jamás se ha realizado.

Podría tal vez replicarse en la Argentina lo que en la década de los años sesenta del siglo pasado fuera expuesto a la luz pública por el hoy conocido como “modelo de Thomas Schelling” sobre el crimen organizado en los EE.UU. El ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas 2005, llegó a la conclusión décadas atrás de que la mafia en los EE.UU. fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas asociadas con la franquicia administrada por los departamentos de policía en ciudades estadounidenses. Tal vez cabría agregar al “modelo Schelling” una necesaria mención a los jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos de su país, que a su vez interactuaban con los “departamentos de policías” mencionados y que facilitaron y/o protegieron las acciones criminales de las mafias estadounidenses.

Mencionado ese aspecto central del modelo de Thomas Schelling, el concepto descripto podría aplicarse al perfil completo del narcotráfico y sus apoyaturas y cómplices en la Argentina.

Desde luego, haría falta un esfuerzo titánico, encarado por un equipo interdisciplinario independiente del poder político y de los gobiernos de turno, para preparar un diagnóstico sobre el grado de infiltración de las instituciones estatales y de todos los sectores del país, por parte del crimen organizado vernáculo y transnacional.

Cualquier modelo sustitutivo del “Estado regulador” debería estudiar y analizar la experiencia del modelo mexicano que, al derrumbarse y fracturarse, causó la guerra brutal que se desarrolla en la actualidad; más allá de que la Argentina sea un país geográficamente distante del principal mercado mundial de las drogas ilegales, como es EE.UU.

De cualquier manera, el “Estado regulador” del narcotráfico pudo surgir en la Argentina como resultado de la desaparición de aquella dirigencia que integraba sus instituciones, sin mantener compromisos con intereses vinculados a esta flagrante actividad criminal. Esta elite fue lenta pero inexorablemente reemplazada por un sistema encabezado o permitido por quienes reciben un usufructo directo de los negocios ilegales, sea por su carácter de infiltrados, por corruptos, o bien por temor, ignorancia culposa, etc. Son estos elementos contaminados y contaminantes el principal muro que impide el estudio y adopción de las políticas de Estado necesarias para modificar el cuadro de situación actual. Cualquier política de Estado y la estrategia nacional que contemple en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, deben perentoriamente incluir las medidas necesarias para que la caída del “Estado regulador” no deje espacios vacíos sin controlar. Espacios que, como en México, dieron lugar a la guerra que libran organizaciones criminales extranjeras o locales por la conquista del negocio del narcotráfico luego del vacío que ocasionó, entre otras causas, el derrumbe institucional del PRI.

De cualquiera, cualquier intento serio para desmontar el “Estado regulador” del narcotráfico en la Argentina, podría cobrar numerosas vidas de funcionarios públicos, personal de las fuerzas policiales y de seguridad, periodistas, de instituciones privadas e individuos que decidan encarar tan sensible y peligrosa tarea.

Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta ahora ni por las más grandes organizaciones criminales internacionales, como las italianas, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.

El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.

Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que parecen alentar -desde los antros de la corrupción imperante de la cual forman parte-, que la Argentina llegue a parecerse a modelos de países en que la violencia relacionada con el narcotráfico está a la orden del día.

La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc.

El negocio de la efedrina que conecta a firmas y ciudadanos argentinos con organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del gran iceberg” de la corrupción imperante en la Argentina. En suma, la misma que facilita el tráfico de alcaloides, de personas, el comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; la clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; la defraudación y estafas a obras sociales y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.

Los jueces intervinientes en las causas en curso que se tramitan en la Justicia argentina sobre los delitos mencionados, tienen en sus manos la oportunidad histórica de iniciar en la Argentina una serie de procesos al estilo “manos limpias”, tal como ocurrió en Italia hace años contra la mafia de ese país. Investigaciones judiciales que permitan combatir frontalmente y conjuntamente toda forma de crimen organizado y al sistema corrupto que lo protege en esferas de los poderes e instituciones estatales y provinciales.

