viernes, 19 de enero de 2018

EL CONSULTOR PONTIFICIO CONFIESA SU MARXISMO


Catapulta, 18-1-18

A fines del año pasado dijo Juan Grabois:

“Una rama de la Teología de la Liberación utilizaba el análisis marxista y yo utilizo categorías marxistas

Desde luego es falaz distinguir entre análisis y categorías marxistas, como si fuera cosas absolutamente distintas y separables. Wetter y Leonard lo explican en su clásica obra:
La filosofía soviética entiende por categoría los conceptos lógicos y fundamentales que representan las propiedades, aspectos y relaciones más comunes y generales de los objetos y de los fenómenos de la realidad”

(La ideología soviética,Herder,Barcelona,1964,p.81)

Que Grabois utiliza el análisis y las categorías del marxismo queda en claro en los “Cuadernos de la Economía Popular”, que escribió junto con Emilio Pérsico, otro buen compinche de Bergoglio. Sirvan estos párrafos de muestra:

 “También en nuestros tiempos existieron otros movimientos que plantearon este objetivo de igualdad, esta vez junto a los obreros, contra los capitalistas. Durante los siglos IX y XX, los socialistas, anarquistas y comunistas, con distintos matices, proclamaron la necesidad de distribuir los bienes y el trabajo de manera equitativa para que dejen de existir distintas “clases  sociales”. Para lograrlo, reclamaban que los obreros industriales se unan para liberarse de la explotación capitalista.

En algunos países, estas ideas tuvieron un gran éxito. En 1917 la revolución rusa de octubre, liderada por Vladimir Lenin, instauró el primer estado socialista en el mundo. La experiencia duró muchos años y se expandió a otros tantos países. En 1943 se produjo la gran revolución china, liderada por Mao Tse Tung y ya un tercio de la humanidad vivía en países que querían construir una sociedad sin clases. En América Latina, Fidel y el Che lideraron la revolución cubana. Sin embargo, por errores, crímenes, corrupción y traiciones de algunos de sus dirigentes, y por el ataque de las potencias imperialistas, la mayoría de los países socialistas se derrumbaron y volvieron al régimen capitalista.

Dijimos que el conflicto surge de una contradicción social, podríamos decir, de un problema social, que ya existía desde antes. En la sociedad capitalista hay miles de contradicciones, todos los días, en todos los lugares. Estas contradicciones o problemas particulares surgen de una contradicción o problema general que es la inequidad y la injusticia. Hasta que no se resuelva esa contradicción general, es decir, la inequidad y la injusticia, las contradicciones particulares como la que existe entre manteros y comerciantes seguirán existiendo. Y las organizaciones populares tenemos que ir asumiéndolas, comprendiéndolas y resolviéndolas una tras otra.

El conflicto es una contradicción puesta en movimiento, una contradicción que se activa, que se despierta como de un sueño… antes estaba latente, dormida, y por alguna razón se despertó, tal vez la despertamos nosotros mismos militando. Una vez despierta la contradicción, una vez que se activa el conflicto, tenemos que poner manos a la obra para llevarlo hacia la victoria”.


Sería aventurado afirmar que Bergoglio es marxista. Bergoglio no es nada. Es bergoglista y punto. Y alucinado por su proyecto de liderazgo mundial, a caballo del pobrismo demagógico. no trepida en utilizar a quien le convenga.



miércoles, 17 de enero de 2018

ESTÁ EN JUEGO LA SUPERVIVENCIA DE OCCIDENTE



Por Carlos Alvarez Cozzi (*)


Para que se mantenga una cultura por 25 años, la tasa de crecimiento anual de la población debe de ser de 2.11, según estudios demográficos. Lo difunde un video que circula por internet.

En Europa y en Canadá no se alcanza esa cifra. En Estados Unidos de América se llega justo a esa tasa gracias a la inmigración hispana. Por lo que en unos años, como la tasa de crecimiento poblacional de los musulmanes es de 8 puntos, en cuestión de pocas décadas, el viejo continente y regiones de América, pasarán a ser musulmanes.
Será tan ciega la población y los gobiernos de occidente que no advierten esto?

