Perder 17 horas en una misión política en medio de las poses alocadas y belicistas de Chávez, representa un alto costo para la imagen argentina. Cristina hizo todo lo que pudo, pero quedó atrapada en medio de la vocinglería política de una especie de maníaco de los discursos y la demagogia. Para firmar los acuerdos comerciales, resueltos en detalle por el ministro De Vido, no hacía falta viajar a Caracas. De hecho, sólo sirvió para complacer a un presidente que, aislado, machacó todo el tiempo sobre el supuesto apoyo de los Kirchner a sus posturas, cada vez más indigeribles internacionalmente.
El viaje de Cristina era efectivamente impostergable. El país precisa cierta certeza en cuanto a la provisión de electricidad, a falta de gas, para el invierno. Y Venezuela atraviesa la peor crisis de desabastecimiento en los diez años de chavismo, en medio de una oleada de corrupción que está arrasando a la propia petrolera estatal, Pdvsa. En el fondo, Cristina es rehén de los negocios con Venezuela y necesita honrarlos.
Y no por afinidad ideológica, sino porque un eventual derrumbe chavista pondría al descubierto algunas zonas oscuras de la relación: el armado de los fondos del fideicomiso que sustenta el programa “alimentos por combustible”, el tráfico de corrupción que generan los bonos argentinos de la deuda y la sospechada presencia de Enarsa en las digitadas concesiones petroleras de la Faja del Orinoco, por ejemplo. Sin contar con que parte de esa sórdida trama empezó a saltar con la aparición de los 800.000 dólares en la valija de Antonini Wilson, a estas alturas un escandaloso caso judicial que se ventila en los tribunales de Miami y cuya investigación en Buenos Aires se encuentra bloqueada por el kirchnerismo. Está prácticamente probado el vínculo de Chávez y de sus servicios de inteligencia con los agentes venezolanos que pretendieron hacer desaparecer la pista y el destino del maletín del ahora agente del FBI.
Tan fuerte es la alianza de las cúpulas políticas -y sus mutuas necesidades-, que los exportadores argentinos de carnes y lácteos, beneficiados por los acuerdos comerciales que fue a firmar Cristina -percutirían aumentar las ventas a Venezuela en unos 300 millones de dólares-, ingresan a un listado cerrado de proveedores del chavismo. Esos empresarios no se verán afectados en el futuro, ni siquiera en el caso de que al secretario de Comercio Interior argentino, Guillermo Moreno, se le ocurriera -como se le suele ocurrir- restringir las ventas al exterior para contener los precios internos de esos productos. En realidad, las cláusulas, escritas y no escritas, ya habían sido arregladas por Chávez con el ministro Julio De Vido hace tres semanas, cuando viajó con una veintena de ejecutivos de las industrias cárnica, avícola, aceitera, láctea y molinera.
Cristina viajó sólo para blanquear los acuerdos.
El viaje de Cristina era efectivamente impostergable. El país precisa cierta certeza en cuanto a la provisión de electricidad, a falta de gas, para el invierno. Y Venezuela atraviesa la peor crisis de desabastecimiento en los diez años de chavismo, en medio de una oleada de corrupción que está arrasando a la propia petrolera estatal, Pdvsa. En el fondo, Cristina es rehén de los negocios con Venezuela y necesita honrarlos.
Y no por afinidad ideológica, sino porque un eventual derrumbe chavista pondría al descubierto algunas zonas oscuras de la relación: el armado de los fondos del fideicomiso que sustenta el programa “alimentos por combustible”, el tráfico de corrupción que generan los bonos argentinos de la deuda y la sospechada presencia de Enarsa en las digitadas concesiones petroleras de la Faja del Orinoco, por ejemplo. Sin contar con que parte de esa sórdida trama empezó a saltar con la aparición de los 800.000 dólares en la valija de Antonini Wilson, a estas alturas un escandaloso caso judicial que se ventila en los tribunales de Miami y cuya investigación en Buenos Aires se encuentra bloqueada por el kirchnerismo. Está prácticamente probado el vínculo de Chávez y de sus servicios de inteligencia con los agentes venezolanos que pretendieron hacer desaparecer la pista y el destino del maletín del ahora agente del FBI.
Tan fuerte es la alianza de las cúpulas políticas -y sus mutuas necesidades-, que los exportadores argentinos de carnes y lácteos, beneficiados por los acuerdos comerciales que fue a firmar Cristina -percutirían aumentar las ventas a Venezuela en unos 300 millones de dólares-, ingresan a un listado cerrado de proveedores del chavismo. Esos empresarios no se verán afectados en el futuro, ni siquiera en el caso de que al secretario de Comercio Interior argentino, Guillermo Moreno, se le ocurriera -como se le suele ocurrir- restringir las ventas al exterior para contener los precios internos de esos productos. En realidad, las cláusulas, escritas y no escritas, ya habían sido arregladas por Chávez con el ministro Julio De Vido hace tres semanas, cuando viajó con una veintena de ejecutivos de las industrias cárnica, avícola, aceitera, láctea y molinera.
Cristina viajó sólo para blanquear los acuerdos.
El nuevo pacto comercial -el número 49 desde que asumió Kirchner- compromete a la Argentina a enviar alimentos y maquinaria agrícola a cambio de fueloil y gasoil bolivariano con el mismo sistema de fideicomiso que se viene aplicando con discrecionalidad desde el 2004. Con el dinero que la Argentina paga por el combustible -que va a una cuenta del Banco de Desarrollo, Bandes, de Caracas- se importan bienes de un grupo de empresas locales sugeridas por De Vido.
(Fuente: revista Noticias, 8-3-08, pgs. 24/28)
(Fuente: revista Noticias, 8-3-08, pgs. 24/28)
