lunes, 7 de septiembre de 2009

DROGAS: LA ESTRUCTURA SANITARIA NO LOGRA CONTENER LA DEMANDA


Loreley Gaffoglio


Por año, unos 130.000 argentinos experimentan consumos abusivos de drogas ilícitas y 43.000 de ellos -117 por día- se internan en los 399 centros especializados para paliar su adicción. No obstante, la oferta sanitaria nacional en rehabilitación resulta insuficiente para el 25 por ciento de los adictos (32.5000 personas) a sustancias psicoactivas ilegales.

Esa es la última medición de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), días después de que en su fallo de desincriminalización de tenencia de drogas, la Corte Suprema de Justicia llamara al Estado a garantizar la asistencia terapéutica a los adictos.

La realidad contradice la intención del máximo tribunal. El titular de la Sedronar, José Granero, reconoció a LA NACION que "el Estado mantiene hoy una deuda pendiente en la atención a los drogadependientes".

Hace tiempo que las 2890 camas de internación, repartidas en sólo 109 centros especializados en todo el país, están cubiertas en su totalidad por la demanda de los llamados policonsumidores. Son en el 84,6 por ciento hombres de entre 15 y 29 años, que detentan dependencias psicofísicas a diversos tipos de drogas.

La Argentina es el primer país de América latina en cantidad de policonsumidores de sustancias ilícitas, según las aciagas estadísticas de la Sedronar. Y ese fenómeno se da entre los más jóvenes, ya que a medida que se avanza en edad se incrementa el porcentaje de monoconsumidores.

Entre la droga de inicio y la sexta consumida existen tres años de abuso de sustancias y en el grueso de los casos eso se da entre los 15 y 18 años.

El cannabis es la puerta de inicio al consumo de sustancias ilegales en el 60,9% de los casos, secundados por la cocaína y el paco, con el 16,4%.

Los consumidores problemáticos, el 54,3%, reciben tratamiento ambulatorio. En los casos aún más conflictivos, el 32,2% permanece internado durante un promedio de 27 días en las 37 comunidades terapéuticas y los 72 centros especializados del país. La recuperación insume, al menos, dos años de tratamiento. Y entre los que pugnan por mantenerse sobrios tras haberse "sobrepuesto" a la adicción, las recaídas se evitan en grupos de autoayuda o semirresidenciales.

La provincia de Buenos Aires, con un total de 173 reparticiones, y la ciudad de Buenos Aires, con 65 centros, concentran el mayor número de centros de rehabilitación del país, según el censo 2008 de la Sedronar. Le siguen Neuquén (con 34), Córdoba (33), y Santa Fe (32). En el extremo de la oferta se ubica Formosa, con escasos cuatro centros.

Pero la oferta sanitaria para las residencias -un ámbito perentorio para las desintoxicaciones y la reinserción social-, resulta a todas luces escasa, coinciden los especialistas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 7,9 camas destinadas a adictos cada 100.000 habitantes y 13,6 plazas para igual cantidad de personas en la demanda porteña.

Más dependencia
Los expertos dividen a los consumidores de drogas entre los que hacen uso, abuso o son dependientes. Estos últimos se incrementaron 32,4% desde 1994, según la Sedronar, que los cuantificó a partir del relevamiento de los pedidos de ayuda terapéutica.

"La despenalización de la tenencia de drogas por parte de la Corte recae justo cuando el país experimenta un aumento en el consumo y abuso de sustancias dañinas. Por cada adicto en tratamiento hay dos que no lo están", afirmó José Rshaid, director de Casa del Sur, la mayor comunidad terapéutica del país, con 14 sedes, 500 camas de internación.

Cuenta Marcelo Plotnik, psicólogo de ese centro especializado en adicciones, que los diversos organismos del Estado, prepagas y obras sociales que cubren las internaciones de los adictos muestran atrasos de hasta siete meses en los pagos. Pero, "lo más acuciante, es la falta de camas para pacientes que puedan esperar", dice.

Las comunidades terapéuticas reciben, en promedio, $ 2000 mensuales por tratamiento, a pesar de que Fonga, la ONG que las agrupa, estimó su costo en $ 3200 mensuales.

La Nación, 7-9-09