El sideral volumen de dinero ilegal generado por el tráfico de drogas, de armas, de personas y de otros delitos altamente complejos asociados o no con estas actividades criminales, constituye asimismo una herramienta para corromper a los Estados y debilitar a sus sociedades. La situación se agrava gracias a la carencia de una respuesta global e internacional adecuada y debidamente coordinada, que cuente además con un plexo legal -tanto mundial como propio de cada país en particular-, que permita perseguir, encausar y castigar debidamente a las organizaciones delictivas y a sus integrantes.

La República Argentina enfrenta actualmente muchos riesgos y amenazas, al igual que otros países del continente, incluyendo a los EE.UU., que por el momento son parte del problema más que de la solución a las amenazas relacionadas con el narcotráfico y la violencia criminal que este genera.

Deberían sinceramente preocupar en la Argentina signos propios -aunque en una etapa primigenia-, de las guerras que se libran en países como México y Colombia, pero no solamente entre las organizaciones criminales y las fuerzas militares y de la ley de ambos países. También, entre los cientos de organizaciones (mal llamadas “carteles”, ya que carecen actualmente de las cualidades de tales) que luchan sangrientamente, sobre todo en México, para apoderarse de los territorios y corredores que conducen al apreciado mercado de las drogas ilegales que son los EE.UU.

Pero lo verdaderamente importante, es que quienes se benefician gracias a la corrupción dentro de un “Estado regulador” del narcotráfico, jamás podrán tener otro objetivo que defender el modelo existente.

La corrupción puede provocar al organismo social de un país un daño equivalente a la salud de un ser humano afectado por el SIDA. No lo mata directamente, pero abre camino a todo tipo de infecciones que pueden acabar con su propia existencia. Hay Estados ya fallidos, cuya supervivencia depende de un tratamiento urgente y exhaustivo de los males que carcomen su vida institucional, que ponen en peligro la continuidad histórica del país aquejado.

A la carencia de un basamento legal unificado se suma en la Argentina la irrupción de doctrinas penales constructivistas y abolicionistas, cuya influencia en ciertos estrados judiciales ha causado que muchos ciudadanos estén prisioneros dentro de sus casas enrejadas cuál cárceles, mientras la delincuencia se adueña lenta pero inexorablemente de las calles.

Si bien se realizan periódicamente en el país procedimientos exitosos, que culminan con secuestros de grandes cantidades de narcóticos y la detención de criminales vinculados a esta actividad, se trata por lo general -la excepción confirma la regla- de cargamentos destinados a mercados del exterior.

No hay mayores registros de allanamiento y secuestros de las drogas que se expenden fácilmente y hasta se consumen en todo tipo de lugares públicos, gracias sin duda a la protección que reciben a lo largo y a lo ancho de la inmensa red de protección que cobija a la narcocriminalidad.

El Gobierno Argentino, que mantiene en su seno posiciones contradictorias -como en el caso del contencioso histórico entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de La Nación y la SEDRONAR-, debería tener asimismo muy presente las exigencias y recomendaciones efectuadas por los principales organismos internacionales.

Las autoridades de nuestro país deberían contribuir más activamente con el interés del Consejo de Seguridad de la ONU, que alienta a los Estados Miembros a aumentar su cooperación para reforzar la fiscalización de estupefacientes y poner así freno a la circulación de las drogas. Esto incluye cooperar en el manejo de la seguridad en las fronteras, destacándose la necesidad de adoptar medidas perentorias -con el apoyo de los agentes internacionales pertinentes-, para luchar contra la clarificación de las ganancias obtenidas mediante actividades delictivas, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sus precursores.

Sería realmente también de primordial importancia que los tres poderes del Estado comenzaran alguna vez a articular entre sí y con todo el arco político y la sociedad en su conjunto, un plan estratégico destinado a erradicar no sólo el contrabando de narcóticos, estimulantes y precursores hacia el exterior, sino también el consumo de drogas en la Argentina, a menos que se quiera convertir al país en una réplica de otros en que la narcoviolencia parece imperar sobre las fuerzas del orden.