San Juan Pablo II en 1993, tuvo una visión de musulmanes invadiendo Europa. Lo ha contado hace poco un sacerdote del Opus Dei a quien el santo se lo confiara.
No serán necesarias las armas para la dominación como predijo el terrorista árabe Gaddhafi. Esta se dará por imposición de los hechos. Los clásicos elementos del Derecho Internacional para estar frente a un Estado son el territorio, la población y el poder estatal.
Tenemos el territorio, nos coparán con la población y perderemos por ello el poder estatal.

Lo lógico que ha sucedido en Occidente, por ejemplo que la mayoría indígena en Bolivia haya llegado al poder por sobre la población blanca de origen español, o en Sudáfrica, con la población negra mayoritaria derrocando el lamentable régimen de Pretoria y el advenimiento del gobierno Mandela hace años; sucederá a escala mundial con los 50 millones de musulmanes, aniquilándonos a los cristianos. Porque como hace algunos años dijo S. S. Benedicto XVI en Ratisbona y fue criticado por extraños y propios, el Islam es una religión que contiene en su seno semillas de violencia. Cabe alguna duda?. Los hechos sucedidos hace poco por toda Europa y Estados Unidos hablan por sí mismos!!!

Estamos a tiempo, el de actuar incentivando el crecimiento poblacional mediante el apoyo a las familias para que tengan más hijos.
En ese sentido, recientemente la empresa Family Watch, ha adecuado los horarios de trabajo de su personal para que las parejas tengan más hijos.
El camino está claro. Es la hora responsable de actuar por parte de los gobiernos de los Estados occidentales si no quieren sus habitantes sucumbir y perder sus cabezas al filo de las semitarras, escuchando el grito de guerra “Alá es grande”.

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(*) Internacionalista provida uruguayo



lunes, 15 de enero de 2018

LIBERALES, NEOLIBERALES Y LIBERTARIOS


Julio Montero
Clarín, 15-1-18

Los moderados intentos de Cambiemos por equilibrar el gasto público han suscitado un acalorado debate. Como siempre, los términos “derecha”, “liberal” y “neoliberal” son ubicuos en la discusión. La sorpresa es que esta vez algunos analistas han invitado a la fiesta al libertarismo, un misterioso comensal usualmente ausente en el banquete vernáculo.
Si bien en el imaginario local liberalismo, derecha y neoliberalismo son lo mismo, se trata en realidad de categorías bien distintas. El neoliberalismo designa el conjunto de medidas económicas surgidas del Consenso de Washington: reducción del sector público, apertura comercial y eliminación de las distorsiones al mercado, entre otras. En cambio, el liberalismo es una concepción de la política centrada en el respeto por la autonomía de las personas que resulta compatible con un Estado activo. La socialdemocracia europea es liberal e igualitaria a la vez.
Desde una perspectiva histórica, los padres del liberalismo fueron mayormente igualitaristas. John Locke argumentaba que no se podía privar a los demás de los medios de subsistencia; Immanuel Kant sostenía que el estado debía cobrar impuestos para asistir a los pobres si quería que su régimen de propiedad fuera justo; y John Rawls, el gran filósofo liberal del siglo XX, alegaba que el ideal liberal es una democracia de pequeños propietarios. Conclusión, el liberalismo no presupone al neoliberalismo y hasta lo excluye. Si quieren una buena derecha, hay que buscar en otro lado.
A la inversa, el neoliberalismo puede combinarse con una matriz filosófica autoritaria, conservadora y profundamente anti-liberal, como sucedió en los regímenes de Reagan, Tatcher y Pinochet y quizás en la China actual.
El libertarismo es una variante del liberalismo que para muchos niega su esencia. Propone que el estado sea un mero guardián de la libertad y la propiedad privada. La provisión de servicios públicos como la salud, la educación, la asistencia social y la infraestructura representan un robo y un abuso de autoridad. Su versión extrema, el anarco-capitalismo, aspira a la disolución del gobierno: hasta las calles deben ser propiedad privada y cada uno debe velar por su seguridad por sus propios medios contratando la agencia de protección que prefiera. Después de todo, la policía se financia con impuestos y eso implica redistribución del ingreso.
En una cultura pública intoxicada por el populismo, el nuevo invitado nos recuerda que los recursos que el estado distribuye no caen del cielo sino que son producto del trabajo y que el lema “Más estado, menos impuestos” es un invento del pensamiento mágico. Todo indica, sin embargo, que se trata de una postura conceptualmente endeble. No solamente porque en ausencia de gobierno no hay derechos sino ley del más fuerte, sino además porque la propiedad y la riqueza son producto de un sistema de regulaciones que exigen la adhesión de todos y el costo que los excluidos pagan debe ser compensado por los beneficiarios. Algunos insisten en que si consideramos las guerras, la represión y las dictaduras , el estado es el mayor asesino de la historia. Antes de aceptar la conclusión deberíamos estimar cuántas vidas ha salvado y cuántos inocentes hubieran muerto violentamente en la utopía anarquista.
Si algo queda claro es que Cambiemos no es un partido libertario y nunca lo será. Tampoco es un gobierno neoliberal porque mantiene impuestos nórdicos para financiar el mayor gasto social de la historia. En el mejor de los casos, y con mucha suerte, será un gobierno liberal. Libertarios, neoliberales y progrepopulistas saldrán corriendo espantados. La ventaja de los liberales es no tener que pedir disculpas por tener esos compañeros de viaje.
Julio Montero es filósofo, Doctor en Teoría Política y premio Konex a las Humanidades 2017.


