martes, 9 de septiembre de 2008

Irregularidades en el financiamiento de campaña electoral


Noticias: ¿A quiénes les pedían?
Ex funcionario: A las obras sociales que tienen de sobra. Como por ley están impedidas de aportar dinero a la campaña, les piden que lo hagan por izquierda...
Noticias: ¿Cómo es el mecanismo?
Ex funcionario: Mire, por un lado está la Superintendencia y por el otro, las empresas de salud y las obras sociales. Es un circuito, aparecen muchas droguerías aportando a la campaña porque las obras sociales por ley no pueden hacerlo. Así todos salen ganando.
Noticias: ¿Puede ser más puntual?
Ex funcionario: Hay un organismo que es la Administración de Programas Especiales (APE), que es la encargada de subsidiar a las obras sociales para la compra de medicamentos de alta complejidad, los más caros, drogas para el HIV y para los pacientes hemofílicos o con cáncer. El tema es que la APE les da subsidios a las obras sociales por valores que son más costosos que los habituales. Ahí está el sobreprecio pagado desde el Estado para la obra social, que a la vez se lo traslada a las droguerías que trabajan para ella, y todos felices. En la campaña, las droguerías luego terminan apareciendo como aportantes de plata que muchas veces en realidad sale de las obras sociales.
Una investigación de la fundación Poder Ciudadano -firmada por Pablo Secchi- determina que los 17 millones de pesos de aportes que en la campaña declaró el Frente para la Victoria son un monto irrisorio teniendo en cuenta que Duhalde y De la Rúa gastaron casi el doble en las elecciones presidenciales de 1999. El informe del investigador Secchi echa luz sobre las omisiones intencionadas de la contabilidad K, como la millonaria gira mundial de la candidata -solventada por el Estado, es decir, los contribuyentes- o el amplio despliegue que los medios oficiales dieron a su campaña. Según el cálculo de Poder Ciudadano, por sus apariciones en Canal 7, el canal estatal, la candidata debería haber pagado 2,8 millones de pesos en vez de cero.
Los especialistas consultados concluyen que la campaña de Cristina costó no menos de 50 millones de pesos, el triple de lo que declaró el Frente para la Victoria.
En diciembre pasado, el diario Perfil reveló otra grave irregularidad: que una agencia de publicidad, Housesix, habría emitido facturas por servicios nunca prestados para compañías que aportaron plata a la campaña K por izquierda. Esas facturas truchas habrían servido entonces para justificar esas erogaciones en la contabilidad interna de las compañías en cuestión.
Parece claro: para los Kirchner el problema principal de la campaña no era el dinero, porque disponían, directa o indirectamente, de la gran caja del Estado. El problema era encontrar la mayor cantidad de comprobantes de supuestos aportantes para justificar plata que de otra forma no podrían justificarse.
Es decir, buena parte del dinero para la campaña de la Presidenta salió del Estado, es decir, de los contribuyentes, a los que nadie consultó.

(Extractado de: Noticias, 6-9-08, págs. 33/35.