PEDRO RODRÍGUEZ WASHINGTON
La lucha contra el terrorismo es mucho más fácil desde fuera de la Casa Blanca. Al convertirse en presidente de EE.UU. y ordenar el cierre de la prisión extrajudicial de Guantánamo en el plazo de un año, Obama ha puesto en marcha un complicado proceso, repleto de controversias legales. Será complicado determinar cómo encarcelar, juzgar, transferir o liberar a los 245 «combatientes enemigos ilegales» todavía bajo custodia del Pentágono en la base aeronaval en territorio cubano.
Tras la moratoria lograda en los juicios militares, el primer paso debe ser una revisión del historial de cada detenido. Así se determinará quienes podrían ser enjuiciados en EE. UU. y quienes podrían ser liberados. Según especialistas legales consultados por ABC, ese procedimiento está plagado de dificultades. Especialmente, en lo que se refiere a los presos acusados de crímenes de guerra o con historiales notorios de terrorismo, ya que va a resultar casi imposible someterles a juicio ante la Justicia estadounidense por trabas fundamentales que abarcan desde evidencias comprometidas a las prácticas de tortura utilizadas en sus interrogatorios.
Sin embargo, la contumaz criminalidad de estos sospechosos también figura como un problemático factor adicional en este debate. Se calcula que al menos 61 de los 500 presos puestos en libertad han vuelto a implicarse en actividades de terrorismo. Uno de los casos más extremos ha sido Said Ali al-Shiri. Ciudadano de Arabia Saudí liberado en 2007 y que ahora ha sido identificado como uno de los cabecillas de Al Qaida en Yemen.
Sistema de detención indefinida
Ante este predicamento, algunos asesores jurídicos de la Administración Obama argumentan la necesidad de ir al Congreso y solicitar un sistema de detención indefinida. Opción todavía no respaldada por la Casa Blanca pero planteada en torno al caso de Ali Saleh Kahlah Al Marri, presunto miembro de Al Qaida encarcelado en una prisión militar de Carolina del Sur por su condición de presidente en EE.UU.
En opinión de David Cole, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, si la anterior Casa Blanca hubiera cumplido con «ciertas reglas básicas en Guantánamo, no sería la vergüenza internacional que es hoy».
Una posibilidad que parece estar ganando fuerza en esta búsqueda de credibilidad jurídica es la creación de un tribunal especial de seguridad nacional. Un híbrido de los sistemas de justicia militar y civil de EE. UU. con capacidad para poder manejar cuestiones como evidencias secretas o indicios incriminadores obtenidos en situaciones de combate.
En cuanto a los prisioneros que pudieran ser devueltos a sus países de origen, el proceso se presenta lento y complicado sobre todo por el temor a represalias. La posibilidad de que países de la Unión Europea ofrezcan asilo alternativo ha sido recibida con ambivalencia en el mejor de los casos. Entre especulaciones de que al final EE. UU. podría verse forzado a aceptar a algunos de estos individuos para espanto de sectores conservadores y de los familiares de las víctimas del 11-S. Por eso, voces como la de Neal Katyal, profesor de Georgetown y abogado involucrado en la saga de Guantánamo, insisten en hablar de «un enorme y difícil problema para el que realmente no hay respuestas obvias».
ABC.es, Martes 27, enero 2009