sábado, 13 de enero de 2018

POR ACCIÓN O POR OMISIÓN


Horacio Giusto Vaudagna
Fundación Libre, 12-1-18


Dentro del mundo jurídico se considera que una persona puede dañar a otra tanto por accionar en su contra como por omitir la realización de una acción debida. Esta analogía resulta ser perfecta para comparar la década ganada del kirchnerismo con los primeros dos años de mandato del macrismo.

Dejando de lado los bastos actos de corrupción del anterior gobierno, lo cierto es que su forma de entender la política se centraba en la constante creación de antagonismos. Amparado en un discurso populista que se focalizaba en el “Pueblo”, todo aquello que fuere contrario a los intereses del partido justicialista de turno era calificado de “enemigo”. 

Bajo dicha lógica, todo el armado político consistió en vulnerar de forma sistemática los derechos individuales, especialmente los vinculados a la propiedad privada y la libre expresión. La noción de República (división de poderes, transparencia de los actos de gobierno, alternación de poder y resguardo de ciertas prerrogativas individuales) se fue diluyendo conforme pasaban los años y el ciudadano era invadido en su persona por un Estado cada vez más grande e ideologizado. Notoriamente, el kirchnerismo usó recursos estatales para accionar en contra del sector productivo y así favorecer sólo a los sectores que les eran funcionales. Como simple ejemplo bastaba ver que Organizaciones de Derechos Humanos tomaban posturas oficialistas en contra del sector agropecuario o supuestos pueblos originarios combatían los grandes medios de comunicación para así hacerse con pautas oficiales en sus pequeñas difusoras.


En el año 2015 la mayoría de los argentinos votan por un cambio del anterior régimen, y volviendo a apostar a la actual gestión en las elecciones legislativas del 2017. Sin embargo, así como el kirchnerismo dañó las libertades y derechos de las personas mediante acciones que realizaban utilizando el poder estatal, el Pro sigue dañando al ciudadano por omitir realizar aquellas acciones que le corresponden como gestión. 

La pasividad que presenta el gobierno actual frente a las protestas sociales que cercenan las libertades y la seguridad de los trabajadores, su inacción para disminuir los empleados públicos ineficientes e irresponsables que le cuesta muy caro al Estado mantener, su incipiente voluntad de abrirse por completo al mundo para que todas las empresas compitan libremente mejorando las opciones del consumidor,  son algunos ejemplos de que el macrismo teme más a la opinión adversa de la oposición que en defraudar a sus propios votantes. Quien votó al Pro lo hizo buscando un cambio, no sólo en lo económico, sino en lo cultural. 

Para que se dé tal cambio sería preciso y oportuno que el gobierno de Macri dejara de querer complacer a sectores que siempre lo van a repudiar y atendiera la agenda que le solicita sus propios adherentes, es decir, la gente que trabaja de sol a sol y sólo buscan una sociedad ordenada, segura y sin privilegios especiales para ningún sector. Fortalecer esa visión de un Gobierno que favorezca el mérito individual por sobre los favores políticos, repartidos muchas veces entre negociaciones con opositores y contratos con militantes propios, es el camino a seguir para que el Estado vuelva a ser una Institución confiable cuya principal función es proteger a la Persona.

