La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ufana de no haber firmado nunca, en lo que va de su mandato, un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Si bien esto es cierto, también es verdad que no necesitó de ese cuestionado instrumento para ampliar el actual presupuesto nacional y reasignar, como hizo hasta ahora, 3.500 millones de pesos de manera discrecional y sin consentimiento previo del Congreso.
La Presidenta autorizó esta ampliación presupuestaria por medio de sucesivas decisiones administrativas firmadas por su jefe de Gabinete, atribución conferida por la polémica ley de superpoderes presupuestarios, que impulsó en 2006 quien la presidió en el cargo, su esposo, Néstor Kirchner.
Según figura en los últimos informes elaborados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la jefa del Estado autorizaó dos decisiones administrativas de gran envergadura durante su incipiente gestión: por una de ellas se destinaron 2.510 millones de pesos a distintas áreas, y la más beneficiada resultó ser el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. En efecto, esa cartera recibió 2.177 millones de pesos, recursos que se destinaron en buena parte a subsidios a la energía, transporte y ferrocarriles. En la otra decisión administrativa se destinaron 933 millones a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca), básicamente a subsidios al sector alimentario.
¿De dónde se transfirieron estos recursos? En su mayor parte provinieron de una misma fuente: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que a su vez financia el Programa de Asistencia Financiera para las provincias (PAF). En definitiva, se distrajeron recursos financieros originalmente previstos para ayudar al interior con el fin de incrementar el monto de diversos subsidios.
En su primera conferencia de prensa en lo que va de su gestión, la mandataria enfatizó hace una semana que la cuestión de los superpoderes presupuestarios “es un tema absolutamente superado” y enfatizó que “el contralor de los fondos públicos es total y absoluto”, control que, enfatizó, recae en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso.
En rigor, ésta es una verdad a medias, pues la tarea de control se efectúa de manera tardía y condicionada. En efecto, el oficialismo goza de mayoría tanto en el colegio de auditores de la AGN como en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que supervisa los presupuestos ya ejecutados. Esa comisión, que preside el kirchnerismo, lleva tres años de atrazo pues hasta ahora sólo aprobó las cuentas de inversión (presupuesto ejecutado) hasta 2005.
(La Nación, 10-8-08)
La Presidenta autorizó esta ampliación presupuestaria por medio de sucesivas decisiones administrativas firmadas por su jefe de Gabinete, atribución conferida por la polémica ley de superpoderes presupuestarios, que impulsó en 2006 quien la presidió en el cargo, su esposo, Néstor Kirchner.
Según figura en los últimos informes elaborados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la jefa del Estado autorizaó dos decisiones administrativas de gran envergadura durante su incipiente gestión: por una de ellas se destinaron 2.510 millones de pesos a distintas áreas, y la más beneficiada resultó ser el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. En efecto, esa cartera recibió 2.177 millones de pesos, recursos que se destinaron en buena parte a subsidios a la energía, transporte y ferrocarriles. En la otra decisión administrativa se destinaron 933 millones a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca), básicamente a subsidios al sector alimentario.
¿De dónde se transfirieron estos recursos? En su mayor parte provinieron de una misma fuente: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que a su vez financia el Programa de Asistencia Financiera para las provincias (PAF). En definitiva, se distrajeron recursos financieros originalmente previstos para ayudar al interior con el fin de incrementar el monto de diversos subsidios.
En su primera conferencia de prensa en lo que va de su gestión, la mandataria enfatizó hace una semana que la cuestión de los superpoderes presupuestarios “es un tema absolutamente superado” y enfatizó que “el contralor de los fondos públicos es total y absoluto”, control que, enfatizó, recae en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso.
En rigor, ésta es una verdad a medias, pues la tarea de control se efectúa de manera tardía y condicionada. En efecto, el oficialismo goza de mayoría tanto en el colegio de auditores de la AGN como en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que supervisa los presupuestos ya ejecutados. Esa comisión, que preside el kirchnerismo, lleva tres años de atrazo pues hasta ahora sólo aprobó las cuentas de inversión (presupuesto ejecutado) hasta 2005.
(La Nación, 10-8-08)