Lamentablemente y a la luz de lo que puede observarse cotidianamente, una acción eficaz de la Argentina en la lucha contra el narcotráfico cuenta con baja probabilidad de ocurrencia; por la carencia de una estrategia nacional y de un plexo legal adecuado para abordar el desafío del narcotráfico; y también porque en este país el drama se amplifica gracias a que los grandes “padrinos” de este tenebroso negocio están históricamente enquistados y/o amparados en y por los más altos niveles del Estado Nacional.

En definitiva, un “Estado regulador”, dominado por el “Cartel de la Gran Aldea” del narcotráfico argentino.

20-1-11

jueves, 20 de enero de 2011

TIRANÍA SEMÁNTICA



Juan E. Olmedo Alba Posse

La tiranía del Pensamiento Único se ha agudizado de tal forma que ni siquiera permite el uso de ciertas palabras, aunque nada tengan que ver en el contexto con los judíos. Ello ocurre precisamente en un mundo de brutales permisiones, donde se ha llegado a insultar sacrílegamente a lo más santo —Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre— como lo hizo hace poco la televisión israelí sin que se levante el condigno reclamo y la exigencia de la correspondiente reparación.

En estos días la ex candidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos ha sido acusada de antisemita, por una frase dicha en respuesta a acusaciones relacionadas con los incidentes ocurridos en Arizona. La señora Sarah Palin expresó entonces, que “periodistas y expertos no deberían fabricar libelos de sangre que sólo sirven para incitar al odio y a la violencia que pretenden condenar”. Nada apartado del caso concreto. Pero, según repite “La Nación” (del 13 de enero de 2011), la han criticado diciendo que se trata de una frase “utilizada para justificar el antisemitismo” y representa una ofensa para los judíos (sic). “Libelo de sangre”, explica, es el término que se utilizó en la Edad Media para referirse a la acusación que se hacía contra los judíos de matar a niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos.

Es notable que la ridiculez de semejante susceptibilidad, extendida al repudio de palabras absolutamente ajenas a dobles intenciones, venga a servir como un boomerang. En primer lugar para recordar históricos crímenes cometidos por fanáticos judíos. Como lo reconociera recientemente el investigador israelí Ariel Toaff, autor del libro “Pasque di Sangue” (Pascua de sangre), declarando que tienen fundamento algunos libelos que acusaban a los hebreos de emplear sangre de niños cristianos en sus rituales. En su obra, Toaff sostiene que en la Edad Media extremistas judíos de las comunidades de Europa oriental (ashkenazíes) se habrían valido de la sangre, según acusaciones cristianas de la época, incluso reducida a polvo y empleada como medicina. Precisamente el libelo más conocido de aquella época, ocurre cuando al llegar la semana de Pésaj (Pascua), los judíos mataban a un niño cristiano y bebían su sangre como si fuese el vino con el cual celebran la liberación de la esclavitud en el Egipto faraónico.

En segundo término irrumpe el interrogante: ¿Acaso es antisemitismo acusar los asesinatos más aberrantes? Y da la respuesta implícita el valiente investigador judío: “Yo no renunciaré a mi devoción por la verdad ni a la libertad académica aunque el mundo me crucifique”; expresada en declaraciones recogidas por el diario israelí “Haaretz”.

Y en tercer lugar cabe una reflexión muy preocupada. Lo que está ocurriendo tiene una importancia gravísima, porque el avance de la extorsión denominada “antisemitismo” —aplicada ya sobre el uso de las palabras— sin duda no se va a detener frente a las severas palabras de Nuestro Señor Jesucristo, de San Pedro y San Pablo, de San Esteban y los seguidores cristianos, que figuran con absoluta precisión en las Escrituras. No falta mucho para que se exija su supresión. Y son predecibles muchos acomodamientos…

Enero de 2011