martes, 9 de enero de 2018

Nuestra economía serrucho y el desafío de crecer en 2018
Clarín, 8-1-18
La economía argentina volvió a crecer el año pasado después de haber realizado ciertos ajustes macroeconómicos durante el 2016 que habían afectado el nivel de actividad económica. Aunque las cifras definitivas todavía no están publicadas, es posible que la expansión del 2017 haya sido cercana al 3 por ciento, luego de haber caído 2,2 por ciento el año anterior.
El comportamiento serrucho, en el que se crece un año y se cae al año siguiente, se viene observando de manera repetida desde el 2011. La economía se expande en los años electorales y vuelve a caer en los siguientes, dada la necesidad de rebalancear los excesos cometidos el año anterior. Es decir, una gran noticia en este 2018 podría ser que la economía vuelva a crecer cuando no hay elecciones.
Para ver qué tan factible es esto, empecemos analizando el contexto internacional. Las perspectivas para el año 2018 son alentadoras. Las principales economías del mundo crecen, y sus tasas de desempleo se encuentran cerca de sus niveles mínimos históricos. Aunque el ritmo de crecimiento es superior al de su capacidad productiva, no se registran presiones inflacionarias, y ése es el motivo por el que se está demorando el esperado incremento en las tasas de interés.
Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que esta campaña habrá - por primera vez en cinco años - una baja de los inventaros de cereales y oleaginosas a nivel mundial. Si esto se cumple, y la campaña agrícola argentina es lo buena que se espera, habrá un impulso positivo por precios y cantidades para Argentina.
Por su parte Brasil, nuestro principal socio comercial, consolida su recuperación luego de haber acumulado una caída superior al 10%al cabo de los últimos tres años.
Al contexto internacional hay que sumarle la acción conjunta de la política fiscal que lleve adelante el gobierno, y la política monetaria y crediticia resultante de las decisiones del Banco Central y las entidades financieras. Hasta ahora, lo que se observó fue un modelo fiscal gradualista financiado con endeudamiento externo, combinado con una política monetaria que intenta compensar los ajustes de precios relativos, pagando elevados niveles de tasa de interés. Entre ambos, provocaron un importante deterioro en las cuentas externas.
El déficit externo no hace más que evidenciar el interés que tiene el mundo por financiar a la Argentina para los niveles de tasa de interés vigentes. Este ingreso de capitales permite que el nivel de gastos sea superior a los ingresos del país. Mientras exista financiamiento, Argentina podrá mantener este desfasaje. Pero la historia muestra que los capitales son muy volátiles, y que cada vez que se reduce el financiamiento externo, la actividad económica se resiente. El país debería reducir la vulnerabilidad que genera el déficit externo, para lo cual la convergencia fiscal resulta fundamental. El gobierno estableció metas fiscales (no muy ambiciosas) para los próximos años, y sería una buena señal que lograse sobre-cumplirlas.
En materia monetaria y crediticia, no se puede ignorar que el proceso de ajuste de precios relativos (por sinceramiento básicamente de tarifas de servicios públicos) provoca una suba exagerada de precios que ningún nivel de tasa de interés razonable puede compensar. El esquema de metas de inflación requiere de un período de transición hasta que el público modifique su unidad de cuenta. Las decisiones de inversión hoy se evalúan de acuerdo al retorno esperado en dólares, no en base a la tasa real de interés. Reconocer este estado de cosas permitiría que la economía opere en forma saludable con menores tasas de interés en pesos. Obviamente, este reconocimiento debe hacerse en forma cuidadosa, porque puede haber un impacto de una sola vez en el tipo de cambio y en el nivel de precios. Es más, no es recomendable someter a cambios bruscos de política monetaria en los primeros meses del año, cuando ya de por sí hay una baja estacional significativa en la demanda de dinero; porque podría acentuar la dolarización de portafolios por encima del equilibrio.
Puede ser que nos contentemos con vivir un segundo año de crecimiento económico consecutivo, para ponerle fin al “serrucho” de los últimos siete seis años, pero el principal desafío en realidad es arrancar un sendero de crecimiento sostenible en el tiempo, para poder reducir el flagelo de la pobreza.
En la última década, la economía argentina creció 6 años y cayó 4, promediando un crecimiento del 1,5 % anual. Como la población se expandió algo más de un punto porcentual por año, el aumento del ingreso por habitante en Argentina fue lamentable.
El objetivo de reducir la pobreza a un dígito, desde el punto de vista exclusivamente económico, requiere que se duplique el nivel de ingreso por habitante. Si mantenemos el mismo ritmo de crecimiento de la última década, el logro de este objetivo demoraría algo más de cien años. Necesitamos crecer más, y mejor. Es necesario aumentar la inversión y mejorar la productividad. Para ello resulta fundamental encarar un proceso de reformas estructurales. Aunque en forma gradual, el gobierno ha comenzado a transitar este camino.
Socio-Economista Jefe Arriazu Macroanalistas


