Por Adrián Ventura
LA NACION, 4 de noviembre de 2008
Con frecuencia, el dinero de la política es sucio, pero el problema es que no se puede hacer política sin dinero. La clave es fortalecer el control judicial y evitar que la política ejerza presiones.
¿Acaso el sistema político se preocupa por fortalecer los controles? No, hace todo lo contrario: diseña un colador y aun cuando la Cámara Electoral se esfuerce en establecer vallas contra el fraude, las trampas siempre existen.
La trampa política va antes que la capacidad de reacción de los controles. Por eso, los aportes pueden llegar en forma de valija y el caso generar un juicio en los Estados Unidos, pero no inquietar a los jueces penales argentinos ni al Gobierno, o pueden ser hechos por personas que ni siquiera se enteraron de que alguien hizo aportes en su nombre (aportes fantasma).
En una república en serio, un escándalo como el de la valija de Antonini Wilson debería haber disparado una profunda investigación del Congreso sobre la presidencia. Y la denuncia sobre aportantes fantasma debería haber generado, por lo menos, un cimbronazo en el poder. Nada de eso ocurre.
"No se puede hacer política sin dinero en ninguna parte del mundo. No hay que demonizar el dinero. Pero hay que diseñar un sistema institucional que sea suficientemente bueno para que el sistema político controle los aportes y no ocurra al revés", dice el politicólogo Daniel Zovatto, director regional del Instituto para el Desarrollo Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo y uno de los mayores expertos en sistemas electorales.
¿Es la solución suprimir prohibir los aportes privados? "En México, el 90 por ciento depende de aportes del Estado, pero, para evitar que el gobierno de turno tenga una influencia ilegítima mediante el reparto de fondos, hubo que diseñar instituciones transparentes que repartiesen ese dinero", agrega. Claro que esto tampoco funcionaría bien en la Argentina.
En un país donde el Gobierno usa dineros públicos para darles publicidad a medios o a periodistas amigos no dudaría en usar dineros públicos para favorecer a un partido y perjudicar a otros.
En la Argentina, como en la mayoría de los países -entre ellos, los EE.UU.-, los aportes que reciben los partidos son públicos y privados. Pero el camino para hacer eficiente el control de esos fondos recién comienza a recorrerse.
En efecto, el control de financiamiento comenzó tímidamente en 2002, cuando durante la crisis económica se popularizó el eslogan de "que se vayan todos" y el Congreso dictó varias leyes internas abiertas y sobre financiamiento de campañas.
En 2003, la Cámara Electoral creó el Cuerpo de Auditores, con nueve contadores que tienen demasiado trabajo para controlar más de 800 partidos. Este año, la Cámara de Diputados no aprobó una ampliación presupuestaria solicitada por la Cámara Electoral para nombrar otros siete contadores.
De todos modos, nada parece suficiente: si la justicia electoral comprueba una irregularidad, la sanción consistirá en no aprobar las cuentas del partido y, eventualmente, aplicar multas. Pero la aplicación de una condena penal dependerá de que otro juez, de carácter penal, acepte determinar que esa irregularidad es un delito. Un trecho muy largo.
