Los incendios de pastizales en el Delta, y de bosques en los parques nacionales. Las inundaciones en el Impenetrable y en el Chaco salteño. La ola de frió del invierno pasado en todo el país. La lista no apunta a una visión apocalíptica de los últimos meses, sino al denominador común: la Argentina no cuenta con un sistema nacional para afrontar las emergencias. Menos aun con un programa para manejar los riesgos de desastres.
En 1999, tras las inundaciones causadas por El Niño en el litoral, se creo el Sistema Federal de Emergencias (Sifem). Fue una condición impuesta por el BID, para otorgar un crédito de 200 millones de dólares, para recuperación de las zonas afectadas.
Se conformó en la Jefatura de Gabinete, para tener la máxima ejecutividad. No buscaba ser una superestructura, sino establecer “nuevas practicas y metodologías de trabajo para coordinar” la intervención de organismos nacionales, aunque con la intención de sumar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
“Se organizó a imagen y semejanza de la FEMA (la agencia de emergencias de EE.UU.), lo cual es una garantía”, señala el presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Conrado Varotto. Hoy en día habría que corregirle algunas cosas, como poner el acento en la prevención, precisar sobre sistemas de monitoreo y alerta, y pautar una articulación eficaz con las provincias. Pero aun axial, el Sifem habría sido mas que útil para enfrentar las urgencias y tragedias provocadas por las quemas del Delta.
Pero el Sifem “no se reúne desde hace 8 años –confirma José Luis Barbier, subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior-.
Atender la emergencia es un eslabón de algo mucho más amplio: la gestión integral de riesgo. La aplican países mas pobres que el nuestro –Cuba, Guatemala-, y logran tener pocas o ninguna victima tras el paso de huracanes. El riesgo es una ecuación entre la lamenaza (inundación, erupción, sismo) y las vulnerabilidades: sociales, culturales, institucionales, económicas, ambientales, físicas.
Alejandra CONADE, de la fundación Lideres, plantea “ver la gestión de riesgo como un proceso: en la medida en que haga una buena prevención, tendrá efecto sobre la mitigación; si hago una buena mitigación para minimizar los daños, la reparación será menor. Si doy una respuesta coordinada y eficiente, la recuperación será mejor. Y una buena recuperación tendrá un impacto directo en la prevención”.
“Cuesta muchísimo incorporar la noción de riesgo en la planificación territorial”, lamenta Silvia González, del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía de la UBA. Pone como buen ejemplo al Gran Resistencia, “que logró sancionar la línea de ribera para poder armar el mapa de riesgo hídrico para la planta urbana”. Y como mal ejemplo, al Gran Mendoza, donde se ha edificado en el pedemonte, a pesar de ser una zona sísmica.
Hay 40 volcanes: se monitorean solo cuatro
El Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos, formado en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, sigue de cerca tres de los cuatro únicos volcanes que son monitoreados en el país: Copahue, Lanín e isla Decepción (el cuarto es el Peteroa, en Mendoza).
Esto, pese a que hay unos 40 volcanes activos en territorio argentino, mucho menos que en Chile.
El caso del humo
Las tragedias y el desastre ambiental causados por las quemas de pastizales en el Delta son un ejemplo aún caliente de la necesidad de hacer un ordenamiento territorial que contemple la gestión de riesgo, y de contar con un sistema de respuesta ante las emergencias.
El 30 de marzo, los mapas satelitales mostraban los puntos de calor, pero las provincias convocaron al Plan Nacional de Manejo del Fuego recién el 10 de abril, cuando el humo ya había paralizado al país.
(Clarín, 25-5-08)