miércoles, 3 de enero de 2018

LA ANTICORRUPCIÓN INVOCADA Y LA REAL

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Mariano Bergero
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Hay voces dentro del oficialismo que imaginan el final del fuero Anticorrupción para la campaña 2019.
Lo mostró con claridad un informe que publicó este diario a mitad del año pasado: el fuero Penal Económico y Anticorrupción, el área de la Justicia provincial encargada de investigar la conducta de los funcionarios públicos de Córdoba, logró en 13 años la condena de siete de todos los acusados, de los cuales ninguno corresponde al Gobierno provincial. Hubo sanciones para una coima de 300 pesos y para un robo de 20 litros de gasoil.

A la luz de los resultados, el fuero especializado que creó José Manuel de la Sota en 2004 no fue un problema para la corporación política provincial.
Ahora, esa misma elite, cuyo vértice se asienta en la Justicia y juega de memoria con el poder político, propone dar un paso adelante “para avanzar en el camino de la transparencia” con la creación de un portal abierto de datos que brinde acceso a todas las causas de corrupción y a otras que atraen el interés social.

La novedad, que estará activa en la web después de la feria judicial, replica lo hecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2016, cuando instrumentó un observatorio de corrupción.
La apertura de datos, si es que se cumplen los objetivos trazados en el acuerdo reglamentario Nº 1.465 firmado por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por la Fiscalía General, abrirá una hendija en medio de un sistema que ha demostrado ser cerrado en extremo.
Pero a no dejarse encantar: las investigaciones de las causas, el fondo de la cuestión, seguirán en manos de quienes colaboraron hasta hoy para hacer de ese fuero un agujero negro. Nada cambiará en la génesis de esa área de la Justicia.

El pasado condena
Sólo basta recordar el modo en que el Ministerio Público Fiscal difundió las conclusiones sobre las que el fiscal Gustavo Dalma argumentó el archivo de la causa sobra la ejecución del cuestionado hotel Ansenuza, construido por la Lotería de Córdoba en Miramar.
A esta misma Justicia, que ahora dice apostar por la transparencia, le alcanzó en 2017 con la difusión de un parte de prensa de 900 palabras para explicar el entierro de la causa judicial más emblemática de la última administración delasotista.

Fue el resultado de una investigación que consumió más de un año, cuyo resultado se informó antes de que oficializaran las candidaturas –en ese momento De la Sota aún no se había autoexcluido de participar de las legislativas– y que incluyó múltiples denuncias de presuntos sobreprecios para una obra que se hizo casi íntegramente sin concurso de precios, con la invitación a empresas de renombre y a la que los cordobeses destinaron más de 44,3 millones de dólares, 837 millones de pesos a la cotización de ayer.

La resolución de aquel archivo polémico nunca estuvo disponible para los medios de comunicación.
Con matices, los casos se repiten: las denuncias por la deficitaria y costosísima construcción de parte del Camino del Cuadrado, la del pago de presuntas coimas en la anterior adjudicación –la de 2008– de los gasoductos troncales, apuntada en detalle en un listado que entregó un arrepentido clave a la Justicia de Brasil en el marco del megaescándalo del Lava Jato, son sólo algunos de los casos más emblemáticos en los que la pereza judicial hizo su parte.
Cerca de tres años se tomó la Justicia para librar un exhorto a Brasil para preguntar al respecto.

Señales
Mientras tanto, el TSJ tiene a decisión una cuestión que volverá a marcar el pulso en cuanto a su grado de vocación para enfrentar a la corrupción.
Después de que se agotaron todas las instancias, se encuentra a consideración del principal tribunal provincial la admisión o no de la ONG Asoma como querellante en causas en las que se investigan casos de corrupción. La organización, dedicada a la “lucha contra la corrupción”, fue la manera creativa que encontraron los legisladores opositores Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero para poder acceder a los expedientes de las causas más sensibles. El TSJ dejará su huella también ahí.
En medio de esta realidad, comenzaron a hacerse oír voces dentro del oficialismo que imaginan un cambio radical para el fuero Anticorrupción.

Un ministro de un área clave de la administración schiarettista y un referente legislativo del oficialismo coincidieron, por separado, en que se acerca el final para esa cuestionada área de la Justicia. “Ese fuero ya no tiene sentido. Nadie cree en él”, afirmó en privado una de esas voces.
Tal vez, en las recientes declaraciones que realizó a La Voz Aída Tarditti, la presidenta del TSJ, haya pistas sobre el horizonte de ese fuero. “Si el funcionamiento de Anticorrupción no es satisfactorio, el Poder Legislativo puede tomar muchas alternativas relacionadas con eso”, se escudó la magistrada.


martes, 2 de enero de 2018

DEUDA PÚBLICA SIN PRESUPUESTO 2018


Por Héctor GIULIANO 
(30.12.2017)

El gobierno Macri esperó el día siguiente a la aprobación del Presupuesto 2018 por el Congreso (Día de los Inocentes) para cambiar unilateralmente las proyecciones inflacionarias del año que viene y ejercicios siguientes, que son justamente las que constituyen la base fundamental de las estimaciones fiscales de dicho presupuesto.

El 28.12 el cuarteto Peña-Dujovne-Caputo-Sturzenegger[1] dio una Conferencia de Prensa conjunta en la cual se hicieron estos anuncios que introducen modificaciones muy importantes en las cuentas nacionales.
Con el agravante que los legisladores acababan de votar un presupuesto que ya era irreal en ese momento porque las nuevas leyes previsional, tributaria y de responsabilidad fiscal Nación-Provincias, que se estaban sancionando en simultáneo, modifican los números del proyecto aprobado, que corresponden a los que el Poder Ejecutivo había mandado el 15.9 pasado y que ahora han quedado así sustancialmente alterados.

Téngase presente que la sola modificación de la Meta de Inflación y sus proyecciones afecta de por sí prácticamente todos los rubros de gastos del Ejercicio, así como los recursos y, en consecuencia, los resultados fiscales.
Pero a ello hay que agregarle los cambios relevantes que se derivan de las nuevas leyes auspiciadas por el gobierno Macri y que todavía no están cuantificados.

Ejemplos concretos:
a)    La denominada Ley de Reforma Previsional cambia las erogaciones del Estado vía rebaja en los aumentos jubilatorios y gastos sociales conexos a la vez que reduce los ingresos por concepto de Contribuciones Patronales, siendo que ambos importes no están todavía determinados. Se estima que los ahorros públicos por menores gastos sociales estarían entre los 70.000 y los 100.000 M$[2] (que es la suma que dejarían de percibir los sectores pasivos) mientras que el costo fiscal de las desgravaciones empresariales (para atenuar parcialmente la Presión Tributaria de los empleadores) se desconoce. Y todo ello, paradójicamente, bajo el argumento oficial de la necesidad de equilibrar el Sistema Previsional Argentino.

b)    La llamada Ley de Reforma Impositiva introduce igualmente una serie de cambios tributarios que afectan gravámenes importantes que modifican la estructura de los Recursos del Estado (caso Ganancias, Impuesto al Cheque, Impuestos Internos, IVA y otros), amén que los aumentos de Precios y Tarifas de Servicios Públicos que paralelamente se están autorizando conllevan una suba adicional de ingresos oficiales por el alto componente tributario de las boletas que pagan todos los usuarios.

c)    La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, en función del acuerdo firmado Nación-Provincias, varía igualmente y en forma relevante la distribución de los fondos coparticipables y, consecuentemente, también la composición de ingresos y gastos públicos.

Por ende, no tendría explicación racional el apuro gubernamental Macri de lograr la aprobación de un presupuesto irreal de este tipo, como no sea haberlo hecho con la premeditada intención práctica de proceder a modificarlo discrecionalmente a posteriori, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU sobre un presupuesto recién convalidado por el Congreso)  y/o Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete.

Constituye una grave transgresión a la lógica, al sentido y a la ética de la Ley de Presupuesto que se haya dado así - de urgencia y prácticamente a libro cerrado -  una aprobación de este tipo, como cheque en blanco del Congreso al Poder Ejecutivo porque de esta manera no se conocen los números legal y efectivamente autorizados.
Por otra parte, desde el punto de vista técnico-profesional se trata de un comportamiento muy discutible el de las autoridades ya que subvierte el espíritu y la letra de la normativa presupuestaria – Ley 11.672 (TO 2014) de Presupuesto, Ley 26.156 de Administración Financiera del Estado e instrumentos conexos – cuyas disposiciones suponen que las autorizaciones parlamentarias al Gobierno en esta materia se confieren siempre en valores absolutos y respaldados por cifras demostrables, que es la única manera de poder comprobar el quantum de Gastos y Recursos y, en consecuencia, de los Déficits Fiscales - Primario y Financiero – que autoriza el Congreso y que se cubren en definitiva con más Deuda Pública.[3]

Los ministros de Hacienda y Finanzas – lo mismo que el presidente del BCRA – hablan, en cambio, de montos y porcentajes sobre  Producto (PBI) que no sólo son inentendibles para el ciudadano medio sino que a la vez son incomprobables para los analistas financiero-fiscales.
Eligen palabras rebuscadas o figurativas – como re-calibración en lugar de cambiar, des-Inflación en lugar de mantenimiento del alza de precios, reajuste de fórmulas jubilatorias en lugar de rebaja de aumentos a los sectores pasivos, corrimiento de las Metas de Inflación para encubrir el efecto de la caída en los salarios reales, etc. – para enmascarar los fracasos en las proyecciones oficiales y la falta de resultados que se sigue produciendo después de dos años de gestión Macri mientras se continúan vendiendo expectativas ante la Opinión Pública.

Es un tema muy grave que no termina aquí sino que, por el contrario, se acentúa día a día y se instituye como falsa política comunicacional del Estado.
Es la forma en que los principios más elementales de Finanzas Públicas caen por tierra víctimas de administraciones sin verdadera transparencia informativa y en que el manejo de las cuentas fiscales deviene producto de componendas oscuras entre grupos de poder económico-financieros (locales y externos), gobiernos de turno, gobernadores provinciales y partidocracia mayoritaria con representación parlamentaria para poder seguir sosteniendo a ultranza la política de Gobernar con Deuda.-  





[1] Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Ministro de Finanzas Luis Caputo y presidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger.
[2] Las abreviaturas M$, B$ y MD significan Millones de Pesos, Billones de Pesos y Millones de Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
[3] Los Intereses a Pagar por la Deuda Pública de la Administración Central en el 2018 son 406.500 M$ pero está previsto que de esta suma sólo se paguen efectivamente 286.200 M$ porque los 122.600 M$ restantes se capitalizan por anatocismo, es decir, se transforman en nueva deuda y devengan consecuentemente nuevos y más intereses.
Esto agrava fuertemente el cuadro del endeudamiento público ya que el año que viene le caen al Estado Central vencimientos de Capital por 67.400 MD (≡ 2.2 B$) y hasta el último centavo de esta deuda se cancela con nuevas obligaciones; y además se toma deuda adicional por 46.600 MD.
Dicho con otras palabras: que el gobierno tiene vencimientos de Capital o Principal por esos 67.400 MD y va a tomar Deuda por 114.000 MD, por lo que el stock del endeudamiento previsto aumenta durante el 2018 en los 46.600 MD citados.
El pago de los Intereses autorizado por el Presupuesto 2018 – que son parte del Gasto Corriente y que sí se pagan (salvo la parte que se capitaliza) – equivale a unos 21.100 MD (406.500 M$ / 19.3 $/US$), de los que el gobierno espera abonar 13.400 MD, es decir, casi las 2/3 partes (el 64 %: 13.400 / 21.100 MD).
El Déficit Fiscal previsto según el Presupuesto aprobado por el Congreso es de 681.800 M$ (≡ 35.200 MD), lo que numéricamente significa que el 60 % del Resultado Financiero del Ejercicio 2018 se explica por la incidencia de los Intereses de la Deuda del Estado.
El gran aumento que se viene produciendo en el stock de la Deuda Pública bajo el gobierno Macri y el más que proporcional aumento de los intereses respectivos son así los principales factores que determinan hoy el desequilibrio de las cuentas fiscales.
Y es para cubrir parte de este agujero fiscal no reversible – producido por el Sistema de la Deuda Permanente -  que la actual administración de Cambiemos lanza su paquete de leyes bajo la ampulosa denominación de reformas estructurales.